En un clima de absoluta incertidumbre, los ojos de los tres Poderes del Estado están fijos en lo que la Corte Suprema de Justicia hará este lunes con respecto al Consejo de la Magistratura.

Habiéndose vencido el plazo de 120 días que dieron los supremos para sancionar una nueva ley, el órgano encargado de nombrar y remover jueces se encuentra sumido en un atolladero atravesado por una fuerte puja de poderes.

Juntos por el Cambio, en línea con lo que sostiene la Corte Suprema, le exige al oficialismo que nombre los representantes legislativos que faltan para que el Consejo pueda volver a funcionar con la conformación de 20 miembros que sostiene la (derogada) ley de 1997.

El Frente de Todos se resiste a designarlos amparado, por un lado, por una precautelar de un juez de Paraná que se lo prohíbe y, por el otro, porque consideran que nombrarlos sería avalar “el golpe institucional” de la Corte sobre el Consejo. El proyecto de reforma del Poder Ejecutivo, mientras tanto, duerme en la Cámara de Diputados, en donde las autoridades también están a la espera de una señal de la Corte.

“Desde el jueves a la noche que la pelota la tiene (Horacio) Rosatti (presidente de la Corte Suprema de Justicia). El lunes vamos a estar todos mirando qué hace y definiremos cómo seguir entonces”, adelantó, a modo de resumen, una de las principales espadas del FdT en la Cámara de Diputados, publicó el diario Página/12.

La semana pasada, el Senado dio media sanción al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura del Ejecutivo, sin embargo, no hubo tiempo suficiente --solo 4 días hábiles-- para que la Cámara de Diputados terminara de sancionarlo antes de que se venciera el plazo que dio la Corte Suprema. Frente a este escenario, el organismo tendría que volver a su vieja de conformación de 20 miembros, para los cual cada uno de los estamentos debe designar nuevos representantes (dado que el Consejo contaba, hasta recién, con 13 integrantes).

Las autoridades oficialistas del Congreso, sin embargo, no designarán a sus representantes, renuentes como están a lo que consideran que es una avanzada “inconstitucional” de la Corte Suprema sobre el Consejo de la Magistratura. La medida precautelar del juez federal de Paraná, Daniel Alonso, les dio además un respaldo judicial, ya que ésta -a instancias de un pedido del diputado oficialista Marcelo Casaretto- le ordena a Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner que se abstengan de designar nuevos miembros hasta haber recibido un informe sobre la situación.

Frente a este panorama, la gran pregunta es qué hará la Corte Suprema el lunes: si asumirá su rol como presidente del Consejo de la Magistratura, a pesar de que no estén todos los integrantes, o si esperará a que estén les 19 miembros o se termine de sancionar una nueva ley. “Entre los muchos déficits que tiene el fallo está este vacío que se produce a partir del día siguiente del vencimiento del plazo. Llegamos al Día D sin nueva ley y sin poder constituir los 20 miembros del Consejo, porque el mismo fallo de la Corte sostiene que los nuevos consejeros tienen todos que asumir de forma conjunta y simultánea y no va a pasar porque Diputados y Senadores no van a asumir aún”, precisó la senadora del FdT e integrante del Consejo de la Magistratura, María Inés Pilatti Vergara. Más allá de que consideran que la Corte Suprema no tiene “respaldo jurídico” para asumir la presidencia, en el Frente de Todos predomina la desconfianza: “Está claro que planean tomar por asalto el Consejo de la Magistratura de cualquier manera para imponerse, con un sentido bonapartista, como presidentes del Consejo”, anticipó el diputado Leopoldo Moreau, destacó el diario Página/12.

Si este fuera el caso, el sector más duro del kirchnerismo ya está analizando la posibilidad de apelar a organismos internacionales: “Frente a este atropello no descartamos ir a la Justicia Internacional. No hay nada más parecido a un golpe de Estado que esto, no hacia el Poder Ejecutivo pero sí hacia un poder como el Consejo de la Magistratura. Nosotros no vamos a convalidar un golpe institucional”, denunció, por su parte, el senador Oscar Parrilli.

Juntos por el Cambio, mientras tanto, ya postuló a sus dos representantes en el Consejo por considerar que les corresponden en su condición de segunda minoría: la diputada Roxana Reyes (UCR) y el senador Luis Juez (PRO). Para el interbloque opositor, la precautelar del juez de Paraná no tiene validez ante la declaración de inconstitucionalidad de la Corte e insiste que el oficialismo debe dar su acuerdo para que asuman les representantes del Congreso. Ante la resistencia del oficialismo, el encargado de salir a cuestionarlos fue el titular del bloque radical, Mario Negri: “Germán, estás pidiendo que Sergio Massa y Cristina Kirchner desobedezcan un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿No te parece demasiado? Los fallos de la Corte no se discuten en primera instancia, lo sabe cualquier ciudadano”, tuiteó, a modo de mensaje directo al jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez.

En el contrapunto, Martínez agregó: “Mario. Sabes que no estoy de acuerdo con que la Corte asuma facultades legislativas. Un Juez Federal hizo lugar a un planteo de un diputado para agotar la vía legislativa. ¿Quieren designar integrantes con una ley derogada en vez de agotar las instancias para una nueva ley?”.

De todos modos, Juntos por el Cambio desea que la Corte tiene que presidir el Consejo, ya que considera que es la única forma que el Consejo pueda recuperar el “equilibrio” de su integración, y este ha sido hasta ahora el principal punto de conflicto con el FdT, que rechaza de llano la presencia de la Corte en el organismo.

En el Congreso y la Justicia predomina, de momento, la incertidumbre. El miércoles la Corte dio una señal de lo que podría hacer cuando, durante la votación de una resolución que le daba facultades al (ahora ex) presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, para que pueda tomar decisiones administrativas a partir de la semana que viene (de modo que el funcionamiento burocrático del organismo no quede totalmente paralizado), consejeros de la oposición cambiaron de opinión y terminaron votando en contra. “La Corte llamó y operó en contra”, sostuvo una fuente al tanto de lo que sucede dentro del Consejo de la Magistratura.

La expectativa del bloque oficialista, sin embargo, es que la Corte ofrezca un gesto apaciguador, mandando tal vez un emisario, y dando un changüí de más días para terminar de aprobar el proyecto en la Cámara de Diputados. “Si la Corte se baja del caballo y la situación se serena, hay posibilidades de que el debate se encause institucionalmente y podamos avanzar”, aseguró un diputado del FdT. En principio, el plan de Massa es poder reunirse el lunes por la tarde con todos los jefes de bloque, una vez que el panorama este más claro.