El abogado y ex camarista Enrique Pita se refirió a la decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de desalojar las oficinas del Ministerio Público Fiscal del edificio de calles Laprida y Santa Fe.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Pita dijo haberse enterado de la determinación “por los medios” y lamentó que “se diera a conocer la novedad como si fuera un desalojo por intrusión”.

“Realmente estas cuestiones de redistribución de edificios se discuten, se consensuan entre los diversos funcionarios como es de lógica; me parece que esto se suma a toda las situaciones que se han dado últimamente en una circunstancia que no habíamos visto en mucho tiempo, esta suerte de grieta que surgió a partir de los episodios de los últimos meses”, aseveró.

“Como mensaje a la sociedad es una medida absolutamente negativa, máxime cuando el Ministerio Público Fiscal no es un cuarto poder como se ha dicho en el orden nacional que tiene una autonomía absoluta sino que integra el Poder Judicial, el diseño de los Ministerios Públicos –tanto el de la Acusación como el de la Defensa, en nuestra Constitución es con una autonomía funcional pero integrativo del Poder Judicial. Además creo que es solo con el Ministerio Público Fiscal ya que al Defensor General cuyas dependencias también funcionan en el mismo edificio, en un piso inferior, la medida no lo afecta”.  

Enterado de la determinación del Ministerio Publico Fiscal de no hacer lugar a la medida del STJ, Pita consideró que “es una situación inédita y de una gravedad institucional relevante” y reiteró que “no es una oficina de Rentas o del Banco de Entre Ríos, es un órgano independiente pero que integra el Poder Judicial y la verdad es que no se entiende esto; es de una gravedad inusitada”.

En consonancia con esto, afirmó que la denuncia del abogado Carlos Reggiardo contra el fiscal Ignacio Aramberry “se inscribe en la misma línea; de todo lo que se generó a partir del jury a Cecilia Goyeneche y al propio procurador (Jorge García) lo posterior es nada más que una escalada, y en esto se inscribe también las reformas al Consejo de la Magistratura”.

En cuanto a dichas modificaciones, consideró que “es un aspecto positivo que hayan dado marcha atrás con la incorporación de dos integrantes del Poder Ejecutivo pero subsisten otros aspecto críticos en el proyecto porque se le da una relevancia trascendental al Superior Tribunal dentro de la actuación en la medida en que puede proponer jurados y pasa a ser el único que controla y que tiene intervención en los recursos contra las impugnaciones, todo lo cual aumenta notoriamente la participación y la injerencia del STJ en el Consejo de la Magistratura; y además se ha expulsado de la integración del Consejo de la Magistratura a la Universidad Nacional del Litoral”.

El STJ pidió el desalojo al Ministerio Público Fiscal del edificio de Tribunales