En el Acuerdo General del 2 de agosto, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos definió ordenar al Ministerio Público Fiscal que desaloje las dependencias que ese organismo ocupa en el edificio central de Tribunales. La medida, por lo pronto, no alcanza al Ministerio Público de la Defensa, que también ocupa un sector. En el lugar, indica el STJ. se reintegrarán los Juzgados de Paz de Paraná. La nueva embestida del STJ -una situación inconcebible que nunca se había registrado- se encuentra enmarcada en el fuerte cortocircuito entre el alto cuerpo y la Procuración, tras la destitución de la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche. No obstante, según supo ANALISIS, el procurador Jorge García habría tomado la decisión de no hacer lugar a la exigencia del STJ al considerar que la Procuración "es un organismo independiente".

“Hacer saber al Ministerio Público Fiscal que deberá desocupar todas las dependencias que ocupe en el Edificio Central, a saber: las instalaciones de la Procuración General (2° piso) y las Unidades Fiscales ubicadas en el ala de calle Córdoba –planta baja- y cualquier otra que existiere, antes del 31.08.22; encomendando las gestiones necesarias a la Dirección de Arquitectura Judicial y a la Intendencia del STJ”, señala la constancia del Acuerdo 23/22, supo ANÁLISIS.

El alto cuerpo aprobó “la propuesta de planificación por etapas referida a la implementación de los retiros de dependencias de los Ministerios Públicos, elevada por la Dirección de Arquitectura Judicial”, a partir de un informe de la arquitecta Diana Zilli sobre la distribución de organismos judiciales. “Asimismo, tuvo presente el informe contable respecto de la partida presupuestaria correspondiente a Alquileres que se encuentra, a la fecha, con una ejecución del 59,65%, la que resulta lógica en función a que en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2022 se previó mayor proporción a asignar esta partida en relación a otros gastos del Poder Judicial”.

“No obstante, teniendo en cuenta los porcentajes de incremento que se vienen negociando en los canones locativos de los contratos a vencer (o nuevas contrataciones), la proyección del crédito disponible hacia el cierre de ejercicio resultaría insuficiente. A título ilustrativo, en renovaciones de alquileres de inmuebles de la ciudad de Paraná y Concepción del Uruguay se han requerido actualizaciones de entre el 60% al 130% interanual”, detalló el STJ.

“Asimismo, en virtud al contexto económico actual, el resto de las partidas del STJ registran una ejecución, en promedio, superior a la partida de Alquileres, por lo que no será factible poder disponer de transferencias compensatorias de créditos entre partidas- que aseguren el equilibrio presupuestario. A su vez, ya ha sido necesario tramitar un refuerzo presupuestario, el cual fue otorgado en Actuaciones N° 2424/2022”, señaló luego.

En ese marco, definió: “Por tal motivo, dispuso hacer saber al Ministerio Público Fiscal que deberá desocupar todas las dependencias que ocupe en el Edificio Central, a saber, las instalaciones de la Procuración General (2 Piso) y las Unidades Fiscales ubicadas en el ala de calle Córdoba planta baja y cualquier otra que existiere, antes del día 31.08.22; encomendando las gestiones necesarias a la Dirección de Arquitectura Judicial y a la Intendencia del STJ”.

“Asimismo, dispuso instalar el 1 de septiembre, en el edificio del STJ -sito en calle Laprida N° 255 de esta capital, los Juzgados de Paz, el Tumo Voluntario y la Sala de Audiencias para el fuero del trabajo; fecho, proceder a la rescisión del contrato de alquiler del inmueble de cale San Martín N° 355, por cuestiones presupuestarias”, continuó diciendo el STJ, que también resolvió “analizar la implementación progresiva del resto del cronograma propuesto para las demás jurisdicciones”.

Finalmente, encomendó a la Presidencia del STJ “la elaboración de un proyecto relativo a la creación de una Oficina de Control de Inmuebles”.

Fuentes judiciales indicaron a ANALISIS que la idea fue de los vocales Claudia Mizawak y Daniel Carubia, quienes están al frente de la pelea con el procurador Jorge García, en función del avance de las causas por delitos de corrupción contra el exgobernador Sergio Urribarri y varios de sus familiares directos y exfuncionarios. Mizawak fue abogada defensora de Urribarri hasta que asumió como fiscal de Estado, en el 2004 y Carubia es considerado un hombre cercano al exembajador, en especial en los últimos diez años, lo que fueron determinante para el nombramiento de algunos de sus familiares directos en estructuras del Estado. A esta situación se sumó, en los últimos días, una nueva embestida contra otro fiscal que investiga la corrupción, como el caso de Ignacio Aramberri, uno de los que lleva adelante la causa por el desvío de 53 millones de dólares por los contratos truchos legislativos.

Nuevamente, el asesor legal del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi (condenado por corrupción en el 2006 y ahora con una nueva causa, siempre por fondos en el exterior), el abogado Carlos Guillermo Reggiardo, presentó un pedido de jury contra el fiscal Aramberri por supuesto "falso testimonio" al declarar en el juicio a Goyeneche. Reggiardo impulsó la destitución de Goyeneche y en los últimos tiempos fue abogado defensor de varios referentes denunciados por corrupción, como el citado Rossi, el exdiputado provincial Ricardo Troncoso (Cambiemos) y el exintendente de Victoria, Rubén Garcilazo (PJ).