N.B. de ANÁLISIS
Es habitual escuchar de los penalistas que el juicio oral es una de las instancias defensivas más importante para todo imputado. Es el momento en que toda investigación y acusación se oraliza, se evalúa y se discute delante de un tribunal. Pero esta idea que se repite como un mantra en salones de audiencias y en los medios de prensa, no siempre se quiere llevar a la práctica. Son permanentes los palos en la rueda para evitar los juicios orales. Más aun cuando hay políticos o personajes públicos involucrados en los procesos. El objetivo es posponer, postergar, suspender, evitar, aplazar, patear para adelante.
Una cuestión de forma. Una secuencia que se conoce de memoria.
Todo conspira contra el tiempo y provoca que en algunas causas, la etapa intermedia para resolver cuestiones por cada tema o instituto, iguale el tiempo de la investigación propiamente dicha.
A esta situación se suma la complejidad que tiene la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) para fijar las fechas de debate. En efecto este organismo debe conseguir un salón, coordinar con todas las partes que intervienen en el proceso, respetar el turno de otras causas que también esperan fecha de juicio.
En esta columna se cuenta el estado actual de las causas por presunta corrupción que más ruido hacen en la escena pública, que están en un umbral sin definición. Es decir, aquellos procesos que involucran a políticos o funcionarios y quedaron entre la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y el juicio oral. Esta situación traza líneas, dibuja un mapa incipiente de la escena política en los tribunales entrerrianos.
PRESUNTO SOBREPRECIO EN EL ASFALTO DE SANTA ELENA
Delito: Peculado
Imputados:
La apertura de causa fue en 2017. El juez de La Paz Walter Carballo la remitió a juicio en julio de 2020. Desde entonces no hay novedades sobre la fecha de debate.
Los defensores de los empresarios plantearon una suspensión de juicio a prueba. La Fiscalía se opuso y el juez de Garantías tomó esos argumentos para oponerse a la solicitud de los empresarios, pero se fueron en queja a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. Este tribunal tuvo el reclamo alrededor de seis meses antes de resolverlo. Esto ocurrió pese a la oposición de Fiscalía para acordar la probation.
Si la Fiscalía se opone a la suspensión de juicio a prueba y los argumentos son suficientes, los jueces de Garantías tienen poco para hacer. Si no hay arbitrariedad, la simple oposición de una parte implica que no haya suspensión de juicio a prueba. Sin embargo en esta causa la oposición no fue suficiente y los abogados llegaron con el reclamo al STJ que hizo algunas observaciones.
Finalmente la probation a los empresarios se otorgó. Desde el MPF aseguran que se buscó evitar más demoras en el proceso.
CAUSA “COZZI”
Delito: Peculado
Imputados:
La apertura de causa fue en 2018. Se requirió la elevación a juicio en mayo de 2021. La Sala Penal del STJ sobreseyó a Blasón Lorenzatto en diciembre de 2021, porque la IPP excedió los plazos establecidos en el Código Procesal Penal. Contra esa decisión, el Ministerio Público Fiscal (MPF) fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y se espera una determinación al respecto. Ese planteo en la Corte es fundamental para la situación de otros imputados sobreseídos con el mismo argumento.
Uno de ellos es Ricardo Troncoso, consorte de causa con Blasón Lorenzatto. El exintendente de Maciá fue sobreseído en primera instancia en mayo de 2022. En junio el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Gustavo Pimentel, rechazó el sobreseimiento. El 26 de octubre la Cámara de Casación Penal confirmó la decisión de Pimentel y posteriormente denegó el recurso al defensor, por lo tanto irán en queja a la Sala Penal del STJ (el próximo martes se cumple el plazo máximo para presentar ese recurso). El trámite puede durar varios meses hasta que haya un fallo del máximo tribunal provincial.
CONTRATOS TRUCHOS
Delitos: Asociación ilícita y peculado
Imputados:
La apertura de causa fue en 2018. En junio de 2021 se pidió la elevación a juicio.
Para esa fecha algunos defensores hicieron un planteo de competencia en la Justicia Federal por segunda vez (en una primera instancia lo rechazó el juez Federal N° Leandro Ríos). En esta oportunidad resolvió el juez Federal Daniel Alonso y consideró que la causa pertenece al fuero federal. El fiscal federal apeló esa decisión y Alonso la denegó, de modo que fue en queja a la Cámara Nacional Electoral (CNE) que omitió responder el recurso.
La discusión por la competencia continuó y llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En noviembre del año pasado, el STJ suspendió los plazos procesales en la provincia y el avance de la causa se paró. Hay un antecedente: cuando la causa Ilarraz avanzó en la provincia, el plazo de prescripción llegó a la Corte pero el planteo no frenó el trámite en la provincia. En la causa de los Contratos, el planteo en la Corte motivó la suspensión de los plazos procesales.
La Corte corrió vista al procurador General de la Nación, Eduardo Casal, quien consideró que no estaba trabado el conflicto de competencia porque la CNE no se expidió sobre el recurso de queja del fiscal federal. Es decir, mientras la CNE no contestó, no hubo conflicto de competencia. La Corte devolvió a la CNE para que conteste. Ésta rechazó el recurso de queja de la Fiscalía y agregó argumentos. De modo que el trámite volvió a la Corte y de ahí a Casal quien consideró que, con los nuevos argumentos de la CNE, la jueza original puede seguir reteniendo la causa o reflexionar y otorgársela a la Justicia Federal. Si la Corte toma el argumento de Casal, la causa volverá al Juzgado de Garantías 1 para que la jueza se expida sobre los argumentos que agregó la CNE. Si se llega a esa instancia, el proceso estará verdaderamente empantanado. El otro camino es que la Corte no tome el argumento de Casal y devuelva la causa a la Justicia provincial.
CAUSA DE LAS COIMAS
Delito: Cohecho, fraude a la administración pública, peculado y negociaciones incompatibles
Imputados:
La apertura de causa fue en 2017. El requerimiento de elevación a juicio se presentó en abril de 2022. En mayo sobreseyeron a Urribarri, Haidar y Ulrich en base al fallo “Cozzi”.
En junio el vocal de Juicios y Apelaciones revocó los sobreseimientos. Los planteos están, actualmente, en la Cámara de Casación Penal. Es un trámite que recorrerá el mismo camino que los sobreseimientos en la causa “Cozzi”. Es decir, se resolverán definitivamente cuando la CSJN decida sobre la legalidad del mismo.
Todavía no se fijó una fecha para la audiencia de control de prueba.
CAUSA ATER
Delito: Defraudación a la administración pública, adulteraciones dolosas de registros, cohecho pasivo, entre otros
Imputados:
La apertura de causa fue en 2014. En diciembre de 2017 se dictaron los procesamientos. La Fiscalía requirió la elevación a juicio en abril de 2020. Se corrió traslado a las partes. En abril de 2021 se dispuso la elevación de la causa a juicio y apelaron. Se tramitó la apelación y se fue a juicio sobre el final de 2021.
En simultáneo quedaron trámites de contribuyentes cumpliendo suspensión de juicio a prueba. Todos debieron pagar el total de la deuda o regularizarla en un plan de pagos. Además, debieron donar dinero a entidades de bienes públicos. Actualmente quedan muy pocas suspensiones de juicio a prueba por terminar de cumplir, aproximadamente diez. Todas las probation implicaron un recupero total para el Erario público, en términos de valor nominal, actualizaciones, multas, lo liquidado por ATER.
Como la causa fue por el sistema procesal viejo, cuando se elevó a juicio se envió a la Cámara Primera del Crimen en Transición que debe hacer una valoración. Luego se corrió traslado a las partes para que comparezcan en diez días, examinen las actuaciones, ofrezcan prueba e interpongan las recusaciones que consideren. Al menos así lo establece el viejo código de procedimientos en el “Libro Tercero Juicios. Título I Juicio Común. Capítulo I Actos Preliminares”.
Todo esto es relevante para entender que a cada una de las defensas se le dio plazo individual y consecutivo. Diez días al primero, diez días al segundo y así. Si son 31 imputados, son 310 días. Sobre el punto, lo que se informó a este medio es que “no hay fecha de juicio porque aún están en etapa de ofrecimiento de prueba de las partes”.
CAUSA CODESAL (CONCORDIA)
Delitos: Peculado de bienes y administración fraudulenta.
Imputados:
La apertura de causa fue en diciembre de 2013. En 2017 se dictaron los procesamientos.
Se elevó a juicio en 2020. El debate estaba previsto para agosto de 2022 pero se suspendió por la renuncia de los defensores de Mazurier. La nueva fecha de debate está fijada para el 25, 26, 27 y 28 de septiembre de 2023.
El juicio tendrá una lista de testigos, que incluye a gobernadores y exgobernadores: Gustavo Bordet, Sergio Daniel Urribarri. También el ministro de Economía, Hugo Alberto Ballay, el senador Edgardo Kueider, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, Juan Carlo Chagas, Néstor Berterame, Enrique Stola, José Carlos Ostrosky, Enrique Oscar Bacigaluppe y Sara Inés Chapado.
CUADRAS DE ASFALTO EN LARROQUE
Delitos: Fraude a la administración pública
Imputados:
En 2016 fue la apertura de causa. En octubre de 2022 se elevó a juicio. La fecha de debate está fijada entre el 11 de abril y el 24 de mayo de 2023.
Cuando se trata de delitos de fraude al Estado, es necesario aclarar que no se probó una administración irregular para quedarse con bienes o dinero del Estado. Se causa un perjuicio doloso y no requiere beneficio propio. En la causa por supuestos sobreprecios en Larroque se probó que se gastó de más en las cuadras, pero no el peculado.
Causa Lozano
Luciano González, coordinador general de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), y Silvio Lozano, coordinador administrativo sortearon procedimientos de licitación para adquirir calzado de trabajo, camisas y pantalones del plan Argentina Trabaja, direccionando contrataciones a personas que no estaban en el Registro de Proveedores. Se les pagó de más y por adelantado.
Los delitos imputados son defraudación a la administración pública.
Los imputados:
El debate estaba previsto para marzo de 2022 y se suspendió. Fijaron fecha para octubre de 2023.
Santiago Brugo, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones. (Foto: ANÁLISIS)
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