El Procurador General, Jorge García, emitió dictamen en coincidencia con el planteo de la Fiscalía de Estado de Entre Ríos, en el marco de una batalla judicial por la aplicación de una suba de la tarifa de luz de 2016. Ese aumento ha sido cuestionado por una asociación que reúne a consumidores, que tiene fallo adverso de dos tribunales y que ahora se discute en el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

La Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (Adecen) inició una demanda contra la distribuidora estatal Energía Entre Ríos SA (Enersa) para que se declare “la nulidad o ilegitimidad de los incrementos de tarifa registrados entre el 1/1/2016 al 31/10/2016” por cuanto esos aumentos no cumplieron con una cláusula prevista en la Ley de Marco Regulatorio Eléctrico: su publicación en el Boletín Oficial.

La demanda planteó que se «ordene la devolución de las sumas percibidas por los incrementos de tarifa por ese período», y  que “se declare la nulidad y/o ilegitimidad de todas modificaciones en los parámetros tarifarios operadas desde el 1º de enero de 2016 y hasta el mes de octubre de 2016 sin la previa notificación a los usuarios conforme las previsiones del artículo 45 inciso c de la Ley Nº 8.916” de Marco Regulatorio Eléctrico.

Se trata de una suba del 137% en la tarifa eléctrica dispuesta en 2016.

La jueza Silvina Rufanacht, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 6, de Paraná, dictó un primer fallo favorable a Adecen el 6 de agosto de 2021, y el punto central de la controversia es que los aumentos fueron dispuestos pero no publicados en el Boletín Oficial como ordena la reglamentación vigente. Las subas cobraron vigencia el 1° de enero de 2016, pero la resolución que avaló ese aumento recién se publicó en el Boletín Oficial seis meses después: el 21 de junio de 2016.

La Fiscalía de Estado apeló ese fallo, pero la Sala Segunda de la Cámara Civil y Comercial de Paraná confirmó la sentencia contra la distribuidora Enersa. Según el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, de prosperar la demanda la distribuidora eléctrica provincial debería devolver a los usuarios una suma que se calcula en $1.200 millones. Por eso, la Fiscalía de Estado encomendó al abogado Lautaro Dato, que lleva adelante la causa en representación del Gobierno, que continúe apelando.

Así, llegó al STJ con un recurso de inaplicabilidad de ley, que todavía no ha sido resuelto. Aunque un primer dictamen de la Procuración es coincidente con la petición de Fiscalía de Estado.

En su dictamen, el Procurador García opinó que “la variación del cuadro tarifario obedeció a decisiones tomadas por las autoridades nacionales y provinciales competentes, tras audiencia pública celebrada en la ciudad de Villaguay el 5/2/14 conforme el mecanismo legalmente previsto (…), y estando ésta debidamente convocada y publicitada, garantizando así la participación de la totalidad de los actores involucrados: usuarios, asociaciones de consumidores, defensores del usuario y las defensorías del pueblo, entre otros; de todo ello se colige que no puede esgrimirse válidamente –en esta instancia- que la participación ciudadana y el acceso a la información en preservación del derecho a la información, no hayan estado suficientemente garantizadas”.

García sostiene que no puede prosperar una demanda contra la aplicación de un aumento en la tarifa eléctrica porque la misma no fue publicada en el Boletín Oficial “por cuanto, como puede concluirse a partir de las constancias adjuntas a la causa, en la determinación del incremento se han aplicado resoluciones dictadas por el Ente Provincial Regulador de la Energía”.

“Adelantamos nuestra conclusión coincidente con Fiscalía de Estado, toda vez que una interpretación racional de la normativa legal vigente llevan a la forzosa conclusión de que existe litispendencia y que el derecho de fondo aplicable a la solución del presente, es el Marco Regulatorio Eléctrico Provincial, decreto reglamentario y Contrato de Concesión de la Distribuidora de Electricidad en la Provincia”, señaló.

(Entre Ríos Ahora)