La jueza de Garantías y Transición Carola Bacaluzzo concedió el recurso de apelación presentado por el abogado Rubén Pagliotto contra el procesamiento dictado el 24 de noviembre último a los hermanos Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, y la madre de los tres, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, en el marco de una denuncia por estafa presentada en 2013 por Dolores Etchevehere. El delito que les reprochó es el de administración fraudulenta en el manejo de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), editora de El Diario, de Paraná, en particular en las maniobras de vaciamiento y transferencia de propiedades a sociedades fantasma.

La magistrada también concedió la apelación solicitada por el defensor de Germán Buffa, exejecutivo de SAER, cuyo abogado defensor es José Velázquez. En cambio rechazó por extemporáneos los recursos presentados por los abogados Miguel Cullen y Alberto Sampayo, defensores de los hermanos Walter y Viviana Grenón, quienes en 2010 se habían quedado con la mayoría del paquete accionario de SAER, y que regentean, entre otras empresas, Red Mutual.

A finales de noviembre,  la jueza Bacaluzzo procesó al exministro de Agroindustria de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, a sus hermanos, Arturo Sebastián y Juan Diego, a la madre de los tres, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, al dueño de Red Mutual y exaccionaista de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), Walter Grenón, y de su hermana, Viviana Grenón, y al empresario pizzero Germán Buffa por el delito de vaciamiento empresario. En cambio, la magistrada los sobreseyó en la acusación fiscal por toma de un crédito a tasa subsidiada con fines productivos, pero que sin embargo tuvo otros  destinos: los bolsillos de los inegrantes del directorio de la SA.

En su resolución la jueza dispuso:

I) Dictar el sobreseimiento de Leonor María Magdalena Barbero Marcial, Arturo Sebastián Etchevehere y Juan Diego Etchevehere, imputados como autores de los delitos de administración fraudulenta y tentativa de administración fraudulenta.

II)  Dictar el sobreseimiento de Luis Miguel Etchevehere, imputado como partícipe necesario de los delitos de Administración Fraudulenta y Tentativa de Administración Fraudulenta.

III) Dictar el procesamiento de Viviana Graciela Grenón, Leonor María Magdalena Barbero Marcial y Germán Esteban Buffa como autores del delito de administración fraudulenta.

IV) Dictar el procesamiento de Walter Roberto Grenón, Luis Miguel Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Juan Diego Etchevehere como partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta.

V) Dictar el sobreseimiento de Luis Alberto Guevara imputado como autor del delito de administración fraudulenta.

En el marco de lo resuelto por la magistrada -a partir de una investigación penal que se inició en 2013 por denuncia de Dolores Etchevehere- la familia otrora dueña de El Diario, de cuya sociedad hoy detenta poco más del 30%, hizo pública una carta de descargo.

Defensa a la carta

Con el título “A la búsqueda de un delito inexistente”, desarrolla su descargo en el siguiente texto:

“Estos son los hechos.

Demanda iniciada en el 2012 por Dolores Etchevehere de Güiraldes, única denunciante luego de haber vendido la totalidad de su fracción accionaria de Sociedad Anónima Entre Ríos en el 2010.

“Contrariamente a lo que sostiene la jueza de Instrucción en su Resolución provisoria, no hubo ni hay hechos que vulneren la ley. En su momento, 10 años atrás, ante un complicado cuadro financiero y siendo nosotros socios minoritarios de SAER, empresa editorial de El Diario, se decidió en reunión de Directorio desprenderse de algunos bienes inmuebles improductivos (que no guardaban relación con la empresa periodística) a fin de procurar liquidez para afrontar gastos de la empresa. En ejercicio del Derecho de Preferencia del Estatuto Societario habilitado por ley, y que implica que en caso de ventas de bienes de la empresa los socios son preferidos ante terceros que efectúen idénticas ofertas, adquirimos algunos de esos inmuebles. El producido de estas ventas fue destinando por completo a modernizar la empresa que había quedado rezagada respecto a las nuevas tecnologías digitales, a inversiones en pre prensa, equipamientos de refrigeración, equipos informáticos de última generación, además de afrontar gastos corrientes (todo ello correctamente documentado y presentado a la justicia).

“Es decir, se hizo lo que habitualmente realizan las empresas cuando están con problemas estacionales de liquidez y necesitan seguir adelante. Todo ello, reiteramos, está absolutamente documentado y esas pruebas documentales, todas, sin excepción, fueron acompañadas al expediente judicial para demostrar su verosimilitud y que no se trataba solo de un relato defensivo sin respaldo alguno.

“A finales del año 2010, fallecido Luis F. Etchevehere, pasamos a detentar la minoría empresaria de SAER con el 33,33% accionario. El 66,66% restante fue y es detentado por grupos empresarios que compraron esa porción accionaria a los hermanos de Luis F Etchevehere. Cabe consignar que desde hace varios años atrás la única detentora del 33,33% accionario es la Dra. Leonor Barbero Marcial de Etchevehere.

“Es muy importante tener presente que desde finales de 2010 hasta el presente no hemos intervenido en la administración de SAER por ser minoría, careciendo de acceso a la firma de cheques, a cuentas bancarias y a cualquier tipo de decisiones administrativas, ni hemos participado en resoluciones definitorias como fueron los despidos de empleados de El Diario en el año 2018, como tampoco participamos como minoría en el Concurso Preventivo del 2019, fecha en que el paquete mayoritario de la editora vuelve a cambiar de manos.

“Es importante reiterar también que la promotora y única denunciante de esta causa, Dolores Etchevehere de Güiraldes (no existen denuncias por parte de bancos, empresas, proveedores y/o terceros), había vendido sus acciones en el año 2010 con anterioridad a ser designada querellante de la causa (que se inició durante el 2012).

“La jueza de la causa penal, sin decirlo explícitamente, deja entrever en su Resolución –medida provisoria que contenía el viejo modelo de procedimiento penal de Entre Ríos- que se habría producido una suerte de vaciamiento de bienes de SAER con esas ventas de inmuebles ya referidas, dejando con menor patrimonio a la empresa para responder a sus acreencias, especialmente laborales, y con causa en aquellos despidos del 2018 a los que nos opusimos siendo minoría, encontrándose paradójicamente entre los cesantes dos miembros de nuestra familia que trabajaban en El Diario a tal punto que uno de ellos tiene iniciado juicio laboral con sentencia favorable.

“En primer lugar este error garrafal de la jueza del fuero penal queda al descubierto por dos motivos dirimentes: es impensable imaginar que alguien puede, en una Argentina inestable económicamente, diseñar seis años antes un plan para luego, seis años después, despedir a trabajadores de una empresa y un año más tarde ingresar en un proceso de Concurso Preventivo; y en segundo término, porque en marzo de este año un profesional de las ciencias económicas designado por el juez del Concurso como auxiliar encargado del avalúo de SAER determinó que esta empresa tiene un valor activo de $ 310.000.000, con lo cual esa suma hoy cubre cómodamente su pasivo, cuyo monto es inferior a ese importe (excluyendo lógicamente el pasivo post concursal).

“Por lo que ha trascendido, la resolución de la jueza se basa en un confuso y escarpado informe de la sindicatura concursal, producido tiempo después del concurso, donde analiza sucesos acontecidos una decena de años atrás, con algunos equívocos significativos y omisiones sustanciales, destacándose opiniones subjetivas sin pruebas reales, sin respaldos contables serios y sin haber tenido en cuenta la llamativa falta de declaraciones testimoniales.

“Habría que sumar, que la totalidad de las operaciones vinculadas a las ventas de inmuebles de SAER y las respectivas compras por sus socios, fueron auditadas e inspeccionadas con lupa por la AFIP, sin encontrar el organismo recaudador irregularidad alguna, todo lo cual, con sus respectivos documentos oficiales, fueron presentados como pruebas en el Juzgado.

“En síntesis, y para no ingresar en los farragosos intersticios de tecnicismos jurídicos, lo que debe quedar claro y entendido es que este interminable calvario jurídico lleva casi 12 años con una única denunciante que nunca aportó ninguna prueba contundente como querellante”.

Las imputaciones

En el primer hecho, el requerimiento fiscal atribuyó a Leonor Barbero Marcial, Arturo Sebastián Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, “en su carácter de directores de la sociedad Las Margaritas S.A., con la necesaria complicidad de Luis Miguel Etchevehere, en su carácter de socio de dicha firma, haber solicitado préstamos al Banco Itaú por U$S 250.000, los que le fueron otorgados en fechas 29/07/2011 (U$S 200.000) y 12/08/2011 (U$S 50.000), (…), a tasa subsidiada y con el fin preciso de ser destinados a actividades productivas los que, en lugar de ello, fueron distribuidos entre ellos para fines personales y distintos del solicitado al banco”.

Agrega que la devolución de tales créditos por parte de la sociedad al banco “fue pactada en dólares americanos, a una tasa del 8% anual, y a cinco años, mientras que -paralelamente- los nombrados devolvían a la sociedad el dinero distribuido, mediante valores a cobrar -cheques de pago diferido-, en pesos argentinos y a una tasa fija anual más beneficiosa, por lo que mientras el valor del dólar subía, se encarecían los valores de las cuotas a pagar al Banco Itaú, y las que devolvían los miembros de la sociedad no alcanzaban a igualar tales valores, al punto tal que la sociedad debió gestionar por ante el Banco de la Nación Argentina otro crédito a tasa subsidiada destinado a pequeños productores por $ 900.000”, con el propósito de destinarlo a saldar la última cuota pendiente de los créditos del banco Itaú, conforme fuera decidido mediante acta de Directorio de fecha 01/11/2016, frustrándose dicha operación por cuanto el banco Nación no realizó los desembolsos correspondientes”.

Por ese asunto de los préstamos a tasa subsidiada, la Justicia sobreseyó a todos.

La segunda imputación fiscal planteó que entre 2011 y 2015, “Viviana Grenón, Leonor María Magdalena Barbero Marcial (vda.) de Etchevehere, Luis Alberto Guevara y Germán Esteban Buffa, en su carácter de directores, contemporáneos y sucesivos de la firma Sociedad Anónima de Entre Ríos (SAER), obligaron abusivamente a la empresa cuyos bienes e intereses dirigían y administraban, perjudicándola, al aprobar en fecha 16/03/2012 la venta de los inmuebles ubicados en la ciudad de Paraná, sitos en: 1) Urquiza N° 1050, partida N° 10-7242-00; 2) 25 de Junio N° 33, partida N° 10-3658-09; 3) 25 de junio s/n, partida N° 10-16104-05; 4) 25 de junio N° 19, partida N° 10-118565-07; 5) Urquiza N°1036, partida N° 10-66810-08, a la firma Arroyo Ubajay S.A.; y los inmuebles sitos en: 1) calle Buenos Aires N° 11, partida N° 10-10154-04; 2) Tratado del Pilar N° 526, partidas N° 106927/8 y 126179/5, ambos de la ciudad de Paraná, a la firma Nexfin S.A., desconociéndose la fecha en que se concretó cada una de tales operaciones. También la obligaron abusivamente cuando en fecha 20/03/2012, aprobaron la venta de los inmuebles sitos en 1) Urquiza Nº1119/23 – subsuelo – (partida DGR 120.979/03); 2) Urquiza Nº 1119/23, P.B. (partida DGR 10-6638-08); 3) Urquiza Nº 1119/23, piso 1º (partida DGR 10-120861-01); 4) Urquiza Nº 1119/23, piso 2º (partida DGR 10-120862-00), todos de la ciudad de Paraná; 5) Camoirano Nº 63 (partida Nº 13-11463801), de la ciudad de Victoria; 6)- Caseros Nº 9898 (partida DGR 09-107636-4), de la ciudad de Nogoyá; 7) Etchevehere s/n (partidas DGR 03-102359-03 y 03-102358-4), de la ciudad de Diamante, a la firma Construcciones del Paraná S.A., desconociéndose también en tales casos la fecha en que se concretó cada una de dichas operaciones. Tales operaciones contaron con la cooperación imprescindible de Walter Grenón, Luis Miguel Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Juan Diego Etchevehere, en sus dobles caracteres de socios de SAER y de las empresas Arroyo Ubajay S.A. y Nexfin S.A., el primero, y de la firma Construcciones del Paraná S.A., los demás; quienes no solo aprobaron las ventas de aquellos bienes de capital en la Asamblea Extraordinaria de SAER de fecha 21/03/2012, sino que -a su vez- decidieron la adquisición de tales bienes para las sociedades que integran, en connivencia y de previo y común acuerdo con los Directores de SAER, con el objetivo de obtener ventajas patrimoniales personales de tales operaciones, y causar un daño a ésta al dejarla descapitalizada de bienes inmuebles con los cuales garantizar y cumplir sus obligaciones contractuales, comerciales, financieras y fiscales. De tal forma, y por un lado, las firmas Arroyo Ubajay S.A. y Nexfin S.A., ambas bajo la dirección y control de W alter Grenón, propusieron al Directorio de SAER la compra de los inmuebles ya detallados; de la misma forma que también hizo lo propio la firma Construcciones del Paraná S.A., cuya sociedad la integran los referidos miembros de la familia Etchevehere. Una vez concretadas las operaciones de venta de tales inmuebles, el producido fue distribuido, también siguiendo un acuerdo previo, entre Luis Miguel Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Leonor María Magdalena Barbero Marcial (vda.) de Etchevehere y la Asociación Mutual Unión Solidaria, de propiedad de Walter Grenón, en función de supuestas obligaciones adeudadas previamente a ellos por SAERy en detrimento de otros acreedores. De esa forma, las mismas personas físicas que en sus respectivos roles funcionales decidieron la venta de aquellos bienes, fueron luego quienes se vieron beneficiados con los mismos y también con el producido de ellos a través de las distintas personas jurídicas que también conforman; dejando a SAER vacía de bienes de capital y con un cúmulo de deudas tal que debió inmediatamente recurrir a fuentes de financiamiento no bancarias para hacer frente a esas otras obligaciones”.

“Luego, la maniobra fraudulenta de descapitalización de la sociedad se termina de concretar con la venta de los bienes inmuebles sitos en calles Pedro Zanni s/n, y Buenos Aires esq. Urquiza de Paraná, a la Mutual 10 de abril, garantizando con ello dos operaciones de mutuo por un total de tres millones de pesos, que terminó con sendas acciones judiciales de escrituración de tales inmuebles por parte de ésta última (“Asociación Mutual 10 de Abril c/Sociedad Anónima Entre Ríos – Ordinario – Escrituración», que tramita por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 8 de Paraná; y «Asociación Mutual 10 de Abril de Paraná c/Sociedad Anónim a de Entre Ríos – M onitorio Ordinario – Escrituración», que remitiera el Juez en lo Civil y Comercial Nº 7 de Paraná), ante la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos en tales operaciones. De esa última forma, el Directorio de SAER nuevamente obligó abusivamente a la firma, perjudicándola al dejarla ya vacía de bienes inmuebles, acordando como garantía de aquellos mutuos la venta de los mismos por un valor muy por debajo al de mercado y al propio revalúo que sobre los mismos realizara la empresa por intermedio del Arquitecto Mario J. Zufotinsky, conforme Acta de Directorio del 29/06/2013; con lo cual el perjuicio a la sociedad se ve agravado porque no solo perdería los mismos, sino que los habría comprometido a un menor valor».

Dolores, la hermana, denuncia

Con el procesamiento, la Justicia le dio la razón a la denuncia que planteó Dolores Etchevehere, miembro de la familia.

La presentación judicial ocurrió en 2013 pero los tres hermanos no se sentaron a dar cuentas ante un juez sino hasta siete años después, en 2020.

En el ínterin, la denuncia estuvo a punto de ir a dormir el sueño de los justos, luego de los dictámenes de dos fiscales que juzgaron que el tema no tenía la menor importancia.

Dolores Etchevehere denunció por estafa a su madre, Leonor Barbero Marcial, y a sus tres hermanos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere.

Así

El  6 de diciembre de 2013, el fiscal Ignacio Aramberry elevó al entonces juez de Instrucción Alejandro Grippo la “denuncia presentada por la ciudadana Dolores Etchevehere ante esta Fiscalía a mi cargo”: 20 carillas de mucha información que ponía contra las cuerdas a sus tres hermanos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, y a su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial.

El 20 de diciembre de ese año, Dolores Etchevehere ratificó ante el juez Grippo los términos de la denuncia formulada por escrito.

Contó de qué modo, con qué maniobras, bajo qué paraguas su familia pretendió cometer una serie de hechos ilícitos en las empresas familiares que tendrían alto impacto social: en 2018, una de las firmas del holding familiar, Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), editora de El Diario, dejó en la calle a 80 trabajadores sin pagarles indemnización, e ingresó en concurso preventivo.

Bajo el paraguas del urribarrismo, en 2010 había ingresado a SAER el empresario santafesino Walter Greón, que estuvo hasta 2012 cuando fue la incursión de otro santafesino, Ramiro Nieto: en la última década, el negocio periodístico de los Etchevehere y sus socios circunstanciales viró de tal forma que convirtieron a un medio clave en la Provincia en un libelo con ideario negociable.

Pero en el génesis de la causa por estafa que involucra a los Etchevehere ocurrió lo impensado.

Extrañamente, el 6 de febrero de 2014, la agente fiscal Evangelina Santana dictaminó lo que sigue: “Atento a la entidad del hecho que diera inicio a las presentes y siendo factible que el conflicto suscitado en autos pueda ser resuelto mediante el proceso de mediación, ante la pronta implementación en nuestra jurisdicción del nuevo ordenamiento adjetivo, remítase las presentes actuaciones a la Delegada Judicial del Ministerio Público Fiscal, Dra. Paola Farinó, a fin de que consulte a las partes y en caso de que presten su consentimiento, celebre la mediación”.

El 24 de febrero, y tras entrevistarse con Dolores Etchevehere, Farinó informa que la mediación resulta inviable. El 6 de marzo, la agente fiscal Santana anoticia al juez Grippo de la continuación de la causa penal. La primera medida que dicta el magistrado es pedir a la Dirección de Personas Jurídicas de Entre Ríos información sobre la composición societaria de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario, y de Construcciones del Paraná SA. También, a los bancos Itaú y de Entre Ríos para que informen sobre líneas de crédito otorgadas a la firma Las Margaritas, también del holding de los Etchevehere.

Dolores Etchevehere dice en un segundo escrito, presentado el 10 de abril de 2014: ”Básicamente he denunciado la forma en la que abusivamente se ha obligado a la sociedad en beneficio de un grupo de accionistas (mis hermanos y mi madre) lo que posibilitó  la extracción de fondos líquidos para ser aplicados a otra maniobra también de una tercera: Construcciones del Paraná, de la cual naturalmente no soy accionista (sí lo soy de SAER y Las Margaritas, como oportunamente explicara)”.

De ese modo, la menor del clan Etchevehere contaba de qué modo se había «vaciado» a Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER)

En la primera denuncia, la mujer habló de la “toma fraudulenta de un crédito del Banco Itaú por la suma de $1.066.000 equivalentes a u$s 250.000 al cambio de entonces (año 2011, aproximadamente $4,24242 por dólar) cuyo importe fue retirado  por los denunciados según así surge de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de aquel año”. Los denunciados son, claro, sus tres hermanos  y su madre.

Después, abundó en las cifras y detalló que el fraude bancario fue mayor a los u$s 250.000.  Hubo otros dos montos de u$s 360.000 y u$s50.000 que los denunciados tomaron de préstamos bancarios y se repartieron en provecho personal. Por eso, en 2014 Dolores Etchevehere pidió el allanamiento de la sede de la sociedad Las Margaritas SA, en Urquiza 1123, tercer piso, el mismo edificio donde funcionó la Redacción de El Diario, con el propósito de secuestrar los libros contables “y toda otra documentación que tenga que ver con el hecho que se denuncia”. También pidió allanamientos a las sedes de SAER, en la misma dirección, Urquiza 1123, tercer piso , dirección que corresponde a otra firma, Construcciones del Paraná, cuyo allanamiento también solicitó.

Los préstamos, después se supo, fueron pedido por los Etchevehere a los bancos Itaú y Nación, a tasa subsidiada, en teoría para fines productivos, pero que en la práctica fueron a dar al bolsillo de la familia.

Con su denuncia, Dolores Etchevehere procuraba establecer “la ruta del dinero” y la “posible utilización de los fondos (o parte de ellos) de los préstamos tomados por Las Margaritas SA en la transferencia de los inmuebles” propiedad de SAER. Desvío de fondos, vaciamiento, estafa: delitos gravísimos que una fiscal, más adelante, entendería como una simple peleíta familiar.

Efectivamente ello todo fue como lo denunció Dolores Etchevehere, según un sesudo dictamen de los fiscales Alejandro Cánepa y Viviana Ferreyra, que más tarde intervendrían en el caso tras la desafortunada intervención de la fiscal Santana y, más tarde, de su colega Laura Irene Cattáneo.

Nada que ver

Todo lo tramitado hasta entonces en la causa Etchevehere fue nada ante un dictamen que firmó el 3 de noviembre de 2014 la fiscal Laura Irene Cattáneo, tercera fiscal que interviene en la causa en menos de un año. Después de analizar la denuncia, Cattáneo concluyó que el caso “no reviste gravedad y es de escasa trascendencia o impacto social por cuanto se trata de un conflicto económico intrafamiliar, sin afectación de intereses colectivos”.

La fiscal dijo que el tema denunciado “escapa a la órbita del Derecho Penal”, y, oh sorpresa, apeló a “una dosis de prudencia en la aplicación del sistema penal, justificándose su intervención sólo cuando medie una afectación de un bien jurídico importante o porque no existan otros canales para resolverlos”.

En base a esos argumentos, la fiscal Cattáneo pidió a la segunda jueza de la causa, Susana María Paola Firpo, que la denuncia de Dolores Etchevehere “sea desestimada y se disponga el archivo”.

Firpo catalogó como un “enjundioso dictamen” el de la fiscal, y “siendo la representante del Ministerio Público Fiscal la titular del ejercicio de la acción penal pública, entiendo que no puedo adoptar una decisión diferente a la propugnada”. En ese marco –“amén de compartir en su totalidad lo dictaminado por la señora Agente Fiscal», aclaró- corresponde, dictaminó, «dictar sin más el archivo de las presentes actuaciones”.

Eso dispuso la jueza Firpo el 14 de noviembre de 2014.

Contragolpe

Dolores Etchevehere apeló el archivo de la causa con artillería pesada, y dijo en su escrito que “bajo el ropaje que le otorgan los arbitrarios y antojadizos argumentos señalados en el pedido de desistimiento fiscal de fecha 3 de noviembre  pasado, se esconde un enorme temor de investigar hechos que ostensiblemente exceden la órbita familiar y que derivan en irregularidades”. Y habló del “temor reverencial que muchos aquí en la ciudad de Paraná le tienen a mi familia en general y a mi madre y hermano Luis Miguel en particular: ahora lo confirmo”.

El 26 de noviembre la jueza Firpo le concedió el recurso de apelación.

Desde el vamos, la causa se caratuló como “Estafa”.

Los camaristas José María Chemez, Elvio Garzón y Miguel Giorgio tomaron intervención el 3 de marzo de 2015 y consideraron que el archivo de la causa resultó “prematuro y desacertado, toda vez que advertimos que se trata de un caso que reviste gravedad, con importantes sumas de dinero en juego, que excede el marco de un simple conflicto de familia y merece al menos que se produzcan algunas de las medidas de prueba interesadas por la denunciante a los fines de dilucidar la posible existencia o no de delito”.

De ese modo, los camaristas resolvieron revocar el archivo de la causa.

El 31 de marzo de 2015 emite dictamen el entonces fiscal de Cámara Rafael Martín Cotorruelo –hoy juez de juicio-: analizó la causa, releyó el dictamen de la fiscal Cattáneo, que había pedido el archivo y también había desestimado la denuncia, y concluyó que “corresponde en este estado ordenar la continuidad de la investigación”.

El 1° de abril de 2015 Cotorruelo devuelve el expediente de la causa Etchevehere al despacho de la jueza Firpo. Entonces, interviene una quinta fiscal, Viviana Margarita Ferreyra.

En 2016 la causa tiene nuevo juez, Pablo Zoff –hoy agente fiscal- y se incorpora otro miembro del Ministerio Público Fiscal, Alejandro Joel Cánepa –actual juez de juicio- y se produce una petición que ya había hecho Dolores Etchevehere: los fiscales Cánepa y Ferreyra le piden al juez que libre orden de allanamiento a Las Margaritas y el secuestro de libros contables, que se libre oficio al Banco Central para que aporte toda información referida a esa compañía de los Etchevehere, y se pida al Registro del Notariado de la Provincia un informe de los inmuebles registrados como propiedad de esa sociedad. También, que luego de levantar el secreto fiscal, la AFIP y la ATER informen declaraciones juradas de los períodos 2010 a 2016 de Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere y también de Leonor María Magdalena Barbero Marcial.

También, los fiscales pidieron la indagatoria de los tres hermanos Etchevehere y su madre, pero el 23 de diciembre de 2016 los fiscales solicitan que se suspenda la indagatoria en virtud de la nueva prueba incorporada a la investigación penal.

Allanamiento y sorpresa

El juez Pablo Zoff hace lugar al pedido y, además, dispone que la Dirección de Investigaciones y la División Delitos Económicos de la Policía realicen el allanamiento en la sede de Las Margaritas.

El 26 de diciembre de 2016, un día después de la Navidad, la Policía allanó la sede de Las Margaritas SA, en el edificio de El Diario.

Un informe que produjo el oficial Enzo Gutiérrez el 27 de diciembre, y que dirigió al juez Zoff, dio cuenta de un imponderable: no se pudo dar con los libros contables por cuanto la mater familias, Leonor Barbero Marcial, los anotició de en un hecho policial: en 2012, habiendo viajado a Buenos Aires a visitar a su hija Dolores –a quien no encontró en su casa- fue sorprendida por desconocidos que le arrebataron esos documentos.

La causa siguió tramitándose, incorporando pruebas e informes contables y periciales, y el 28 de diciembre de 2017, un año después de la primera petición, los fiscales Cánepa y Ferreyra solicitan que se fije fecha de indagatoria para los hermanos Etchevehere y su madre.

Uno días antes, el 20 de diciembre de 2017, Firpo reasume en el Juzgado de Transición y retoma el manejo de la causa.

Pero ocurre un incidente procesal planteado por los defensores de la familia Etchevehere, Julio Federick y Leopoldo Lambruschini, y en ese marco la jueza Firpo decide aplazar ese trámite, la indagatoria, sin fecha.

Federik y Lambruschini recusaron a la jueza Firpo por declaraciones periodísticas a Entre Ríos Ahora, y todo eso llevó a un berenjenal. Después, los letrados desistieron de la recusación, pero la jueza se autopercibió como inmersa en una situación de “violencia moral” y pidió ser apartada de la causa Etchevehere.

El caso llegó a manos del juez Gustavo Maldonado, que entendió que las razones de Firpo para inhibirse “resultan un tanto excesivas de susceptibilidad”, y por tanto rechazó el pedido para apartarse de la causa.

La decisión se tomó el 14 de marzo de 2018.

Otra vez

El 18 de marzo de 2018 los fiscales Cánepa y Ferreyra reiteran el pedido de indagatoria para el clan Etchevehere. No prospera. Lo vuelven a plantear el 18 de abril de ese año en un escrito en el que precisan el requerimiento de instrucción fiscal y detallan, de modo minucioso, de qué modo, mediante un sistema de triangulación, se vacía a SAER, la editora de El Diario, de todas sus propiedades a través de un complejo mecanismo en el que intervinieron Construcciones del Paraná, SA, de los Etchevehere, y Arroyo Ubajay y Nexfin SA, de los hermanos Walter y Viviana Grenón, dueños también de la Mutual AMUS.

Toma y daca

“Se advierte relevante que el producido de la venta de aquellos inmuebles fue a parar a manos tanto de aquellas empresas dirigidas por Grenón, como por Luis Miguel Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Leonor María Magdalena Barbero Marcial (vda) de Etchevehere y que solo dos meses después, SAER buscaba obligarse con otras instituciones, distintas de las bancarias, para obtener más dinero ´fresco´para hacer frente a los compromisos económicos contraídos (…) lo que da la pauta que la venta de inmuebles tenía como destino exclusivo hacer circular el dinero  entre las empresas de los socios de SAER, vaciando a esta última y quedándose con sus bienes”, dice el dictamen fiscal.

El movimiento “circular” de dinero se explica así: la mutual AMUS (bajo la dirección de Walter Grenón) “prestó dinero a SAER y a Construcciones del Paraná SA (Flia Etchevehere); con el mismo, ésta última adquirió distintos bienes inmuebles a SAER, con cuyo producido se abonaron las deudas de ésta con Luis Miguel Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Leonor María Magdalena Barbero Marcial (vda) de Etchevehere; es decir, que la firma Construcciones del Paraná se quedó con los bienes de SAER, y sus socios, los miembros de la Flia Etchevehere ya referidos, con parte del producido de dicha venta. Por otro lado, también similar operación habría realizado Walter Grenón a través de sus empresas, quien le presta dinero a SAER a través de AMUS, y luego compra sus bienes a través de Arroyo Ubajay SA y Nexfin SA, quedándose también con parte del producido de dichas ventas”.

El dato que agregan los fiscales es que en la decisión de la venta de los inmuebles de SAER, que compraron las empresas de los Etchevehere y de los Grenón, “intervinieron siempre las mismas personas: Viviana Grenón y Leonor María Magdalena Barbero Marcial (vda) de Etchevehere, como miembros del directorio, y luego Walter Grenón, Arturo Sebastián Etchevehere,y aquella última en representación de Luis Miguel y Juan Diego Etchevehrere”.

A la par de la descapitalización de SAER, editora de El Diario, dice el informe fiscal, “también se decidió ceder en garantía de distintos créditos con las mutuales descriptas –Mutual 10 de Abril, Mutual AMUS- los derechos de cobro de publicidad realizada al Gobierno de Entre Ríos por El Diario, que derivó en embargos judiciales sobre las cuentas de la empresa. Esa situación se originó por cuanto los Etchevehere y los Grenón “privilegiaron” la cancelación de las acreencias de los propios socios con la venta de inmuebles  “antes que a cualquier otro” acreedor.

En el dictamen que firmaron el 18 de abril de 2018 los fiscales Cánepa y Ferreyra pidieron la formal instrucción de causa penal y la indagatoria de los hermanos y la madre de los Etchevehere y también, por primera vez, de Walter y Viviana Grenón, dueños de Red Mutual, Nexfin SA, Arroyo Ubajay y Mutual AMUS; de Luis Alberto Guevara y Germán Coronel, socios en SAER.

Pero en vez de resolver el planteo del Ministeiro Público Fiscal, la jueza Firpo se enredó en una polémica con los fiscales.

El 24 de mayo de 2018 la jueza Firpo firmó un escrito en el que pidió a los fiscales que dictaminen “fundadamente”: les mojó la oreja. Los fiscales Cánepa y Ferreyra le respondieron que el escrito elevado “contiene de modo fundado en la evidencia recabada hasta la fecha” todos los datos necesarios. Y que resolviera como mejor le plazca, traducido esto del dialecto tribunalicio.

No sos vos, soy yo, y así.

La causa llevaba entonces cinco años tramitándose en la Justicia entrerriana.

El 11 de septiembre de 2018 interviene en la causa otro fiscal, el séptimo, Ávaro Piérola, para plantear su disconformidad al pedido de sobreseimiento formulado por los Etchevehere.

El 16 de octubre, y tras la declaración en sede judicial de Dolores Etchevehere, Piérola insiste en que resulta prematuro abordar el pedido de sobreseimiento de los imputados.

En aquella declaración ante la jueza Firpo, Dolores Etchevehere no menciona, como lo diría en 2020, a partir del episodio de la toma del campo Casa Nueva, en Santa Elena, que fue presionada a firmar un acuerdo para desistir de todas sus reclamaciones.

“Recuerdo que ellos me ofrecen dos parcelas de tierra y eso es lo que recuerdo. No se ha efectivizado, son dos parcelas de partes de campo acá en Entre Ríos, que acepté”, dice respecto del acuerdo privado que su familia exhibe, rubricado en 2018. “Necesito esa cesión, sí, claro, cómo no”, declaró ante la jueza Firpo.

El 9 de marzo de 2020, el fiscal Piérola insistió en el pedido de citación a declaración indagatoria de los Etchevehere, los hermanos Grenón, Guevara y Buffa. La petición fue acogida favorablemente por el cuarto juez de la causa, Carlos Hugo Ríos, pero sin fecha. El magistrado, en un escrito del 20 de mayo, dispuso que las audiencias serían “a determinar y conforme a la posibilidad de realización de las mismas, en el marco de la situación planteado por el aislamiento social, preventivo y obligatorio».

Es decir, un cuadro de total incertidumbre.

Sin espacio en el disco rígido

En los 10 cuerpos que acumula la causa -casi 2.000 fojas- hay relatadas situaciones hilarantes, como la observación hecha por la abogada María Florencia Sieber, de la Sección Penal Tributaria de la Afip Paraná, quejándose de que al intentar enviar al Juzgado de Transición N° 1 diferentes informes requeridos, los mails rebotaban una y otra vez.

El 25 de agosto de 2020 le responde la abogada María Belén López Vargas, secretaria del Juzgado de Transición, anunciándole que “ya liberaron espacio en la cuenta para que puedan enviar la información requerida”.

Así, de ese modo tan ramplón, y de otros modos posibles, con planteos, recusaciones, excusaciones, dudas, observaciones, demoras, apelaciones, la causa por estafa que denunció Dolores Etchevehere lleva tramitándose en la Justicia 7 largos años.

(Entre Ríos Ahora)