El juez federal protagonizó intensas reuniones para convencer a dos tercios de los senadores; más allá de las fuertes críticas en su contra, reúne respaldo libertario, kirchnerista y peronista, de Pro y sectores de la UCR.

El juez Ariel Lijo, postulado por el Gobierno para ocupar el puesto vacante de la Corte Suprema de Justicia, ya cuenta con los votos suficientes de los senadores como para que su pliego prospere, si es que no media ningún escándalo durante las audiencias públicas que son parte del proceso de selección.

Así lo confirmaron a La Nación fuentes del Senado, legisladores oficialistas y de la oposición, funcionarios judiciales y allegados al propio juez, que en las últimas semanas se reunió con gobernadores y senadores para apuntalar su postulación.

El ánimo de Lijo con respecto a la postulación fue mutando con el correr los días. Desde el anuncio de su candidatura, el 20 de marzo, el juez pasó del escepticismo a acostumbrase a la idea de que prospere su candidatura. En el medio, Lijo recibió una extensa lista de impugnaciones, como nunca ocurrió antes con un candidato para la Corte Suprema, impulsadas desde entidades profesionales y jurídicas hasta empresarias, pasando por asociaciones civiles y organismos internacionales, que apuntaron tanto a su desempeño como juez y a las acusaciones que recibió a lo largo de su carrera, como a su falta de antecedentes profesionales y académicos para acceder al máximo tribunal.

Un estudio estadístico del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), tras analizar el desempeño de Lijo en registros públicos, concluyó que “es el juez más ineficaz de Comodoro Py” y el que más demora en resolver las causas más sensibles para la política, las de corrupción. Muchos de quienes lo impugnaron sostienen que las demoras son un mecanismo que el juez utiliza para negociar políticamente las causas.

Entre quienes lo impugnaron aparecen organizaciones como el Foro de Convergencia Empresaria, Será Justicia, Fores, la Academia Nacional de Derecho, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y el Colegio de Abogados de la Ciudad. La ONG Poder Ciudadano sostuvo que Lijo “no cuenta con los consensos necesarios y tampoco con los criterios de integridad e independencia mínimos requeridos para cubrir los cargos en la Corte Suprema”.

Delia Ferreira Rubio, expresidenta de Transparencia Internacional y consultora en materia de lucha contra la corrupción, recordó quejas sobre Lijo acerca de la “manipulación de tiempos procesales y paralización de los casos en trámite”. La Federación de Colegios de Abogados (FACA) concluyó que no tiene antecedentes para el cargo de juez de la Corte. El Colegio de Abogados de la Ciudad subrayó que su formación académica “no trasciende las fronteras de su título de grado”. Y la Coalición Cívica marcó sus “inconsistencias patrimoniales”, que motivaron múltiples denuncias y una causa que fue cerrada por el juez federal Julián Ercolini.

Pese a las objeciones, el Presidente y sus ministros defendieron la postulación de Lijo, que navega ahora en medio de “buenas sensaciones, con más expectativa que antes y por supuesto, con ganas de llegar a la Corte”, señalan amigos suyos que lo frecuentaron este fin de semana.

También tiene expectativas de aprobación la candidatura del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Manuel García-Mansilla, el otro candidato para la Corte Suprema impulsado por el Poder Ejecutivo. Se lo propone para cubrir la vacante que a fin de año dejará el juez Juan Carlos Maqueda, que cumple 75 años y la Constitución le impide seguir en el cargo sin un nuevo acuerdo del Senado.

El Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el próximo jueves para elevar los pliegos de ambos candidatos al Senado. Esto es así porque la designación de nuevos jueces de la Corte está regulada por el decreto 222/03, que señala que hay un período para que la ciudadanía presente adhesiones e impugnaciones a los postulantes.

Ese período culminó el 9 de mayo. El decreto señala que, desde ese día, el Poder Ejecutivo tiene 15 días hábiles para decidir si eleva o no la propuesta con los candidatos. Ese plazo se vence el jueves. El Gobierno entró en tiempo de descuento.

La toma de decisiones en la administración Milei está centralizada en el Presidente, su hermana Karina y Santiago Caputo. El presidente viaja este lunes a Los Ángeles, con lo que debería ratificar su decisión esta semana y empezar el proceso para que el Ministerio de Justicia eleve los pliegos y el Poder Ejecutivo los envíe al Senado. Todo eso antes del jueves. Lijo no se reunió con el Presidente en estos dos meses, afirman distintas fuentes, y lo más cerca que estuvieron fue el 8 de mayo pasado, en el ex-CCK, donde se recordó el Día del Holocausto y habló Milei.

El mundo judicial, incluido los allegados a Lijo y García-Mansilla, está expectante de que se concrete la decisión, pero hasta último momento nadie se juega. A eso obedece el silencio del kirchnerismo para pronunciarse sobre Lijo.

El peronismo no tiene objeciones y el kirchnerismo hasta parece haberse olvidado que se trata del juez que investigó y elevó a juicio el caso Ciccone, donde fue condenado el exvicepresidente Amado Boudou. Sin embargo, fuentes de ese espacio mencionaron que no quieren salir con una declaración pública de apoyo a Lijo y correr el riesgo de que después el Poder Ejecutivo dé marcha atrás y no envíe el pliego al Senado.

Se trata de una lógica parecida a lo que ocurrió durante el proceso para recoger adhesiones. Algunos de los que estaban dispuestos a firmar se excusaban diciendo que temían que después el Gobierno no fuera a elevar el pliego y quedaran expuestos. Los amigos de Lijo abocados a la recolección de firmas solo podían confortarlos diciéndoles que si eso ocurría les iban a devolver la carta de adhesión con un fuerte abrazo de agradecimiento.

En el Senado afirman que, de no mediar ningún escándalo en las audiencias públicas previstas como parte del proceso de selección, Lijo va a obtener los votos para ser juez de la Corte. “Los número están y se va a dar solo si no hay olas. Lo único que puede torcer el camino que es que en las audiencias surja algún ruido escandaloso”, dijo a La Nación un senador opositor.

A pesar del ruido político y los fuertes rechazos que generó la postulación de Lijo, ayudó a sostener sus chances el hecho de que el escándalo no permeó en la agenda ciudadana. El impulso a Lijo no le habría restado popularidad a Milei en las encuestas y las redes, un universo que el Presidente monitorea permanentemente.

Acuerdo con el kirchnerismo

El pliego de Lijo necesita el apoyo de dos tercios de los miembros presentes del Senado: 48, si los 72 senadores estuvieran en sus bancas. El Gobierno tiene solo siete votos propios, por lo que la única forma de que el Poder Ejecutivo consiga los dos tercios del Senado para nombrar a Lijo es un acuerdo político con el bloque de Unión por la Patria. De los 33 senadores que integran la bancada opositora, la mitad al menos sigue los dictados de Cristina Kirchner, acechada en varios expedientes judiciales por corrupción. El gobernador santiagueño Gerardo Zamora maneja tres senadores y Lijo ya habló con él cara a cara.

Más allá de lo que señalan en el Senado, hay algunos indicios que permiten pensar que el kirchnerismo apoyaría la postulación de Lijo. El abogado y exdiputado kirchnerista Héctor Recalde pidió en el Consejo de la Magistratura posponer una investigación sobre el juez. Cristina Kirchner se mantuvo en silencio, pese a que siempre le reprochó la filtración de escuchas telefónicas durante el gobierno de Cambiemos.

Otro indicio es que Lijo fue declarado ciudadano ilustre de Avellaneda por impulso del intendente Jorge Ferraresi. Los concejales de La Cámpora y Nuevo Encuentro estuvieron ausentes y Pro, antes que rechazar, se abstuvo en la votación. Ferraresi, actualmente enfrentado a Máximo Kirchner y más próximo a Axel Kicillof, nunca actuó en rebeldía frente a Cristina Kirchner.

Lijo llegó a la consideración de Milei a través del juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, que se ganó la confianza del Presidente. El propio Lorenzetti intervino para conseguir adhesiones en la justicia federal. El juez de la Corte quiere recuperar poder en el tribunal e incidir en quien podría integrarlo, ya que aspira a que el recambio modifique la actual mayoría que integran los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, donde siempre queda en minoría en los temas de gestión.

La postulación de Lijo fue presentada ante Milei también como una carta para seducir al bloque peronista, ya que el juez tiene buena llegada entre gobernadores del interior y dirigentes partidarios. La de García-Mansilla está relacionada con el apego de Milei por sus ideas más conservadoras.

“Ineficacia” y “sospechas de corrupción”

En el trámite de apoyos y objeciones, que culminó el 9 e mayo, Lijo sumó 3578 adhesiones y 328 impugnaciones y García-Mansilla, recogió 3126 avales y 110 objeciones a su candidatura. En total se recibieron 7142 presentaciones a favor y en contra.

Según un informe elaborado por el Ministerio de Justicia, al que accedió LA NACION, en el caso de Lijo, las impugnaciones se centraron en su “falta de celeridad” e “ineficacia” en las investigaciones realizadas en la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA, en el caso de las coimas que admitió haber pagado la empresa Siemens para mantener el contrato por los DNI, sin que hubiera funcionarios procesados; en un tramo del Ciccone, donde favoreció al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, al declararse incompetente en favor de la Justicia local.

Asimismo le cuestionaron su actuación en la causa donde se investigó la venta de YPF, los fondos de la campaña electoral de Cristina Kirchner, la causa por irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial y cuando resolvió que el asesinato de José Ignacio Rucci no fue un delito de lesa humanidad.

Las cuestionamientos en algunas de las 328 impugnaciones recibidas refieren a sospechas de corrupción, basadas en denuncias penales en su contra, la ausencia de candidatas mujeres para la cobertura de los cargos, la carencia de antecedentes profesionales y académicos, y posibles conflictos de interés, dado el rol de su hermano Alfredo Lijo como “operador judicial”.

El informe del Ministerio de Justicia, no obstante, no incluye a las entidades que no presentaron una objeción formal, pero sí manifestaron públicamente un fuerte rechazo al juez Lijo por sus antecedentes y el manejo de causas sensibles para el poder político de turno. La influyente Human Rights Watch fue una de las últimas en advertir sobre el juez federal, como en un primer momento lo hicieron el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), AmCham (la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina) y la Red de Entidades por la Justicia Independiente de la Argentina (Rejia).

Rechazos y apoyos

Entre el centenar de objeciones formalmente presentadas se cuentan las de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), que reúne a 83 colegios de todo el país; Poder Ciudadano y la especialista Delia Ferreira Rubio. También se opusieron a su postulación el Colegio de Abogados de la Ciudad, la Asociación por la Igualdad y la Justicia; la Asociación por los Derechos Civiles, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, y la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires. El poderoso Foro de Convergencia Empresarial, que reúne a las principales cámaras empresarias del país, hizo una declaración pública donde reclamó que el Gobierno proponga candidatos “íntegros y honestos”, en alusión a Lijo.

Por su parte, en las adhesiones pesaron las de sus colegas de Comodoro Py 2002, y la de los jueces y camaristas federales de todo el país. Es inédito que un juez federal penal de primera instancia esté a las puertas de ingresar a la Corte y todos se entusiasman con que sea un “delegado” que escuche las necesidades del fuero federal, incluido el penal económico.

Hubo notas de las juezas federales porteñas María Servini y María Eugenia Capuchetti; Zunilda Niremperger, de Resistencia; María Verónica Skanata, de Posadas; Victoria Pérez Tognola, de la Cámara Federal de la Seguridad Social; María Paula Marisi, de Mendoza; de las fiscales Alejandra Mángano y Silvia Ruth Cavallo; de la jueza Mirta Delia Tyden, presidenta de la Cámara Federal de Posadas-Misiones, y de Sabrina Namer, del TOF8, entre otras.

Apoyaron también el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y los fiscales Guillermo Marijuan, Marcelo Colombo, Javier Arzubi Calvo, Diego Velazco, Sergio Rodríguez, Diego Iglesias, Alberto Gentili, Guillermina García Padín, Ramiro González, y Santiago Marquevich. También José Luis Agüero Iturbe, fiscal ante la Cámara Federal. En el fuero Penal Económico, lo apoyaron Ezequiel Berón de Astrada, Pablo Yadarola, Diego Amarante, Marcelo Aguinsky, Juan Galván Greenway, y Javier López Biscayart, que le dedicó párrafos elogiosos. También los jueces de la Cámara Federal porteña.

En el caso de caso de García-Mansilla, las impugnaciones estuvieron dirigidas a cuestionar sus posicionamientos sobre la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos y sobre los derechos sexuales y reproductivos, que podrían afectar la eficacia de los derechos humanos y la ausencia de candidatas mujeres para el cargo. Y en las adhesiones se destacan los apoyos de la academia.

Entre los que adhirieron a su postulación se cuentan Sebastian Schuff, presidente de la Global Center for Human Rights; Carlos Andreucci, presidente de la Unión Iberoamericana de Asociaciones y Colegios de abogados; Antonio del Moral García, magistrado del Tribunal Supremo del Reino de España, y los constitucionalistas María Angélica Gelli, Antonio María Hernández, Marcela Basterra, Alberto Bianchi, Estela Sacristán, Alfonso Santiago, Fernando Toller y Alfredo Vitolo, entre otros.

También apuntalaron su postulación el vicedecano de la Universidad de Virginia, Michael Gilbert, y el profesor Lawrence Solum, así como profesores e investigadores de España, Francia, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay y Chile. Se pronunció en su favor el presidente del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, Alberto Garay; el secretario general de la Federación Argentina Sindical del Petróleo Gas y Biocombustibles, Mario Lavia, y secretario general del sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Amado Daer.

Asimismo, presentaron su apoyo el presidente del Círculo Militar, el general de Brigada Juan Martín Pera; el presidente de Cascos Verdes, Nicolás Quintana; el rector de la Universidad del Salvador, Carlos Ignacio Salvadores de Arzuaga; el presidente de la Asociación de Jueces de la provincia de Salta, Rodolfo de Quinteros, y el exjefe del Estado Mayor del Ejército francés Bertrand Ract Madoux.

También lo hicieron el presidente del Instituto Nacional de Estudios Históricos Juan Manuel de Rosas, Alberto Gelly Cantilo, miembros del Poder Judicial del fuero federal y del fuero ordinario, miembros de Tribunales Superiores provinciales. Lo apoyó el expresidente de la Academia Nacional de la Historia y del Instituto Browniano Miguel Ángel de Marco, veteranos de Malvinas y abogados de todo el país.