Benítez: “Ningún legislador consultó a la Defensoría por el aumento a los abogados”

El defensor General de la provincia, Maximiliano Benítez, describió la estructura de funcionamiento y advirtió que se espera un aumento del volumen de trabajo por el incremento de los honorarios de los abogados. También analizó la realidad de las cárceles entrerrianas.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Benítez sostuvo que “en toda la provincia, la estructura de la Defensoría –con defensores y todo- no llega a los 200 empleados distribuidos en todos los Departamentos. Y en Paraná, hay siete defensores civiles y de familia, y los defensores penales –que tenemos defensores públicos penales y defensores auxiliares- que son aproximadamente 15”.

Consultado por el aumento de los honorarios de abogados y el incremento de trabajo que esto generará en la Defensoría, admitió: “Justamente en estos días hemos estado hablando de ese tema, para ver cómo vamos a hacer para organizarnos con la estructura que tenemos y receptar de alguna manera esta mayor afluencia que suponemos vamos a tener. Sobre todo en un periodo de crisis, como la que estamos viviendo, que generalmente en estos periodos de crisis siempre aumenta el trabajo de la Defensoría porque la gente pierde el trabajo, no puede pagar alimentos, etcétera, y eso lógicamente se refleja en una mayor conflictividad”.

Reconoció que “hay preocupación porque contamos con la misma cantidad de recursos humanos y suponemos que vamos a tener una muchísimo mayor demanda” y adelantó que “lo que vamos a tratar de hacer es dar prioridad a lo que sea absolutamente urgente. Es decir, vamos a dar prioridad a los alimentos, por ejemplo, y los divorcios van a tener que esperar hasta que se puedan realizar porque hay cosas que son mucho más urgentes y que debemos tratar de que tengan acceso a la justicia aquellas cuestiones que hacen a lo alimentario”.

En este marco, Benítez sostuvo que “se estuvo hablando de la modificación de esto desde el año pasado, cuando también se habló de la modificación de aquella ley que prohíbe a los magistrados y funcionarios jubilados ejercer la profesión y de la reforma del Código Procesal Penal, pero lógicamente, no pensamos que iba a ser de la magnitud que resultó ser”.

No obstante, admitió que ni las autoridades provinciales ni los legisladores hicieron consultas antes del tratamiento de la ley: “En lo que va del año, a mí nadie me llamó. No sé si no han hablado con otros estamentos de la justicia, con el Ministerio Público de la Defensa, no”.

En cuanto al volumen de trabajo de cada defensor, explicitó: “Los defensores públicos en lo penal estamos haciendo aproximadamente entre el 80 y el 85% de las causas de toda la provincia. Cuando esos procesos posteriormente se transforman en ejecución de pena, el porcentaje aumenta a un 90%, por lo menos. Y en lo que se refiere a las cuestiones civiles y de familia, se actúa de dos maneras: como patrocinante de todos aquellos que requieren un abogado pero también como Ministerio Popular de todos aquellos que son niños, niñas y adolescentes”.

Como ejemplo, mencionó que “en un supuesto caso de un proceso de alimentos, muchas veces actúa un defensor como patrocinante de la mamá que viene en representación de sus hijos a reclamarle alimentos al padre, pero también hay otro defensor que actúa como Ministerio Popular de los niños, niñas y adolescentes que están involucrados en el proceso. Es decir que muchas veces, en un mismo proceso actúa más de un defensor”.

En este marco, advirtió que “siempre de los estamentos del Poder Judicial, la estructura de la Defensoría fue la más pequeña. Y si bien en los últimos años ha crecido, no ha crecido en la medida en que ha crecido la conflictividad. Hasta hace pocos años teníamos nada más que dos Juzgados de Menores en la ciudad de Paraná, y hoy tenemos cinco. Y la cantidad de defensores no aumentó en la misma proporción. Lo mismo ocurre con los defensores que se dedican a lo penal. Y, fundamentalmente, también se ve la falta de recursos humanos en la cantidad de empleados”.

Asimismo, afirmó que “el Superior Tribunal de Justicia tiene totalmente en claro” a esta situación y agregó que “hay proyectos de leyes en la Legislatura, tanto de la Judicatura como del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, que se frustraron el año pasado y que nosotros estamos insistiendo en la necesidad de que se creen más cargos. Y si bien cada uno gestiona por su lado, pero, lógicamente, el presidente del Superior Tribunal de Justicia tiene conocimiento de todas estas gestiones que estamos realizando, y de los lugares donde necesitamos gente”.

“Lógicamente cuando sacamos qué es lo que necesitamos, también nos proyectamos a nivel del Superior Tribunal de Justicia. Porque, por ejemplo, tengo que saber si el Superior Tribunal de Justicia tiene idea de poner un Juzgado de Garantías más en una ciudad X, porque tengo que estar pensando en la necesidad de poner también un defensor y el Ministerio Público Fiscal de poner un fiscal. Porque si, sobre todo en los procesos orales, no tenemos la cantidad de funcionarios necesarios para estar sentados en la silla, no se pueden hacer las audiencias. Entonces, es absolutamente necesaria la coordinación entre los tres estamentos del Poder Judicial”, explicitó.

Teniendo en cuenta que este miércoles se tratará en comisión de Diputados el proyecto de creación de 150 cargos para el Poder Judicial, Benítez reveló que “para el Ministerio Público de la Defensa se pidieron 40 cargos” pero aclaró que desconoce “si se tratará únicamente lo del Poder Judicial”.

Situación en las cárceles de la provincia

Consultado por la situación en las cárceles de la provincia, mencionó que “sobre el final del anterior periodo de gobierno, se cerró la Unidad Penal Nº2, que era la vieja unidad penal de la ciudad de Gualeguaychú, y se comenzaron a hacer importantes obras en la unidad penal que se llama Colonia, que es la Nº 9, en las afueras de la ciudad. Yo siempre he tenido mis reservas con esa unidad penal, porque está lejos de la ciudad de Gualeguaychú, aproximadamente a 20 y tantos kilómetros de la ciudad, y no tiene transporte público, lo que dificulta a la gente que no tiene movilidad su traslado hacia la cárcel, que es la mayoría de los familiares de nuestros presos, que son carentes de recursos. Muchos de los presos que están en Gualeguaychú son de Concordia o de Paraná”.

De todos modos, reconoció que “las obras que se hicieron han sido muy importantes; la Unidad Penal está funcionando muy bien; hay talleres de faenamiento de animales, herrería, carpintería, taller mecánico, tapicería. Es decir que, al lado del resto de las cárceles que tenemos en la provincia, es lógicamente lo mejor que tenemos. Hay un pabellón que está terminado pero que todavía no está ocupado, porque –según lo que hablé con la gente del Servicio Penitenciario, le falta personal y creo que hay también una ley que está en trámite para dotarlo de más recursos humanos, de manera tal de poner en funcionamiento ese pabellón en Gualeguaychú”.

“También quiero destacar, porque sería injusto si no lo hago, al Servicio Penitenciario y a todos los funcionarios de toda la provincia, pero fundamentalmente de Gualeguaychú, porque el control que hay, cómo se trabaja, cómo funciona, y cómo uno ve que los internos están involucrados, es también obra, no solamente de la calidad de la Unidad Penal, sino también del Servicio Penitenciario. Las otras cárceles, hay algunas que ya están muy vetustas, son cárceles de muchos años, y lógicamente la provincia de Entre Ríos tendría que empezar a poner un poquito más de atención en eso. Y tenemos una ventaja que no ocurre en otras provincias, que tenemos distribuidas muchas cárceles en diversos lugares de la provincia, lo que permite que los internos estén, en la mayoría de los casos, cerca de su lugar de residencia”, concluyó.

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