Recién a mediados de 2026 iría a juicio la causa de los “contratos truchos”

Los contratos truchos de la Legislatura serán ventilados en la Justicia, luego de 8 años.

Los contratos truchos de la Legislatura serán ventilados en la Justicia, luego de 8 años.

De ANÁLISIS

 

Pese a la gravedad del caso, recién 8 años después iría a juicio oral y público lo que sería la primera parte de la causa de los contratos truchos legislativos, donde se desviaron 53 millones de dólares entre 2008 y septiembre de 2018. Los cálculos judiciales indican que a mediados del 2026 se iniciaría el juicio que tiene a 32 imputados, porque se calcula que el año próximo comenzaría a debatirse la remisión a juicio, que demandará varios meses. Y que no tuvo avances en estos meses -pese a la decisión de la Corte suprema de Justicia de la Nación-, de que el expediente retorne al Poder Judicial de Entre Ríos, porque varios de los abogados defensores de los imputados son los mismos vinculados a la causa del exgobernador Sergio Urribarri, el exministro Pedro Báez y el cuñado del exmandatario, Juan Pablo Aguilera, entre otros. Y, a la vez, son varios de ellos quienes están en la otra causa contra Urribarri y el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, por el pago de sobornos.

Mientras tanto, son varios los actuales imputados que siguen cobrando sus sueldos y sin trabajar, en especial en la Legislatura entrerriana, donde son no más que dos personas las que concurren normalmente a sus tareas legislativas. Y el más saliente es el caso del ex policía Alejandro Almada (cuñado de Aguilera), quien hace varios meses se encuentra viviendo en una localidad de Misiones, en el límite con la Triple Frontera con Brasil y Paraguay.

Lo que no se descarta es que una vez enviado a prisión Juan Pablo Aguilera y Sergio Urribarri -que ocurriría en unos pocos meses- varios de los imputados decidan por el juicio abreviado, para lograr la reducción de las penas. Ya hay algunos abogados que habrían iniciado conversaciones o bien enviado mensajes en tal sentido.

Algunos casos servirán de ejemplos:

* Gustavo Pérez. Es empleado de planta del Senado. Era uno de los de mayor responsabilidad en el desvío de fondos, porque era el jefe de la administración y hombre de confianza de Adán Bahl, quien cuando se conoció el caso le pidió la renuncia al cargo. Pérez tramitó la afectación al bloque del PJ lo que lo exceptúa de registrar asistencia. Su sueldo ronda los 5 millones de pesos.

* Juan Domingo Orabona. Su último cargo fue en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), como vocal. Sigue estando allí porque no le terminaron de aceptar su renuncia al cargo. Logró la jubilación en la caja previsional entrerriana a principios de este año.

* Pedro Opromolla. Sigue trabajando en la Cámara de Diputados. Cumple con su tarea diariamente en la administración del cuerpo.

* Sergio Cardoso. Es empleado del archivo de la Cámara de Diputados y concurre a diario a trabajar. Marca asistencia en el reloj.

* Juan Pablo Aguilera. Tiene una empresa constructora que se llama Tecno Steel, en sociedad con Emiliano Giacopuzzi (condenado en el mega juicio). Es de planta del Senado, pero consiguió la afectación al bloque del PJ y no concurre a trabajar. No cumple con su labor desde septiembre de 2018, pero sigue cobrando puntualmente. Percibe cerca de 5 millones de pesos mensuales por no trabajar.

* Alejandro Almada. Es empleado de la Legislatura, pero no concurre a trabajar. Cobra 1,5 millones de pesos mensuales. Vive en Misiones.

* Alfredo Bilbao. Es otro hombre clave en lo que fue la estructura de cobros y pagos de sobornos a las autoridades políticas de los períodos de Sergio Urribarri y en especial el que se extendió entre 2011 y 2015. Incluso, siguió en ese rol determinante entre 2015 y 2018. Era el que le llevaba el dinero recaudado a Aguilera y también a Urribarri. Estuvo en Brasil, con permiso de la justicia, entre el 27 de septiembre del año pasado y el 15 de marzo de este año. Algunos conocedores de sus movimientos indican que estaría pensando en irse a vivir al vecino país e incluso proyectando un complejo turístico junto a su mujer, quien hoy es jubilada del Tribunal de Cuentas. También tiene dos viviendas de importantes dimensiones para alquilar en Puerto Alvear, departamento Diamante.

 

Otras conexiones

 

Cabe acotar que aparecieron conexiones con la causa contratos en la investigación que se abrió en Concordia respecto del patrimonio del ex gobernador Gustavo Bordet.

Una operación inmobiliaria en particular, de la que informamos en la revista ANÁLISIS, llamó especialmente la atención.

Se trata de la compra de un terreno que hizo Bordet en 2011, cuando era intendente de Concordia, a un entonces desconocido Hugo Mena.

El terreno es parte de un grupo de lotes que ocupan unas dos manzanas en avenida Chajarí y San Lorenzo, camino a Playa Nebel en Concordia. En su doble rol de propietario e intendente, Bordet impulsó obras importantes que valorizaron mucho la zona.

No obstante, Bordet finalmente no disfrutó del lugar ya que en 2016 cambió de planes. Vendió el terreno que le había comprado a Mena y compró un lote en un barrio privado termal donde edificó su casa de fin de semana.

Al comparar los planos de catastro del momento de la compra (2011) con el de la venta (2016) aparecen algunos datos.

En 2011, cuando Bordet compró, los lotes linderos al suyo figuraban a nombre de Mena y de su esposa, Flavia Beckman. En 2016, ya no aparecían más los apellidos de la pareja y esos terrenos pasaron a estar a nombre de Walter Doronzoro y Juan Domingo Orabona.

En el legajo de la causa contratos aparecen una serie de inversiones realizadas por algunos de los imputados presuntamente con parte de los fondos sustraídos.

En mails y anotaciones figura un “Loteo en Concordia” y hay correos electrónicos enviados por Gustavo Pérez a Luján Orabona, hermana de Palito Orabona, y escribana.

En los mensajes, Pérez le pasa a la notaria los datos de Mena y Beckman para que “a pedido de Palito figuren como firmantes de la operación de la compra del loteo”, que se realizó en 2009 a una sucesión.

 

Los imputados y sus posibles penas

 

Son 32 los imputados en la causa: Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; María Victoria Ávarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín Mena Giovenni; María Macarena Álvarez; Andrea Noemí Beatriz Demartin: Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Héctor Gustavo Falco; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber; Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; Viviana Giselle Mena Gioveni.

* Para el exadministrador del Senado, Gustavo Pérez, los fiscales piden 18 años de prisión.

* Para Juan Domingo Orabona, 7 años de cárcel.

* Para Jorge Fabián Lázzaro, 5 años.

* En el caso del exadministrador de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso, Fiscalía pide 12 años de prisión.

* Para el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, 1 6 años.

* Para el cuñado de Aguilera, Alejandro Almada, 10 años.

* Para Alfredo Bilbao, 12 años de prisión.

* Para Roberto Ariel Faure, 9 años.

* Para Hugo Mena, 10 años.

* Flavia Beckman, esposa de Mensa, 7 años y 6 meses.

* Para Esteban Scialocomo, 7 años.

* Para Verónica Caíno, María Jazmín Mena Gioveni, Viviana Mena Gioveni, Andrea Noemí Beatriz Demartin, María Victoria Álvarez, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Alejandro Rubén Ferreyra y Jorge Pablo Balladares, 3 años de prisión.

* Para Pedro Eduardo Opromolla, 6años de prisión.

* Guido Daniel Krapp y Renato Jesús Mansilla, 5 años.

* Nicolás Beber, 3 años.

* Hernán Javier Díaz, 3 años.

* Maximiliano Degani, 3 años.

* Marta Aurora Pérez, 3 años.

* Mariano Speroni, 2 años.

* Diego Pagnoni, 2 años.

* Jorge Enrique De Breuil, 6 años.

* Javier Schneider, 3 años y 6 meses.

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