En los últimos tres años hubo 74 personas, entre ex funcionarios y empresarios, presas en causas de corrupción. Hoy son 19, según el análisis que hizo Infobae de los expedientes más importantes que tramitaron en Comodoro Py, y algunos de ellos en prisión domiciliaria.

74 es el número más alto en la historia del país de presos por corrupción. La número 75 podría haber sido la ex presidente Cristina Kirchner, pero su detención no se concretó por los fueros que tiene como senadora nacional. A su vez, la ex mandataria y candidata a vicepresidenta es la que más detenciones tiene dictadas: en seis de sus doce procesamientos se dispuso su prisión preventiva. Todas las órdenes fueron firmadas por el juez federal Claudio Bonadio.

El origen del debate. Las detenciones se dieron por la aplicación de la prisión preventiva. Esa figura implica estar detenido cuando la persona técnicamente es inocente, porque todavía no hay una condena en su contra, pero el arresto se justifica por dos motivos: que haya riesgo de que el acusado se fugue o que en libertad pueda entorpecer la investigación. El plazo lógico previsto es dos años. Se vinieron aplicando sin inconvenientes en delitos comunes y en crímenes de lesa humanidad durante plazos mucho más prolongados que los dos años, justificados en la complejidad de las investigaciones.

Las prisiones preventivas siempre estuvieron en debate en los ámbitos jurídicos, mientras en la sociedad crecía la sensación de que nadie iba preso por hechos de corrupción. La discusión se volvió política en los últimos años con la detención de muchos e importantes ex funcionarios. Y también porque Alberto Fernández, a quien los números de las PASO dan como el próximo presidente de la Nación, las criticó por el uso “arbitario” cumpliendo “con el poder de turno”.

“¿Acaso todos los acusados de narcotráfico o los represores de la última dictadura tienen riesgos procesales porque pueden fugarse o entorpecer una causa? No, pero la decisión política es que esos delitos no sean excarcelables”, pregunta y responde –en off the record- un juez que resolvió varias de las prisiones preventivas en discusión ante la consulta de Infobae. Sin embargo, hasta antes de la gestión de Mauricio Macri, estos riesgos no parecían correr para los expedientes en donde se investigan los delitos cometidos por funcionarios.

Lo que se puso en discusión es uno de los argumentos que se aplicó: que los ex funcionarios tienen poder residual por los cargos que ocuparon que les permitirá interferir en las causas. También se determinó el poder económico para fugarse, la gravedad de los hechos de corrupción, el cúmulo de causas y la expectativa de una eventual pena a cumplir en prisión, lo que ya se venta aplicando. Pero la base de la polémica se dio en torno a su paso por la función pública.

Y en esa línea, desde el 2016, las prisiones preventivas llegaron a las causas de corrupción. “Un cambio de época”, repiten en Comodoro Py, según la publicación de Infobae.

Los arrestos de ex funcionarios siempre fueron una excepción. Alcanzaron al ex presidente Carlos Menem cuando dejó el poder y fue arrestado por la venta de armas a Croacia y Ecuador, al ex ministro de Economía Domingo Cavallo por ese contrabando; a la ex secretaria de Medio Ambiente María Julia Alsogaray, por enriquecimiento ilícito; y al ex titular del PAMI Victor Alderete. Todos ellos habían formado parte de un gobierno esmerilado por denuncias de corrupción que se activaron cuando dejaron el poder a manos de otro de signo político: la Alianza de Fernando De la Rúa y Carlos “Chacho” Alvarez.

Sin embargo, Comodoro Py nunca había llegado a disponer la detención de 74 personas por este tipo de hechos (en causas sin condena) y en tan poco tiempo, de abril de 2016 a febrero de 2019.

Todo empezó en abril de 2016. Cinco meses antes el kirchnerismo había dejado el poder después de 12 años. Macri atravesaba sus primeros tiempos como Presidente y la lucha corrupción había sido un eje de su campaña. Dentro de la Justicia había voces con poder que alentaban el avance de expedientes ante el cambio de gobierno. “También sentíamos la presión mediática de actuar”, se justifica hoy un magistrado.

Y el primero en hacerlo fue el juez federal Julián Ercolini. El 2 de abril de 2016, un sábado, ordenó la detención del ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y de su mano derecha Manuel Vázquez en una causa por la compra de trenes basura a España y Portugal. El magistrado justificó las prisiones preventivas en “los largos años que ocupó Jaime en la primera línea como funcionario del transporte”, lo que “permite sospechar capacidad de relaciones residual para la facilitación de vías de transporte para eludir la acción de la justicia”. Por primera vez se hacía referencia en esta clase de delitos a las relaciones de poder. El juez también resaltó el poder económico de los acusados para eludir la justicia.

Desde entonces Jaime está preso –ya cumpliendo condena por la tragedia de Once y con preventiva en otras causas– y Vázquez bajo prisión domiciliaria desde el primer día, por cuestiones de salud.

Cuatro días después fueron detenidos el empresario Lázaro Báez y el contador Daniel Pérez Gadín en la causa por la llamada “ruta del dinero K” por orden del juez Sebastián Casanello. El arresto se dispuso porque “se habría determinado que aún no se había presentado el plan de vuelo” del avión que llevaba a Báez y a su hijo Martín desde Río Gallegos hasta San Fernando. El magistrado sospechó que el empresario podía fugarse porque dos días antes lo había citado a indagatoria. La defensa presentó el plan de vuelo que existía. Casanello también destacó que los acusados “cuentan con un cuantioso patrimonio que, en principio, les facilitaría eludir el accionar eventual de la justicia, o entorpecer seriamente la investigación en curso”.

Pérez Gadín fue detenido por amenazar a testigos. Una semana después, cayó preso el abogado Jorge Chueco, atrapado unos días después de fugar a Paraguay. Los tres siguen detenidos desde entonces (cumplieron tres años y medio sin condena) y actualmente están siendo juzgados por lavado de dinero.

Otras dos detenciones de impacto ocurrieron en 2016: en junio la del ex secretario de Obras Públicas José López con nueve millones de dólares en bolsos y valijas en un convento de General Rodríguez, a quien investigaban desde hace años por enriquecimiento ilícito sin poder avanzar; y en setiembre la del gremialista Omar “Caballo” Suárez, presentado públicamente como “el sindicalista preferido de Cristina Kirchner", por asociación ilícita en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) que dirigió ininterrumpidamente durante 27 años.

El caso De Vido. El 2017 se inició con relativa calma hasta que el 4 de julio el fiscal Carlos Stornelli sacudió la parsimonia de los tribunales de Retiro: pidió el desafuero y la detención de Julio De Vido, el otrora poderoso ministro de Planificación sobre quien disparaba sus dardos la diputada nacional Elisa Carrió. Lo acusaba de una millonaria malversación en la causa Río Turbio. El caso no tuvo una resolución inmediata.

Mientras el cuñado de De Vido, Claudio “El Mono” Minnicelli, quedaba preso por la causa de la mafia de los contenedores tras permanecer diez meses prófugo, el 17 de julio, en medio de la feria judicial de invierno, fue detenido en la causa “Los Sauces” Víctor Manzanares, histórico contador de la familia Kirchner, por orden de Bonadio. Lo acusaba de haber intentado cobrar dinero de los alquileres de Los Sauces en cuentas que no estaban autorizadas por el juzgado. Muchos años después, de la mano de la causa de los cuadernos, se convertiría en “arrepentido”, y saldría de prisión.

En el último trimestre de 2017, Comodoro Py se preparaba para las decisiones de más impacto y que coincidirían con otro momento político especial: el triunfo del gobierno de Macri en las elecciones legislativas de octubre, en las que revalidó sus primeros dos años, y en las que compitió Cristina Kirchner como candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos le ganó al kirchnerismo en ese distrito.

La tarde del 26 de octubre De Vido se entregaba en los tribunales para quedar detenido en la causa “Río Turbio”. 10 días antes la Cámara Federal había ordenado su detención y que se iniciaran los trámites para quitarle los fueros ya que era diputado nacional. “A la hora de examinar la presencia de riesgos procesales no corresponde limitar el análisis al arraigo o la manera en que los involucrados se comportan formalmente en el proceso penal, sino que resulta especialmente relevante determinar si existen datos reales, concretos y objetivos que permitan razonablemente presumir que los lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran aún vigentes y pueden estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación”, dijo el camarista Martín Irurzun, presidente de la Cámara Federal.

El juez destacó el faltante de documentación en la causa, el “rol preponderante” de De Vido en el hecho que se investiga y subrayó su actividad como diputado y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Lo consideró “un riesgo latente” para la investigación en curso de Río Turbio.

En la misma línea, el camarista Leopoldo Bruglia agregó que De Vido “tendría a su alcance las oportunidades y los medios necesarios -considerando especialmente la capacidad de influenciar y determinar a terceros- para intentar entorpecer la pesquisa y provocar una grave afectación al avance del proceso y a la averiguación de lo ocurrido”.

Así se inauguró lo que para muchos fue una amplia ventana por la que podría ingresar cualquier acusado para dictar su prisión preventiva: toda persona investigada en una causa penal, con algo de poder, estaba a tiro de una detención. La misma lógica se había aplicado en casos de lesa humanidad, con aval de la Corte Suprema.

Los nuevos detenidos. Apenas la Cámara Federal firmó esa resolución aquel 17 de octubre de 2017 por el caso Río Turbio, Bonadio la aplicó dos días después en la causa Gas Licuado cuando procesó con prisión preventiva a De Vido y a Roberto Baratta, ex funcionario del Ministerio de Planificación y quien quedó inmediatamente detenido. Y el 3 de noviembre hizo lo propio el juez Ariel Lijo cuando detuvo al ex ministro de Economía y ex vicepresidente Amado Boudou y a su socio y amigo José María Nuñez Carmona en un expediente por lavado de dinero.

Ambos magistrados utilizaron el argumento de “los lazos funcionales” que sentó Irurzun en el caso de De Vido. “Amado Boudou ejerció el cargo de Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación y posteriormente el de Vicepresidente de la Nación, lo que lo ubicó en las más altas esferas de influencia del poder estatal durante un extenso período. Esta influencia puede ser extendida a José María Núñez Carmona, a quien el Fiscal señaló como quien revestía el carácter de persona interpuesta de Boudou”, dijo el juez Lijo y destacó “las relaciones residuales”, además del poder económico para eludir la justicia.

Mientras la agenda política debatía la reforma previsional que proponía el Gobierno, el país se sacudía el 7 de diciembre de 2017 con la prisión preventiva de Cristina Kirchner dictada por Bonadio, que no se hizo efectiva por sus fueros. La detención alcanzaba al ex canciller Héctor Timerman (en detención domiciliaria por su estado de salud y luego fallecido), la del ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, la del dirigente social Luis D´Elia, la del integrante de Quebracho Fernando Esteche y la del miembro de la comunidad iraní Jorge Khalil por la firma del memorándum con Irán.

 “Es de destacar que Fernandéz, Timerman y Zannini se presentan en el hecho por el cual son procesados como las personas que aprovechando los cargos públicos que ejercían, traicionaron a la Nación Argentina con la intervención de otros funcionarios que dependían de ellos y la colaboración de otras personas que mantenían relación con autoridades de la República Islámica de Irán”, señaló Bonadio a la hora de explicar su decisión. Resaltó “la existencia de vínculos para obstaculizar la investigación” , las medidas que estaban pendientes y el cúmulo de causas que varios acusados tenían.

La Cámara Federal respaldó ese criterio, incluso dejando entrever que no había una nueva doctrina sobre las relaciones en el poder (“de novedosa no tiene absolutamente nada”, escribieron) y que “los parámetros que se emplean son iguales en todos esos supuestos” pero “lo que varía es la casuística, porque cada causa y cada imputado presentan, habitualmente, un escenario particular”.

El 2017 cerró con las detenciones de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa en la causa “Oil Combustible” y la de Carlos Kirchner, primo del fallecido presidente Néstor Kirchner y ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal. Las tres prisiones preventivas fueron ordenadas por el juez Ercolini, quien detectó presuntas maniobras por en dos causas distintas –Oil y obra pública- que hacían sospechar que se buscaba mover dinero embargado.

¿Libertades? En enero de 2018, sin embargo, una Cámara Federal de feria –con la intervención de un magistrado que analiza delitos comunes, ajeno a Comodoro Py- desempató un fallo uno a uno y resolvió poner en libertad a Boudou y Nuñez Carmona que habían estado dos meses presos en la cárcel de Ezeiza. Allí el camarista Eduardo Farah aseguró que era “irrazonable” la consideración en abstracto de pretendidas “relaciones residuales” o “influencias” fundadas “según los cargos públicos” que desempeñó el ex vice “para suponer un hipotético riesgo actual de entorpecimiento”.

En marzo de ese año, Farah junto al camarista Jorge Ballestero resolvieron liberar a López y De Sousa y entendieron que la acusación en su contra no debía tratarse como una defraudación al Estado sino como una “apropiación indebida de tributos”. Eso les valió la libertad de los empresarios pero también la salida a los jueces. El presidente Macri criticó el fallo, se activaron denuncias y los camaristas terminaron fuera de Comodoro Py. Pero en abril, en una votación dividida, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó volver a detener a López y De Sousa.

Cuadernos. Fue el 1 de agosto del 2018 cuando las prisiones preventivas volvieron sobre el debate, de la mano de otra figura clave: la ley del arrepentido. Fue cuando se activó la causa de los cuadernos de la corrupción. El expediente llegó a tener 60 personas bajo prisión preventiva tanto en su expediente principal -la de las anotaciones del chofer Oscar Centeno sobre cómo funcionarios de Planificación Federal cobraban coimas– y las colaterales que se abrieron.

“En el caso de los funcionarios, traicionaron el mandato otorgado por la población, pues aprovechándose de su cargo lograron vencer todos los controles que procuraban evitar que se produjeran perjuicios en las arcas del Estado. Además fueron ellos quienes organizaron a los particulares para apropiarse de un porcentaje del dinero correspondiente a obras públicas y subsidios nacionales entre los años 2003 y 2015”, dijo Bonadio al dictar la prisión preventiva en el caso de la cartelización de la obra pública, una de las ramificaciones de “cuadernos”. “Es posible sostener, que los ex funcionarios y Cristina Elisabet Fernández, atento a sus vínculos, siendo la última Senadora Nacional, de continuar en libertad podrían entorpecer el accionar judicial, tanto en el descubrimiento de la verdad, en el recupero del producto del delito y en la posibilidad de que se cumpla una sentencia condenatoria”, sostuvo para justificar las prisiones preventivas. Bonadio fue el juez que más detenciones ordenó.

La última prisión preventiva fue la de Martín Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, en febrero de este año en la causa por lavado de dinero por mover fondos en el extranjero cuando no podía hacerlo. Lo dispuso el Tribunal Oral Federal 4, que viene juzgando a Martin Baez, su padre, sus hermanos y Leonardo Fariña, entre otros.

Cambiemos. Los mismos fueros que impidieron la detención de Cristina Kirchner en la causa de Memorandum y Cuadernos también protegieron de la detención a la diputada de Cambiemos Aida Ayala, cuando quedó procesada con prisión preventiva por lavado de dinero en una causa en la que se investiga un negociado cuando era intendenta de Resistencia. Su detención se ordenó por las relaciones que tejió como intendenta que podían ayudarla a entorpecer la causa. Pero luego Casación anuló la prisión preventiva diciendo que el procesameinto no estaba debidamente fundado.

¿Cómo se pasó de 74 prisiones preventivas a que hoy haya 19 personas detenidas? Por los propios movimientos de los expedientes o por la intervención de otros tribunales.

En el caso de los cuadernos muchos detenidos salieron de prisión luego de convertirse en arrepentidos y recibir como beneficio la libertad a cambio de confesar en la causa. Fue el caso del ex secretario de Obras Públicas José López y de los empresarios Carlos Wagner, Juan Carlos De Goycoechea, Héctor Zavaleta, Javier Sánchez Caballero, entre otros. “Método extorsivo”, calificaron desde el kirchnerismo al uso que se le dio al sistema de arrepentidos por cambiar la libertad por confesar.

También porque la Cámara Federal comenzó a aplicar un criterio diferente al de Bonadio. Los camaristas Bruglia y Pablo Bertuzzi distinguieron entre quienes tenían un rol preponderante en la asociación ilícita (Cristina Kirchner, De Vido o Baratta) de los que su participación era menor. “Del examen de los hechos no surge que el nombrado hubiera desplegado una intervención que pueda equipararse a los casos anteriormente evaluados”, dijeron, por ejemplo, en el caso de Isidro Bounine, ex secretario privado de Cristina Kirchner, a quien liberaron. También exarcelaron a otros ex secretarios de Cristina que habían sido arrestados por entender que no había suficientes pruebas en su contra. Salvo en el caso de Gerardo Ferreyra, la Cámara Federal dijo que los empresarios no habían formado parte de la banda que recaudó dinero en el caso de los cuadernos, sino que solo lo entregaban como coimas. También quedaron libres.

En el caso de la causa del memorándum con Irán las libertades llegaron cuando el caso pasó a la etapa de juicio oral. El Tribunal Oral Federal 8 revocó las prisiones preventivas de Zannini y D´Elia y descartaron el argumento del poder residual. Los juezas Sabrina Namer y Gabriela López Iñiguez señalaron en marzo del año pasado que “no se advierten razones para pensar que Zannini y D´Elia tengan algún tipo de vínculo con el gobierno actual (NdA: el de Macri), como para tener por existentes las ´influencias´ referidas anteriormente”. Y agregaron que “la calidad de ex Secretario Legal y Técnico del encausado no resulta, por sí mismo, un dato del que pueda extraerse indicio alguno de riesgo procesal”.

El caso de Boudou y Nuñez Carmona merece una consideración aparte. Detenidos por Lijo en noviembre de 2017 y liberados en enero de 2018, el 7 de agosto fueron condenados en la causa Ciccone. El TOF 4 ordenó la inmediata detención de ambos. Pero después el mismo Tribunal Oral, con un cambio de juez, dispuso soltarlos diciendo que no tenían posibilidades de entorpecer la investigación de Ciccone II y que la condena aun no estaba firme. Sin embargo, Casación volvió de detenerlos y luego dejó firme la condena.

Las prisiones preventivas y la cantidad que se dictaron en los últimos tres años -a 74 personas- las puso en debate. Las defensas de los acusados sostienen que fueron políticas y sin justificación jurídica porque se basaron en argumentos abstractos que no tenían pruebas concretas de entorpecimiento de la causa.

Quiénes hoy están bajo prisión preventiva son Baratta, Lázaro y Martín Báez, Pérez Gadín, Chueco, Carlos Kirchner, Atanacio Pérez Osuna, Cristóbal López y De Sousa, todos en prisión. En arresto domiciliario se encuentran el “Caballo” Suárez y los empresarios Gerardo Ferreyra y Oscar Thomas. De Vido también está bajo prisión preventiva pero con una condena –a cinco años y ocho meses de prisión por la tragedia de Once– bajo revisión que podría quedar firme.

Hay otros ex funcionarios y personas ligados al gobierno kirchnerista que están presos, pero cumpliendo condena. Ahí se anotan Boudou, Nuñez Carmona y Nicolas Ciccone, quienes están cumpliendo preventiva porque técnicamente aun tienen posibilidades de apelación. También D’Elía, preso por la toma de la comisaría de La Boca, o Jaime y su sucesor en el área de transporte Juan Pablo Schiavi, están tras las rejas por la tragedia de Once junto a otros ex funcionarios y empresarios.

A los 74 detenidos en prisión preventiva en los últimos tres años se puede sumar a otros detenidos que no estuvieron bajo la órbita judicial de Comodoro Py pero sí detenidos en otros tribunales. Son los casos del arrepentido Fariña, de Minicelli, de la dirigente social de Jujuy Milagro Sala, del sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina y del ex jefe del Ejército del kirchnerismo César Milani, liberado hace un mes después de que lo absolvieran en una causa de lesa humanidad-.

Las críticas. En los últimos tiempos se escucharon voces críticas. La principal fue la de Alberto Fernández, por ser quién tiene más chances de ser el próximo presidente a partir de diciembre después del resultado de las PASO. “En la Argentina la regla siempre fue que todos tiene que estar en libertad hasta que no se compruebe su culpabilidad. La prisión preventiva debe ser la excepción. La verdad es que hay una sensación bastante entendible de que los jueces federales van acomodándose al calor del poder de turno, y eso es malo definitivamente”, dijo y señaló que algunos de los jueces que intervinieron en los casos iban a tener que dar explicaciones.

También fue crítico el ministro de Justicia, Germán Garavano: “La prisión preventiva siempre tiene que ser la última opción. Como dijo Alberto Fernández, creo que hay que analizar caso por caso”. En las ultimas horas, Garavano aseguró que “Comodoro Py es donde más se ve el panquequismo de los jueces”, mientras que Macri afirmó: “Si la justicia no es independiente no es justicia”. Precisamente, algunos temen que con el alejamiento de Cambiemos del poder comiencen a florecer las causas contra sus funcionarios.

“La prisión preventiva debe basarse en un razonable pronóstico acerca de la probabilidad de que el acusado pueda obstaculizar el proceso o fugarse, nunca puede ser la manera encubierta en que el Estado castigue a quien está sujeto a proceso”, dijo el año pasado el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkratz.

En una entrevista con Infobae, el también juez del máximo tribunal Horacio Rosatti advirtió que parecía haber “un tratamiento desigual” a la hora de aplicar las prisión preventivas. En una entrevista con CNN, su par Ricardo Lorenzetti afirmó: “La doctrina Irurzun es una sentencia de un juez que estableció un estándar mucho más rígido, más estricto, que responde a las demandas sociales también en caso de corrupción. Por eso mucha gente lo apoyó y otros jueces opinan distinto. Eso se soluciona con una sentencia unificadora de la Cámara de Casación o con una ley”.

El máximo tribunal podría intervenir en un caso concreto de prisión preventiva para fijar un criterio. El debate está abierto y con la expectativa de qué camino jurídico y político aplicarán los jueces federales con las prisiones preventivas con la llegada de estos nuevos aires.