En dos cifras se puede expresar la diferencia que bloquea un acuerdo definitivo entre la quinta de Olivos y los bonistas que operan en Nueva York. Alberto Fernández y Martín Guzmán proponen pagar una sola cuota de 300 millones de dólares hacia fines de 2023, mientras que los fondos de inversión exigen 6.000 millones de dólares que se abonarían desde 2021 hasta el final del mandato presidencial.

Los 300 millones equivalen al 0.5 de interés que se establece en la oferta del gobierno a los bonistas. Los 6.000 millones surgen de las distintas contraofertas informales de los acreedores privados que fijan una “escalerita” para los cupones desde 2021 y eliminan la quita de capital -5.4 por ciento- prevista en la iniciativa oficial.

“No. No hay acuerdo”, replicó Alberto Fernández cuando se enteró que proponían los bonistas bajo legislación internacional.

El Presidente no quiere caer en default, pero jamás aceptará una propuesta que contradiga su objetivos clave al momento de la negociación con los acreedores privados: evitar que un eventual acuerdo con los fondos implique un nuevo plan de ajuste económico. “No se trata de que los bonistas pierdan plata, sólo que en esta oportunidad ganen menos”, repite el jefe de estado en los medios públicos y privados.

Guzmán enfrenta una negociación compleja con los acreedores privados. Desconfían de su capacidad como broker, ya han explicitado su rechazo masivo a la propuesta oficial -más del 80 por ciento de los bonistas se negaron al canje- y la diferencia entre ofertas es de casi 6.000 millones de dólares.

En este contexto, Alberto Fernández ya tiene definido su próximo paso ante fondos de inversión. Si no hay acuerdo al 22 de mayo -esa fecha expira la propuesta oficial-, no pagará un sólo centavo de la deuda o de los intereses que venzan en 2020.

Si se cumpliera la amenaza presidencial, los bonistas dejarían de percibir cerca de 3.300 millones de dólares.

-¿Si no hay acuerdo con los bonistas al 22 de mayo, Argentina paga el vencimiento del bono Global?-, preguntó Infobae a un miembro del gabinete que conoce todos los secretos de la negociación.

-No paga.

-¿Y que pasará con los otros vencimientos del 2020?

-Entra todo en la reestructuración.

La posición firme de Alberto Fernández -que definió junto a Guzmán, al jefe de Gabinete Santiago Cafiero, y al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz-, es respaldada por importantes figuras académicas de Estados Unidos y Europa. Este apoyo no es un hecho causal: hay una línea de pensamiento global que propone una reformulación del sistema financiero ante las consecuencias sociales y económicas de la pandemia del COVID-19.

El Papa Francisco, la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, los premios Nobel Joseph Stiglitz y Edmund Phelps, y los catedráticos Jeffrey Sachs y Thomas Piketty aportan volumen institucional y doctrinario a este movimiento mundial.

Y el Presidente, junto a su ministro Guzmán, se apalancan sobre este núcleo duro para argumentar desde las ideas porqué negocian con dureza ante los acreedores privados. “Francisco y Georgieva proponen un cambio, y yo estoy de acuerdo con lo que están proponiendo”, reconoce Alberto Fernández en la intimidad de Olivos.

La estrategia negociadora de Alberto Fernández tiene contrapesos cuando medita ir al default ante la negativa de los bonistas de “ablandar” sus exigencias y cerrar -finalmente- un acuerdo con la Argentina. Esos contrapesos son disímiles y convergentes: se trata de la Casa Blanca y los sondeos de opinión que recibe el presidente en la quinta de Olivos.

El staff de Donald Trump para América Latina observa con interés los términos de la negociación que ejecuta Alberto Fernández frente a los acreedores privados. Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, aún no movió a favor de los bonistas. Pero su pasado está vinculado a Wall Street, y Trump ya junta fondos para su eventual campaña de reelección presidencial.

A pocas cuadras de la Casa Blanca, Georgieva administra los recursos financieros e institucionales del FMI. La directora ejecutiva avala la estrategia presidencial, pero jamás compartiría oficialmente la decisión de caer en default como réplica política a la posición intransigente de los bonistas de New York.

Al margen de la diplomacia secreta y el lobby permanente en DC, la compleja situación de la deuda externa también es analizada en los sondeos de opinión que recibe Alberto Fernández en Olivos. El Presidente leyó una encuesta de Hugo Haime -almorzaron hace unos días- y otra de Analogías que explicitan la posición de la opinión publica frente a un posible default en mayo.

“El 59% de los encuestados cree que si el Gobierno Nacional no llega a un acuerdo con los acreedores por el pago de la deuda externa, la situación se pondrá peor de lo que está, mientras que un 18% cree que seguirá igual de mal que hasta el momento. Estas opiniones negativas sumadas representan el 77% de las respuestas”, concluye el sondeo de Haime.

“Si bien se considera importante la resolución del problema de la deuda externa (77 por ciento de los entrevistados), hay un relativo escepticismo respecto a que finalmente se logre: sólo la mitad considera que así será”, asegura Analogías en la encuesta que llegó a la computadora del presidente.

El gobierno y los acreedores privados tienen ocho días para concluir las negociaciones. Alberto Fernández exhibe voluntad de acordar, pero no en los términos de la contraoferta informal que multiplica por 20 lo que ofrece la Argentina.

Si llega el 22 de mayo y no hay acuerdo, el default puede convertirse en realidad. Será otra autoprofecía cumplida.