La historia de esta licitación es un derrotero de final anticipado. E l ministerio de cursó la invitación para ofertar a 647 proveedores. De ese universo, se presentaron sólo dos. Pero, finalmente, ninguno estuvo dispuesto a los precios que el Estado se autoimpuso como tope: Entonces Arroyo y sus funcionarios volvieron del supermercado con el changuito vacío.

Del total que se había licitado (1,7 millones de paquetes), hubo sólo dos oferentes. Uno, Copacabana, viejo conocido ya que era una de las empresas que saltaron al conocimiento público después de la licitación polémica que derivó en el reemplazo de 15 funcionarios. La otra, Grupo Área.

La primera, se desestimó; la segunda, que era por sólo el 10% del total, no pudo ser adjudicada por no cumplir con el requisito de la licitación: que el precio esté por debajo de la referencia de Precios Máximos, regulados por la Secretaría de Comercio Interior.

La empresa ofreció vender 170.000 paquetes a $62,99 cada paquete. Pero resulta que ese precio estaba lejos de los 38,64 que estableció el precio máximo. Hubo una negociación para poder bajar el precio, pero la compañía vendedora sólo aceptaba una rebaja de 5%. Imposibilitado de convalidar ese valor, Arroyo decidió dar por terminada la compra y declarar fracasado el llamado.

De esta manera, los $65.688.000 de las partidas presupuestarias asignadas a las lentejas quedaron vacantes.

Desde que estalló el escándalo, el 6 de abril pasado, el presidente Alberto Fernández dio la orden de comprar con un precio tope, el mismo al que su propio Gobierno le pone a todos los supermercados del país. Pero sin modificar la forma de contratar del Estado, aquella idea parece más un deseo que una realidad.

Ayer se conoció la resolución 129/2020, también por la compra de alimentos. Se trataba de adquirir 1.700.000 paquetes de fideos de 500 gramos. Sólo logró hacerse de 1.020.000 millones". Declárase fracasada en la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 9/20 la cantidad de 680.000 paquetes de fideos de sémola", dice la norma en su artículo cuarto.

Formalmente, la Argentina tiene un sistema llamado Comprar. Allí anidan todos los expedientes que se generan para adquirir un bien o un servicio y que, al iniciarse, determinan un trámite digital al que se puede entrar con facilidad para auditar.

Durante la gestión del ministro de Modernización del anterior gobierno, Andrés Ibarra, se puso el acento en el desarrollo del sitio Comprar.gob.ar . Entonces se obligó a que todas las agencias y organismos públicos se sometieran a los procedimientos que se estipulan en la plataforma digital. Se cursaron 17 millones de documentos públicos con esa herramienta.

Desde la llegada de la pandemia se dieron dos medidas que determinaron la salida de ese sistema. La primera, un procedimiento de compra en emergencia distinto al habitual. Mediante el decreto 287/2020 se estableció la compra en emergencia. "Durante el plazo que dure la emergencia, las jurisdicciones y organismos (...) estarán facultados para efectuar la contratación directa de bienes y servicios que sean necesarios para atender la emergencia", dice la norma. Sólo hay un requisito final que sirvió de reaseguro: la publicación posterior en el Boletín Oficial.

A esa norma le siguió una segunda. El decreto 338 aprobó el denominado "procedimiento de contingencia", para ser utilizado ante "eventuales fallas en el módulo Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) o en cualquier otro soporte que requiera el uso de documentos digitales, a los fines de garantizar la firma en soporte papel y en forma ológrafa de los actos administrativos o comunicaciones" al Congreso. Es decir, estableció la posibilidad de regresar al papel para alejarse del sistema digital.

Luego del escándalo de los alimentos en el Ministerio de Desarrollo Social, y sin poder explicar el sobreprecio, Fernández decidió que no se paguen precios por encima de los que, por otra parte, su Gobierno obliga a cumplir. Se trata de revertir una situación ridícula, como ver al propio Estado no cumplir las normas a las que sí obliga a todos los comercios del país.

El 8 de abril, la Oficina Nacional de Contrataciones envió la nota 8/2020 a todos los compradores del Estado. "En los procesos de compra que se lleven a cabo para atender la emergencia (...) no podrá en ningún caso abonarse montos superiores a los Precios Máximos establecidos", dice el artículo 1.

Pero ninguna norma de fondo se modificó, más allá de la retórica discursiva. Y con las normas vigentes, sin tener fecha cierta de pago, los proveedores se alejan del Estado. Al final de cuentas, es un mal pagador y nadie le cree que cambiará sus formas.