Aún en pleno tironeo con los fondos de inversión más duros -con los que todavía persisten sustantivas diferencias, pese a los acercamientos de los últimos días-, y en el marco de un default que ya suma incertidumbre a la economía real, en el Gobierno no dudan de que los tiempos definitorios para el futuro de la deuda llegaron.

“La semana que viene va a haber muchas novedades”, anticipan cerca del ministro de Economía, Martín Guzmán. La primera llegará entre el lunes por la noche y el miércoles próximo, según indicaron dos fuentes oficiales, publicó el diario La Nación. Será cuando se presente la enmienda a la oferta original que la Argentina realizó el 20 de abril a los acreedores privados con títulos bajo legislación extranjera.

Esto es, se inscribirá una mejora formal ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, según las siglas en inglés). Desde entonces, se abrirá otro período de diez días para definir la adhesión a la nueva oferta argentina. La primera -cerrada el 8 de mayo- tuvo una aceptación baja, cercana al 13 por ciento, según los cálculos del mercado, que el Gobierno nunca desmintió. La semana pasada, Economía había extendido la negociación hasta el 12 de este mes.

En el Ministerio no anticipan los cambios que propondrá Guzmán para hacer converger la sustentabilidad de la deuda a largo plazo con el reclamo de los acreedores de una mejor propuesta. Sin embargo, se prevé que el valor presente neto (VPN) a una tasa de descuento del 10 por ciento será menor a los 50 centavos por dólar, que prácticamente “no habrá quita de capital”, y que, luego de que en el último retoque se hayan aceptado cambios en el período de gracia (de tres a dos años), no haya nuevas modificaciones al respecto. Los cambios podrían estar fundamentalmente en los pagos que vengan luego de 2024, cuando Alberto Fernández haya terminado su mandato. ¿Cuáles serán los instrumentos propuestos por el ministro Guzmán? Eso todavía es un misterio.

Tales indicios surgieron luego de una charla en los últimos días confirmada por el diario La Nación a través de fuentes en el Gobierno y también en Washington entre el Presidente y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, hoy máximos aliados.

Luego de esa conversación, el organismo -que tiene US$44.000 millones “hundidos” en la Argentina tras el Stand-by firmado con Mauricio Macri y que por reglas institucionales no acepta quitas en sus deudas- se refirió públicamente al “margen limitado” que tiene la Argentina para incrementar los pagos a los acreedores privados con los que negocia. “Es difícil ver cómo una reestructuración con una recuperación en VPN de la deuda por encima de 50 centavos por dólar (asumiendo una tasa de descuento del 10 por ciento) puede ser consistente con restaurar la sostenibilidad de la deuda”, definieron fuentes técnicas del Fondo.

El pedido del Presidente a la directora del FMI llegó luego de una aclaración pública que Guzmán ya venía deslizando en privado. “En general en las negociaciones venimos enfrentando dos desafíos. Uno es el de llegar a un entendimiento con todo el conjunto de acreedores. Y otro es el de reconciliar las posiciones de los distintos acreedores”.

Esa situación se mantiene, particularmente con tres fondos: Ashmore, BlackRock y Fidelity. Pese a que las diferencias son reales, se trata de discusiones que el oficialismo publicita, por requerimiento político, y los fondos minimizan como estrategia comunicacional.

La propuesta conjunta realizada la semana pasada por dos comités de bonistas, que aseguran que su oferta es sostenible, acercó las posiciones, pero no lo “suficiente”, según reveló el propio Guzmán. Esa insuficiencia se encarna todavía en cierta “intransigencia” -según describen en el Palacio de Hacienda- de esos acreedores institucionales. Más precisamente, en los 70 centavos por dólar reclamados para los títulos cuya tenencia rebosa en la cartera de Ashmore (fondo vinculado a mercados emergentes) o los 58,3 centavos de los vinculados mayoritariamente a BlackRock, que integran uno de esos grupos.

La tenencia de esos “bonos cortos” por parte de esos grupos es significativa, indicaron en el Ministerio de Economía, donde resuena el nombre del exsecretario de Finanzas y expresidente del Banco Central Luis Caputo, cada vez que se hace alusión a la emisión de esas series. “Van a cobrar casi sin quita”, se quejaba ayer un negociador argentino sobre la dureza de los grupos.

Los tres comités que discuten con el Gobierno, describió una fuente que participa en la negociación, representan cerca del 40 por ciento de los títulos elegibles por US$69.000 millones. El otro 60 por ciento son minoritarios (o no tanto) y a los que el Ministerio de Economía pidió contactar en las últimas semanas a través de los bancos HSBC y Bank of America.

A pesar de las diferencias, nadie quiere que las negociaciones fracasen. Hay incentivos para ambas partes para acordar. La pandemia y la crisis mundial impulsan a los acreedores a evitar una larga y costosa judicialización. Mejorarían su cartera, con títulos argentinos actualmente valuados a valor buitre, y se asegurarían liquidez en un contexto post pandémico.

En medio de la brecha cambiaria, las mayores restricciones al dólar y las expectativas de devaluación, Alberto Fernández les aseguró días atrás a los principales empresarios del país: “Ustedes tienen que estar convencidos de que este presidente no quiere el default”.