Un docente del nivel primario que cumplía funciones en una escuela rural de la puna jujeña fue condenado hoy a la pena de 35 años de prisión acusado por abuso sexual, corrupción de menores y tenencia de imágenes pornográficas de menores de edad, informaron fuentes judiciales.

El Tribunal en lo Criminal Nº 2 de Jujuy resolvió otorgarle al acusado la pena requerida por la fiscalía por considerarlo responsable de "abuso sexual con acceso carnal en cuatro hechos", abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser encargado de la educación en un hecho y corrupción de menores.

A eso delitos se sumó la acusación de tenencia de imágenes pornográficas y producción de imágenes pornográficas (dos hechos), "todo en concurso real", indicaron los voceros judiciales.

Para los jueces Luís Kamada -presidente de trámite-, Cecilia Sadir y Carlos Cattan, "quedó comprobada" la acusación fiscal de abuso sexual de cuatro de ellos, se "acreditó que observaba o tocaba los genitales de varios alumnos; y exhibió, en diferentes ocasiones, videos pornográficos a los menores de edad", aseguraron.

El Tribunal resolvió comunicar el fallo a la Secretaría de Niñez y Adolescencia y al Ministerio de Educación de Jujuy a los efectos de intervenir en la situación de los y las menores víctimas.

De acuerdo a la acusación fiscal, entre septiembre de 2017 y marzo de 2018, en una escuela primaria ubicada en una localidad de la Puna jujeña, el imputado se desempeñaba como docente, y habría abusado de tres de sus alumnas y alumnos de segundo y tercer grado.

Asimismo, exhibió a los niños y a las niñas vídeos pornográficos, y en ese contexto los habría filmado en situaciones violatorias de su intimidad.

Además, cuando fue detenido, el docente tenía en su poder una computadora, un teléfono celular, un pendrive y una tarjeta de memoria conteniendo imágenes pornográficas de menores de edad.

El fiscal, Atilio Bosatti, quien tuvo a su cargo la investigación requirió en su alegato a los jueces la pena de 35 años de prisión.

Durante el debate oral y público, los derechos de los y las menores víctimas fueron representados por la Defensora de Menores, Luisa Carmen Burzmiñski, en representación del Ministerio Público de la Defensa Civil.

Por su parte, la defensa técnica del enjuiciado la ejerció Carlos Hugo Salas y la secretaría del Tribunal estuvo a cargo de Andrea Meriles Lello.

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer dentro del plazo establecido por el Código Procesal Penal de la provincia, a partir de lo cual las partes podrán recurrir ante una instancia superior al Tribunal de juicio.