Con el guiño político del gobernador peronista Raúl Jalil, el oficialismo de Catamarca cosechó este jueves la sanción de una ley que elimina al Consejo de la Magistratura local. Además, elevó de cinco a siete el número de miembros de la Corte provincial.

La avanzada generó fuerte polémica y críticas desde filas de la oposición y desde sectores de la Justicia provincial y nacional, con epicentro en la derogación de la norma que creó en el 2000 el Consejo de la Magistratura catamarqueño.

En esa línea, el Comité Ejecutivo del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA) mostró su “preocupación” por la decisión de derogar “la Ley Provincial 5012 del 2000, por la que se creara el Consejo de la Magistratura en la provincia”.

“El Foro reafirma el alto valor institucional que tienen los Consejos de la Magistratura como órganos democráticos, pluralmente integrados y con representación de distintos estamentos, los que a través de concursos públicos de antecedentes y oposición y entrevistas proponen la designación de los postulantes más idóneos para cubrir cargos en la judicatura y en los ministerios públicos”, enfatizaron, consignó Ámbito.

Además, remarcaron que se trata de procedimientos que “garantizan la independencia judicial, la igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos, el compromiso de los postulantes con los valores democráticos y los derechos humanos y la idoneidad de los mismos, en tanto requisitos imprescindibles para asegurar un Poder Judicial efectivo y en un Estado Constitucional y Convencional de Derecho”.

Según el proyecto sancionado en la Legislatura catamarqueña, la norma derogada representaba una violación “ostensible” de artículos de la Constitución provincial “por cuanto ninguno de los poderes del Estado puede arrogarse facultades que no le hayan sido conferidas”

“Es claramente inconstitucional y falló en su tarea fundacional", argumentó días atrás el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Jorge Moreno, respecto del Consejo de la Magistratura.

“El Poder Judicial se arrogó facultades propias del gobernador para nombrar magistrados y funcionarios judiciales”, dijo, además de remarcar que eso provocó “un desequilibrio republicano que debe ser subsanado”.

La iniciativa cosechó el aval de la Cámara de Diputados el miércoles, y este jueves hizo lo propio el Senado, de la mano del poderío del oficialismo.

Fue un proceso veloz. En Diputados fue tratado sobre tablas y sin la presencia de los legisladores de Juntos por el Cambio, que argumentaron que no estaban dadas las condiciones sanitarias para una sesión presencial en una provincia en Fase 1 y no asistieron.

Desde filas de la Justicia, alzó la voz en contra el ministro de la Corte de Justicia, José Cáceres. “El gobierno provincial se sometió voluntariamente a una ley ‘inconstitucional’ porque lo consideraba beneficioso para la Justicia; ahora, volver atrás es retroceder institucionalmente, no tengo dudas", enfatizó, en diálogo con Radio Valle Viejo.

"Si hay que mejorarlo, como pueden ser los concursos que favorecen a algunos y perjudican a otros, entonces eso sí hay que cambiar, pero el instituto tiene que existir", agregó. Días atrás, se viralizó un video en el cual dos camaristas catamarqueños -hoy objeto de investigación- aparecen supuestamente recibiendo una presunta coima para liberar a un preso, publicó Ámbito.

Los cuestionamientos brotaron también desde la oposición.

"Catamarca está viviendo un golpe institucional sin precedentes. El gobierno hizo desaparecer el Consejo de la Magistratura e incrementará el número de miembros de la Corte. Es una maniobra para someter al Poder Judicial al capricho del Ejecutivo", arremetió el diputado nacional Rubén Manzi (Coalición Cívica-Juntos por el Cambio).

"Vamos a ser la única provincia con la peor calidad institucional que pretende pasar a la prehistoria del derecho público y a una acumulación de poder que nos debe avergonzar", disparó el vicepresidente del bloque de la UCR, Francisco Monti. Y aseguró que "no es casual que una vez que se rompiera el 0 de los casos de COVID-19 el gobierno haya avanzado en presentar proyectos para la acumulación de poder".

La Legislatura además sancionó una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para elevar de 5 a 7 los miembros de la Corte. Pero en el oficialismo provincial los aires reformistas son más amplios: Jalil anticipó la inminencia de un decreto de reglamentación de la ley que fija la edad de jubilación de los jueces en 65 años. "La Constitución es clara y los jueces se tienen que jubilar a los 65 años; ellos mismos presentaron un amparo para no cumplirla basándose en la opinión de otros jueces", argumentó el mandatario, que avanza así en algunos de los ejes reformistas que planteó en la campaña electoral que lo llevó a la gobernación, con fuerte polémica incluso puertas afuera de la provincia.