El Arzobispado de Santa Fe dio a conocer a principios de julio la implementación de un "sistema" para presentar informes sobre "sospechas fundadas y/o denuncias sobre casos de abuso sexual contra menores y adultos vulnerables, por parte de clérigos y consagrados, y del encubrimiento de los mismos". El anuncio derivó en una denuncia penal al Arzobispado y a los arzobispos de Santa Fe, Sergio Fenoy, y de Rosario, Eduardo Eliseo Martín realizada por el abogado Carlos Ensinck que terminó con el inicio de una investigación de parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA) por "usurpación de funciones". Esta semana admitieron que recibieron una denuncia de abuso pero no la informaron a la Justicia, y la denuncia penal de Ensinck fue ampliada.

Ante este escenario de preocupación, y a partir de la entrevista que realizó UNO Santa Fe al Arzobispado donde confiesan que no están capacitados para recibir a víctimas de abuso, entre varias declaraciones polémicas en relación a consultas por las respuestas que han recibido víctimas de abusos en la iglesia santafesina, la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina envió un comunicado.

"De impunidad, delitos y una red en expansión", 20 de Julio de 2020.

La Red no es para nosotros una herramienta más, ella es quien sostiene a las víctimas, nos sostiene. Es un espacio donde se comparten vivencias, se reúne e intercambia información, y también se detecta, denuncia y atrapa a delincuentes. Una vez más, la Iglesia Católica intenta evadir y burlar el debido proceso. Una vez más intenta quebrar la Justicia, la única Justicia para delitos graves cometidos por quienes forman la iglesia. Los cañones de la impunidad eclesiástica siguen apuntando a las víctimas. Esta vez en Santa Fe, quienes delinquen vienen por los testimonios de las víctimas, a cualquier precio, ellas no importan, se las puede revictimizar nomás con el objetivo de siempre, encubrir delincuentes. El propósito es claro, quieren recabar toda la información posible en relación a los delitos cometidos, para de este modo desarticular a la víctima y evitar el desarrollo del debido proceso. Y así también de este modo generar un capital de información indispensable para futuras defensas de sus denunciados/delincuentes.

El pasado 7 de mayo de 2019, el papa Francisco (Jorge Bergoglio) dio a conocer la carta apostólica “Vos estis lux mundi” (“Eres la luz del mundo”). En este documento se detallan las normas que entraron en vigor el 1 de junio de 2019 y que son el fundamento para la puesta en marcha –el pasado 29 de junio de 2020– de “un canal, un sistema estable y fácilmente accesible al público donde realizar denuncias, “con el objetivo de detectar casos de abusos protagonizados por clérigos y consagrados contra menores y personas vulnerables”.

Es oportuno recordar que el mandato de Bergoglio lleva aproximadamente unos siete años, en los que si de alguna manera ha querido echar luz sobre algo, su candelabro nunca encendió. Los oscuros sótanos de la Iglesia Católica nunca jamás han visto luz. Las tan tenebrosas como perversas zonas de silencio institucional nunca se enteraron del arribo “del Papa revolucionario”.

El Arzobispado santafesino dio a conocer así parte del oscuro “canal”:

 “Los informes contendrán los elementos de forma detallada, como indicaciones del tiempo y lugar de los hechos, de las personas involucradas o con conocimiento de los mismos"

 “En todos los casos, los hechos o sospechas denunciadas deben estar fundadas.

Deberán estar firmados, con número de DNI y un teléfono o dirección de correo electrónico”.

 “Para esto se designó a un responsable de recibir esos informes y un asistente”.

Esto es, cuando menos, extraño. ¿Quién en su sano juicio recurriría al victimario mismo para solicitar justicia y reparación? ¿Qué nos hace creer o considerar que quienes ya optaron por proteger, resguardar y encubrir delincuentes, optarán ahora por las víctimas? La historia, los hechos y nuestra experiencia propia certifican que no lo harán, que ya eligieron. Insistimos. Ya han tomado partido y es por los delincuentes. Lo hicieron así con los curas Ilarraz, Moya, Escobar Gaviria, en Entre Ríos, y hasta César Grassi a varios años de su condena conserva el estado clerical. Siguen siendo curas, son delincuentes que son parte de la institución eclesiástica. Y es así porque tienen el aval del mismo papa Francisco.

Lo propuesto por los arzobispados de Rosario y Santa Fe ya fue ensayado por el arzobispo Juan Alberto Puiggari, en Entre Ríos, en abril del 2018, tanto en similitud, como en su historicidad todo es sospechosamente llamativo. El proyecto de Puiggari data de abril del 2018, cuando aún la carta apostólica de Bergoglio no estaba en marcha. ¿No es esta una prueba de que su actuación es orgánica y consecuente a un orden único?

Lo propuesto por Puiggari en aquel momento, y que nuestra Red supo denunciar públicamente, también olía fétido. En su redacción se leían párrafos como

II. Conocimiento/recepción de la información/sospecha de abuso en un ámbito eclesial.

 “La persona que tomó contacto con la noticia, o bien la autoridad/superior de la institución de que se trate deberá contactarse inmediatamente con las autoridades eclesiásticas, a fin de hacerles saber lo sucedido, preferentemente por escrito y con la mayor cantidad de datos posible. La noticia deberá contener la suficiente información (lugares, personas, fechas, etc.) como para facilitar las investigaciones y permitir eventualmente al acusado ejercer apropiadamente su derecho de defensa”.

 “Procurar entrevistarse, tan pronto como sea posible, con los padres, tutores, curadores o apoyos del menor o adulto vulnerable a fin de oír su presentación”.

 “Comunicar al arzobispo la situación planteada en el plazo máximo de 48 horas, pero si el acusado es un laico, deberá instruir al directivo/superior correspondiente para que se comunique con quien tiene el derecho de instar a la acción penal”.

IV. Intervención del arzobispo:

 “Se asegurará que las personas afectadas tengan acceso a la ayuda espiritual y/o psicológica que requieran”. “Se interesará por el bienestar de las comunidades inmediatamente involucradas”.

 “Tomará las medidas oportunas para salvaguardar la buena fama de todas las personas mencionadas en las denuncias”.

 “Procurará siempre que se lleve adelante la investigación eclesiástica de modo de no interferir con las eventuales diligencias o procedimientos llevados a cabo por las autoridades del Estado”.

A pesar de su protocolo, el arzobispo Puiggari NUNCA acompañó a las víctimas, NUNCA colaboró con la Justicia, y menos aún actuó en consecuencia con los veredictos de la misma.

Fue entonces que ante lo expresado por parte de la Iglesia Católica en Santa Fe, un lúcido abogado rosarino, comprometido con la verdad y la justicia, el Dr. Carlos Ensinck realizó la denuncia penal correspondiente los primeros días de julio por: "Usurpación de autoridad, títulos u honores –art 246 CP y 172 CP– estafas y otras defraudaciones". El mismo explica: "Están usurpando funciones que corresponden a la autoridad pública, específicamente al Ministerio Público de la Acusación, que es la única Institución del Estado de Derecho autorizada a recibir denuncias. La cual cuenta con un código de procedimiento y garantías constitucionales". "Mons. Eduardo Eliseo Martin –y Sergio Fenoy– están violando las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio consagradas por la Constitución Nacional y Pactos Internacionales. Plantea que “en cuanto a la falsa representación que asume y ejerciendo funciones públicas, sin título o nombramiento expedido por autoridad competente, el damnificado es la Administración Pública y consecuentemente la fe pública”. “Están promoviendo… el encubrimiento”. “Sabemos que la estructura monárquica de la Iglesia se contradice con el Estado de Derecho, toda vez que no hay división de poderes ni publicidad de sus actos, es así que la arquidiócesis promueve recibir denuncias para luego tramitarlas en su propio procedimiento engañando y vulnerando aún más al denunciante”. “La arquidiócesis se arroga funciones del Estado que no le son propias”.

La investigación está a cargo de la fiscal Jorgelina Moser Ferro, de la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual del Ministerio Público de la Acusación, encargada de las investigaciones que ya se iniciaron en la ciudad de Santa Fe. A lo dicho en el párrafo anterior hay que sumarle lo que el mismo Código de Derecho Canónico –por el cual se rigen las investigaciones consecuentes a denuncias de abuso– expresa en su Art. 1719: “Si no se requieren para el proceso penal, deben guardarse en el archivo secreto de la curia las actas de la investigación y los decretos del Ordinario con los que se inicia o concluye la investigación, así como todo aquello que precede a la investigación.”

Parece absurdo hasta bizarro, pero es imperioso recordar, tener presente, repetir y repetir que no es lo mismo un pecado que un delito, que no es lo mismo víctima que victimario, y que la Iglesia no es el Estado. Y aquí está la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina para recordarlo, tenerlo presente y repetirlo y repetirlo. “No estamos anestesiados ni somos unos inconscientes. Fuimos casi domesticados para no darnos cuenta. Como era un casi, estamos absolutamente despiertos y conscientes. No nos engañan más. No nos callan nunca más."