El Banco Nación reclamará ante el juez federal, Julián Ercolini, y el fiscal federal interviniente, que se investigue la venta del frigorífico Friar, propiedad del grupo empresario “Vicentin”, que se habría transferido a otro grupo empresario, informó la entidad financiera en un comunicado.

Al mismo tiempo, se presentará como querellante ante la justicia de Rosario para que evalúe el accionar de la cerealera, ante la posibilidad de que se genere un vaciamiento del patrimonio de la empresa santafesina.

El reclamo del Banco surge de las versiones periodísticas que señalan que Vicentin vendió el 50% del frigorífico Friar al fondo Buenos Aires Finantial Capital (BAF Capital) y, al mismo tiempo, habría transferido a Uruguay los fondos que se generaron en esa operación, en vez de utilizar esos recursos para achicar la deuda de más de U$S 300 millones que mantiene con la entidad financiera.

Para el presidente de la entidad, Eduardo Hecker, “la cerealera concursada continúa con el desprendimiento de sus activos, en una clara maniobra para evitar la cancelación de los créditos, lo que constituye un importante perjuicio para el patrimonio del Banco”.

Asimismo, denunciará esta situación ante el juez Fabián Lorenzini, titular del Juzgado que tramita el concurso en la ciudad de Reconquista, quien tiene que resolver el incidente iniciado por la Inspección General de Justicia de Santa Fe, que en su momento solicitó la intervención del Grupo por supuestas maniobras de vaciamiento.

En tanto, está prevista para el próximo lunes 7 de septiembre una audiencia en Reconquista para analizar el pedido efectuado por el gobierno de Santa Fe, ocasión en la cual las autoridades pedirán que se evalúen las acciones llevadas a cabo por el actual Directorio de Vicentin.

A esa situación se suma el informe presentado en el Concurso Preventivo por KPMG, la auditora internacional, quien se negó a continuar como auditora externa del grupo.

En el escrito que presentó ante la Justicia Civil y Comercial de la ciudad de Reconquista, KPMG informó que “suspendió la auditoría” del ejercicio de Vicentin que cerró el 31 de octubre de 2019 al señalar que “la cesación de pagos del cliente tiene un impacto generalizado en la capacidad de la organización para continuar como empresa en marcha”.

Por último, Hecker exigió –nuevamente-,  la presentación del balance de 2019 que es “imprescindible” para determinar la situación patrimonial del Grupo Vicentin y la adopción de medidas judiciales que impidan que la empresa se desprenda de activos.