El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, convocó para este jueves a funcionarios y organismos de derechos humanos a una reunión virtual de la comisión que coordina los juicios por delitos de lesa humanidad, citación que fue rechazada por “oportunista” por la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, en medio de la tensión entre el gobierno y el máximo órgano judicial del país.

“La repentina convocatoria a una nueva reunión por parte de la presidencia de la Corte (ejercida por Rosenkrantz), tras varios meses de insistencia de los organismos de derechos humanos, que son los verdaderos faros en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, no deja de resultar oportunista”, señalaron ambos funcionarios en una carta abierta que se difundió en las últimas horas.

Para Losardo y Pietragalla Corti, “no están dadas las condiciones para que este imprescindible espacio de articulación entre todas las agencias del Estado involucradas en el avance de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país pueda funcionar de modo adecuado”, y agregaron: “A partir de la última reunión realizada (23 de septiembre de 2016) el desempeño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia ha sido de enorme retroceso”. 

La Comisión Interpoderes, cuya creación se materializó tras la acordada de la Corte Suprema N° 42/08, es el ámbito en el que los tres poderes del Estado deben coordinar, de manera periódica, las acciones para llevar adelante el proceso de juzgamiento de los responsables de los delitos cometidos durante el Terrorismo de Estado.

"Es sabido que el letargo en el que se encuentran sumergidas estas causas, muchas de ellas pendientes de un fallo de la Corte Suprema hace varios años, implica necesariamente la consolidación de la ‘impunidad biológica’, por la cual los responsables de estos aberrantes delitos mueren sin condena; y las víctimas y familiares también fallecen sin alcanzar la justicia que el Estado les debe garantizar como forma de reparación”, agregaron los funcionarios en el texto.

Y reclamaron por parte de la Corte “una verdadera política de Estado” que no se puede basar “en convocatorias oportunistas; sino en un desempeño coherente”, que incluya por parte del Alto Tribunal “medidas institucionales sostenibles y fallos rápidos y respetuosos de los compromisos internacionales de derechos humanos”. 

Este desplante del gobierno tiene lugar luego de las críticas por parte de dirigentes del oficialismo hacia Rosenkrantz y los integrantes de la Corte Suprema que, incluso, promovieron la posibilidad de avanzar en proyectos de juicio político.

“Yo creo que el juicio político lo que plantea es un escenario de discusión. Esta es una Corte agotada que juega al truco más que apoyarse en decisiones jurisprudenciales. Es una Corte que está institucionalmente muy degradada y jurídicamente no tiene el nivel de otros tiempos”, planteó la semana pasada el diputado nacional Leopoldo Moreau en diálogo con radio Con Vos.

Rosenkrantz respondió a las críticas del kirchnerismo, en una defensa escrita que envió a Infobae. “Hace tiempo soy blanco de una persistente campaña de desprestigio en distintas publicaciones y por parte de distintas personalidades. Me atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza. Así, por ejemplo, me han imputado ante el Juzgado Federal 4 tener nada menos que 71 cuentas en el exterior, todas a mi nombre, para cobrar sobornos en numerosos paraísos fiscales. La imputación no solo es falsa, tal como lo manifesté en una presentación que hice en marzo de este año en dicho tribunal, sino completamente disparatada”, sostuvo el juez en una nota.