La senadora nacional Stella Maris Olalla (UCR-Entre Ríos) adelantó cerca de las 22 su voto positivo al proyecto de ley de aborto legal. Se trata de uno de los votos claves, ya que se ubicaba dentro de los considerados indecisos.

“Mantener la prohibición no eliminará el sistema clandestino, que está sobradamente demostrado que existe”, advirtió, y reforzó: “Y no habrá mejora en el sistema de salud si seguimos no llevando adelante la educación sexual integral”.

“Se trata de una cuestión de derechos y que el Estado debe elegir la continuidad o no de un embarazo de acuerdo con la voluntad de la mujer”, entendió la legisladora, quien postuló, tras reseñar las causales habilitantes contempladas en 1921 en determinados casos: “La interrupción voluntaria del embarazo por la mujer debe ser incorporada como una nueva causa habilitante, lo que se encuentra dentro de las facultades de este Congreso, y en tal sentido, se están ampliando los derechos en concordancia con la voluntad de la mujer”.

“Estamos tratando una ley que se refiere a la cuestión de salud de las jóvenes, de las mujeres y, esencialmente, a un tema de derechos humanos”, comenzó su discurso la legisladora radical, uno de los más esperados, ya que Olalla se ubicaba en el grupo de indecisos. Seguidamente, citó la definición de salud de la OMS, recalcando que se trata de “un estado completo de bienestar pero, fundamentalmente, físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades”. También se referenció en el Protocolo de San Salvador, firmado por Argentina, que versa en el mismo sentido. Sobre este último, además, trajo a colación la importancia de la educación.

A continuación, mencionó respecto a la interrupción de embarazos no deseados "las estadísticas preocupantes y complejas que nos llegan permanentemente, no solo de la capital sino de las provincias, y el embarazo juvenil que se da fuertemente en las provincias. Cabe preguntarse en relación a estos datos qué ha hecho el Estado, en todos sus niveles, para corregirlos, para proteger el derecho a la salud”.

“Si miramos los resultados, lo hecho es poco o por lo menos no es suficiente”, observó, por lo que se llega, dijo, al panorama actual de tratar esta ley. Así, consideró al texto abordando "cuestiones de salud pública; estamos tratando de reducir las muertes y las consecuencias gravísimas a las mujeres que acuden en la clandestinidad, que es absolutamente insegura para resolver embarazos no deseados”. Y agregó: “Sabemos que el Estado también no ha cumplido con la educación sexual integral, que es ley pero evidentemente no satisface las necesidades. Ese mismo Estado que debió desarrollar con mayor fortaleza la educación sexual integral penaliza a las mujeres en este tipo de situaciones”.

Y recordó, para graficar “el poco interés en el tema de la educación”, que en 2018, cuando se trató el proyecto de aborto legal por primera vez: “Los legisladores de ese momento prometieron desarrollar propuestas de educación sexual integral, que no han sido suficientes. Han pasado dos años, y en lugar de haberse intensificado el tema, no está presente, en una demostración que podríamos decir de poco compromiso con los derechos, y en especial por los que deben ser conocidos por las mujeres y esencialmente por nuestra juventud en las instituciones educativas”.

“El Estado argentino es un Estado laico, como lo dice la Constitución, independientemente de las cuestiones de conciencia y religiosas, y, por eso, para resolver este tema, no es de vida o de muerte”, subrayó. Y abordó la cuestión de la incorporación de nuevas causales a las contempladas en 1921. “En ese momento se consideraron causales. Como todos sabemos, no se ha impugnado esta ley por inconstitucional, por lo que se debe interpretar que las causas que motivaron esa inclusión han sido convalidadas y existen. Y a las causas del 1921, pueden haber en este presente otras, si contribuyen a arreglar el problema de salud que estamos queriendo corregir”, y de acuerdo “con la autonomía de la voluntad de la mujer”.