El gobierno nacional dio el primer paso para la contratación de la empresa que estará a cargo de una instancia clave para las elecciones legislativas de este año: el recuento provisorio de los votos. Con este objetivo, publicó en el Boletín Oficial el anteproyecto del pliego de la licitación pública para el conteo preliminar, tanto de las elecciones primarias (PASO), como de las generales.

Más allá de los aspectos técnicos, la decisión puede leerse en clave política ya que indica que el Ejecutivo está decidido a avanzar en la realización de las PASO, pese al pedido de una mayoría de gobernadores de suspenderlas por única vez, por la situación sanitaria y los recursos que insumirían en medio de la crisis económica generada por la pandemia. El reclamo divide posiciones en el oficialismo, aunque tiene casi nulas posibilidades de prosperar ya que se requiere que sea por ley a nivel nacional y, a su vez, sea prueben normas similares en las distintas legislaturas provinciales para suspender las primarias en la elección de legisladores a nivel local. Desde el principal espacio opositor de Juntos por el Cambio, hicieron público su rechazo a la iniciativa.

Los números del escrutinio provisorio son los que se difunden la noche de los comicios, y permiten saber quién ganó en pocas horas, más allá de que el único recuento que tiene validez es el definitivo que realiza la Justicia Electoral. Este último demora entre una y dos semanas, e históricamente no tuvo variaciones sustanciales con el preliminar. Sin embargo, en elecciones legislativas, unas décimas pueden implicar que una fuerza política logre o no el piso mínimo para competir en las generales, o que entre un legislador más de una lista.

¿Por qué es clave el recuento provisorio? Porque según cómo se realice el conteo y difundan los datos se puede manipular la información. Este proceso está a cargo del Ministerio del Interior, y siempre la oposición de turno tiene suspicacias sobre cómo se van cargando los números en el sistema online, especialmente en elecciones parejas, ya que puede dar lugar a creer que va ganando un candidato o lista, y a medida que avanza el conteo, se demuestra que no es así.

En las elecciones presidenciales del 2019, el escrutinio provisorio estuvo a cargo, por primera vez, de Smartmatic, contratada durante la gestión de Cambiemos. Desde el retorno de la democracia hasta 2017, había estado a cargo de la española Indra. La decisión se tomó en ese momento luego de un largo y controvertido proceso licitatorio donde el Correo Argentino, a cargo de la contratación, privilegió la oferta económica por sobre las cualidades técnicas como mecanismo para elegir un ganador. El argumento desde el oficialismo fue que el costo era casi la mitad de lo que el Estado había pagado en 2015. El contrato fue de USD 16.899.920, mientras que cuatro años antes el Ejecutivo había desembolsado USD 33 millones.

Smartmatic es una firma fundada por dos venezolanos que hizo sus primeros trabajos para el chavismo en Venezuela, hasta que dejó el país luego de más de un década, tras realizar una denuncia pública por “manipulación” en las elecciones para la Asamblea General Constituyente de 2017 y retiró su oficina en ese país. La empresa -que participó de comicios en distintos países, con cuestionamientos en algunos de ellos- fue objetada ante la Justicia Electoral por el Partido Justicialista, que pidió explicaciones sobre el software utilizado por haber funcionado en forma “defectuosa” en el simulacro. También cuestionó la demora de la firma en entregarlo a las fuerzas políticas. El reclamo derivó en que la jueza federal María Servini ordenara la intervención de los veedores judiciales en el marco de la medida cautelar presentada por el Frente de Todos poco antes de las Primarias.

“Acá el problema es la manipulación del escrutinio provisorio, que permite instalar un resultado que no es tal. Las fallas con Smartmatic son tremendas. Me temo que el gobierno busque manipular el escrutinio provisorio y así instalar un resultado falso”, había afirmado Alberto Fernández, días antes de las primarias de agosto de ese año que le darían un triunfo contundente, y sin cuestionamientos posteriores a la difusión de los datos.

Más allá de esos cuestionamientos, la transmisión de los telegramas sí estará a cargo nuevamente de Smartmatic, ya que es la empresa contratada por el Correo Argentino durante la gestión de Cambiemos y su licitación se extiende hasta el 2025.

“Macri le pagó una fortuna a Smartmatic, no solo para las elecciones del 2019, si no para las cuatro posteriores para la transmisión de los telegramas desde los centros de votación. Nosotros vamos a respetar lo que está firmado”, afirmaron fuentes del Ministerio del Interior.

El borrador del pliego

El anteproyecto establece que la empresa que resulte ganadora deberá estar a cargo de “la recepción, digitación y totalización de telegramas”; la publicación de resultados; así como del “control, monitoreo y auditoría” del proceso. Para esta tarea deberá proveer y poner a disposición de la Dirección Nacional Electoral (DINE) infraestructura edilicia, tecnológica, de comunicaciones y de seguridad, así como el software electoral requerido.

La publicación del borrador del pliego el martes por parte del Ministerio del Interior habilita a las empresas interesadas a que, por el plazo de 10 días corridos, puedan presentar observaciones y/o sugerencias por correo electrónico a recuento@mininterior.gob.ar. “En esta oportunidad se habilitó a que interesados puedan realizar observaciones y sugerencias no vinculantes, con el objetivo de lograr mayor transparencia y mejorar el proceso licitatorio”, se informó desde la cartera que conduce Eduardo “Wado” de Pedro.

A diferencia de la contratación del 2019, el anteproyecto de la nueva licitación dispone que la oferta deberá hacerse esta vez en pesos. “No hay precio base fijado porque hay que ver las especificidades de lo que ofrecen”, explicaron desde el Ministerio del Interior.

Según corroboró Infobae con fuentes de esa cartera, hasta la publicación de esta nota no había llegado ninguna. Smartmatic puede volverse a presentar a la licitación, más allá de las críticas que recibió de la oposición de entonces, hoy en el gobierno. “Es abierta a cualquiera, no recibió objeciones”, le dijeron desde esa cartera a Infobae.