El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat e intendente de Avellaneda en uso de licencia, Jorge Ferraresi, es dueño de un terreno baldío en ese municipio, alcanzado por una flamante ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante, que habilita la expropiación de terrenos vacíos sin uso, al cabo de ocho años sin edificar.

Ferraresi lo compró en 2019 y declaró haberlo adquirido para “inversión”, según figura en la primera declaración jurada que debió presentar ante la Oficina Anticorrupción, cuando asumió como ministro hace poco más de seis meses. Lo declaró con un valor fiscal de $4.100.000.

Está ubicado en la calle Palaá al 400, en la zona céntrica de Avellaneda. Un informe de Periodismo para Todos emitido esta noche comprobó que el terreno sigue sin edificar. Tiene 308 m2 y se extiende hasta la calle del otro lado de la manzana. Detrás de un paredón pintado con murales callejeros solo hay pastos crecidos y árboles.

Una vecina del barrio, Graciela Castro, le contó al equipo de PPT que ella vivió en la casa que estaba construida detrás del muro, hace 30 años. Pero después que su padre la vendió, la vivienda fue abandonada y tapada por la vegetación. Desde entonces, nunca se construyó más nada.

“En Avellaneda hemos expropiado muchas tierras ociosas para generar y construir viviendas, para urbanizar barrios”, sostuvo el propio Ferraresi la semana que pasó en declaraciones radiales.

Intendente de Avellaneda en uso de licencia desde asumió al frente de la cartera de Vivienda el 19 de noviembre pasado, según la boleta de ARBA correspondiente a la partida del inmueble sin edificar, no pagó aún la cuota 3 del impuesto inmobiliario, que venció a principios de junio. El monto adeudado, junto a la próxima cuota, totalizan $24.939, con vencimiento el 23 de junio próximo.

La ordenanza fue aprobada por el Concejo Deliberante local el 10 de junio, sobre tablas, sin debate en Comisión, luego de que el oficialismo del Frente de Todos impusiera su mayoría. La norma dispone que los dueños de terrenos vacíos o con edificaciones frenadas deberán construir en un plazo máximo de ocho años. Durante ese tiempo, además, también deberán pagar más impuestos si no construyen. Luego, los inmuebles podrán ser declarados de utilidad pública y expropiados.

La imprevista votación tuvo lugar dos días después que Alberto Fernández dijera en un acto en Mercedes que “no tenía sentido tener tierras improductivas sin uso cuando alguien está necesitando un terreno”.

Avellaneda es el bastión de Ferraresi, donde vive y declaró dos inmuebles: este terreno baldío y otro edificado en el barrio de Sarandí, que comparte con su mujer, Magdalena Sierra, en un 50%. El actual ministro estuvo al frente del Municipio desde 2009. Al ser designado para hacerse cargo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, pidió licencia y dejó en su lugar a su ex jefe de Gabinete y delfín, Alejo Chornobroff, de solo 29 años.

A principios de este año, la esposa de Ferraresi dejó su banca como diputada nacional del Frente de Todos para asumir en ese cargo, y hacerse cargo en los hechos de las principales decisiones de la gestión. Así el hoy ministro no perdió el control de lo que sucede en el Municipio de Avellaneda.

Qué dice la polémica ordenanza

La ordenanza aprobada diez días crea el “Registro Público Municipal de Inmuebles Baldíos, Inmuebles con Edificación Derruída o con Edificación Paralizada”, que deberá publicarse en el boletín oficial de este distrito del sur del Conurbano bonaerense. Todos los inmuebles que ingresen al registro deberán pagar un 50% más de impuestos.

A partir del tercer año, siempre y cuando el dueño del inmueble no haya comenzado una obra, se agrega una alícuota especial, que incrementa la cuota todos los años. “En caso de incumplimiento de las obligaciones y plazos establecidos en el artículo 4 (que habla de un plazo de tres años para edificar), se aplicará un gravamen especial sobre el inmueble consiste en un incremento progresivo de la tasa de servicios generales por 5 años del 50% sobre la tasa vigente en la ordenanza impositiva, respecto del valor que el contribuyente hubiera abonado el periodo fiscal anterior”, estipula el artículo 8 de la ordenanza a la que accedió Infobae.

Transcurrido los ocho años, y luego de superar una carga impositiva exorbitante, el Municipio quedará habilitado para declarar de utilidad pública el inmueble y expropiarlo, previo paso por la Legislatura de la provincia de Buenos Aires y el pago de una indemnización.

“Esta ordenanza viola claramente el derecho constitucional de la propiedad privada. Si una familia hereda un terreno y lo quiere retener 10 años hasta que su hijo crezca y se haga su vivienda no va a poder hacerlo. El estado los está obligando a deshacerse del mismo en caso de no poder tener fondos para construir en ese momento o simplemente no quieran hacerlo por una cuestión personal. No les da la posibilidad de elegir qué hacer con su patrimonio, es una medida totalmente arbitraria y anticonstitucional al mejor estilo Venezuela”, cuestionó Lucas Yacob, concejal del PRO en Avellaneda, en diálogo con Infobae.