El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, expuso hoy ante la Cámara de Diputados en el marco del debate del proyecto de Presupuesto 2023. El intendente de Hurlingham en uso de licencia apuntó contra la concentración del sector de productores de alimentos y denunció que no le venden al Estado “para destinar los productos a la exportación”.

“Hace tiempo que no podemos comprar azúcar y aceite por el nivel de concentración que tienen las alimenticias. Está claro que estas empresas están aumentando fuerte sus márgenes de rentabilidad”, dijo el funcionario al hablar sobre las licitaciones fallidas para la compra de alimentos.

El cuestionamiento del ministro cercano a Alberto Fernández resonó por su similitud a lo manifestado la semana pasada por Cristina Kirchner. La Vicepresidenta había aprovechado los datos de pobreza e indigencia difundidos por el INDEC para insistir con la necesidad de controlar los precios de los alimentos.

“El Indec publica hoy datos sobre el descenso de la pobreza del 37,3% al 36,5% en el primer semestre del 2022. Sin embargo en el mismo período la indigencia aumentó del 8,2% al 8,8%, esto evidencia el impacto del fuerte aumento en los precios de los alimentos”, comenzó la ex mandataria.

“Está más que claro que estamos ante un fenómeno de inflación por oferta y no por demanda. Las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad”, continuó. Y remató: “El ministerio de Economía ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia, pero es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia”.

En su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Zabaleta sintetizó los resultados de los diferentes programas sociales y de inserción laboral, al tiempo que adelantó que en 2023 “se continuará trabajando para incentivar la contratación bajo la forma de empleo registrado” de los beneficiarios.

“El 90% del presupuesto se concentra en políticas alimentarias y de inclusión socio-laboral”, remarcó, al referirse a los principales aspectos del proyecto de ley para 2023 en lo que respecta al Ministerio de Desarrollo Social.

Indicó, entre los principales puntos, que en el cálculo de gastos y recursos del año próximo “se prevé mantener a 4,7 millones de beneficiarios de la prestación Alimentar”, y que se acompañará “a las provincias en el apoyo a 15.838 escuelas de todo el país, con más de 2,5 millones de niñas y niños”.

En relación al programa Potenciar Trabajo, el ministro detalló que hubo más de 225 mil pedidos de traspaso de unidad de gestión, es decir, beneficiarios que solicitaron al Estado dejar de prestar su contraprestación en el ámbito de las cooperativas gestionadas por los movimientos sociales.

El traspaso del control de los planes de la organizaciones a gobiernos provinciales y municipios fue el eje central de las críticas del kirchnerismo hacia organizaciones como el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la UTEP.

También aseguró que fue el ministro que “más se ha reunido con las organizaciones sociales opositoras”, como las que acamparon durante más de tres días sobre la avenida 9 de Julio, pero aclaró que no negociará bajo extorsión. “Lejos estoy de estigmatizar a las organizaciones sociales, muchas veces llegan antes a dónde el Estado no llega y nos permiten articular. Siempre estoy abierto al diálogo, pero cortando calles no”, dijo enfático.