La Cámara de Diputados debate hoy media docena de proyectos de consenso, entre los que se destacan la reforma de la ley de barrios populares, el régimen de fomento de la innovación tecnológica y la expropiación de República Cromañón para la construcción de un espacio para la memoria.

La sesión comenzó con la despedida de Victoria Tolosa Paz, que dejó la bancada oficialista para quedar al frente del Ministerio de Desarrollo Social, en reemplazo de Juan Zabaleta. En su lugar asumió Micaela Morán, quien con un escueto “sí, juro” pasó a formar parte del bloque que lidera Germán Martínez.

Oriunda de Zárate, Morán es abogada y militante activa del Frente Renovador. Hasta hoy se desempeñaba como subsecretaria de Planificación y Coordinación en el Ministerio de Transporte de la Nación.

El primer proyecto del orden del día fue la reforma la Ley de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Sociourbana, que fue aprobada en 2018, para prorrogar por 10 años la suspensión de los desalojos (vencía el 15 de octubre).

La iniciativa, que fue aprobada con 227 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, obtuvo el respaldo del Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, la izquierda y Provincias Unidas, propone además la declaración de utilidad pública de 1.176 nuevos barrios populares.

A través de la iniciativa también se busca fortalecer el acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Federico Fagioli, del Frente Patria Grande de Juan Grabois, comenzó por agradecer a la “lucha de los vecinos de los barrios populares” que lograron en 2016 visibilizar “la problemática de la vivienda que hay en la Argentina”.

“Ustedes no saben el sacrificio que hacen las familias que están completamente excluidas. Por eso necesitamos que en el Presupuesto haya una inversión clara y fuerte que nos permita seguir proyectando”, reclamó el diputado referente en cuestiones relacionadas con los barrios populares. Su espacio es uno de los sectores del oficialismo que presionan para que el Ministerio de Economía aumente las partidas destinadas al gasto social en el Presupuesto 2023.

Fernanda Miño, Secretaria de Integración Socio Urbana, señaló a Infobae que la actualización de la ley “es un paso fundamental para consolidar una política que está llevando adelante grandes transformaciones en distintos barrios de todo el país”. En la misma línea, Lila Calderón, integrante de la Mesa Nacional de Barrios Populares aseguró “es fundamental que se frenen los desalojos en todo el territorio argentino y que se regulen las tarifas sociales”. Y agregó: “Para nosotros esta ley nos trae derechos y tenemos que defenderla”. Representantes de los barrios populares y organizaciones sociales estuvieron presentes en los palcos durante el debate.