Seis meses después de haber recibido el presidente Alberto Fernández el anteproyecto elaborado por una comisión creada para tal fin, arranca finalmente en el Senado el debate de un proyecto de ley para modificar el Código Penal con el fin de tipificar las conductas conocidas como “compra” y “venta” de niños, niñas, y de las concernientes a la intermediación de tales hechos.

La iniciativa ingresó a la Cámara alta el pasado 23 de agosto, pero ya en el mes de abril el tema había sido expuesto públicamente cuando se realizó en Casa Rosada un acto en el cual el presidente Alberto Fernández recibió esa iniciativa. Del mismo participaron el ministro de Justicia, Martín Soria, y los secretarios, de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; y de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner; además de la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, entre otras autoridades.

Estuvieron presentes en el encuentro además la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panzi, y el secretario adjunto de la Corte Interamericana, Jorge Humberto Mesa Flores.

También estuvieron la defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham y la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez.

En esa ocasión se anticipó que la sanción del proyecto permitirá adecuar la legislación nacional a los tratados internacionales y dar cumplimiento a la sentencia de la CIDH que condenó a la Argentina en el caso “Fornerón e hija” en 2012.

El episodio disparador de esta iniciativa sucedió hace 22 años, a partir de la entrega en guarda de una beba recién nacida por parte de su madre, sin conocimiento del padre. A raíz del mismo, hace 10 años, el 27 de abril del 2012, la CIDH condenó a la Argentina y declaró que el país fue responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la protección de la familia de Fornerón y de su hija, recordó Parlamentario.

En su fallo, el organismo multilateral le requirió al Estado argentino que adopte la legislación penal necesaria para que la adopción ilegal o la venta de niños y niñas “constituya una infracción penal, de conformidad con los estándares internacionales”.

La presentación en Casa Rosada se realizó precisamente al cumplirse justamente una década de esa demanda.

Este miércoles a partir de las 12.30, el tema comenzará a ser discutido en el seno de la Comisión de Justicia que preside el neuquino Oscar Parrilli, en cuyo marco se tratarán, además del proyecto del Ejecutivo, otros dos: uno oficialista y otro de Juntos por el Cambio.

Uno es del chaqueño Antonio Rodas (Frente de Todos), que agrega el artículo 145 quater al Código Penal de la Nación, que introduce de manera explícita el delito de compra-venta de niños o niñas recién nacidos hasta los doce meses de edad.

El otro es de la senadora santafesina Carolina Losada (UCR), que modifica el art. 139 del Código Penal de la Nación tipificando la sustracción y/o comercialización de menores de edad.

A la reunión han sido invitados a exponer Leonardo Fornerón, actor y damnificado en la causa “Fornerón e hija vs. Argentina” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Marisa Graham, defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, y Margarita Nicoliche, abogada interviniente en el proceso internacional de la causa Fornerón.

El proyecto del Ejecutivo

El anteproyecto en base al cual el Gobierno elaboró el texto definitivo que comenzará a debatirse en el Senado fue elaborado en conjunto entre funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores y organismos de derechos humanos.

Participaron en la redacción del mismo el propio Fornerón; las comisiones de Justicia del Senado, presidida por Oscar Parrilli, y de Legislación Penal de Diputados, a cargo entonces de la entrerriana Carolina Gaillard; el Comité Consultivo del Registro de Adoptantes, la secretaría de DDHH, UNICEF, Abuelas de Plaza de Mayo, el Ministerio Público, la Defensora de los niños, niñas y adolescentes y la SENNAF.

El anteproyecto prevé incorporar 3 figuras penales que sancionan la compra y venta de niños, niñas y adolescentes e incorpora la adopción irregular al Código Penal. De ese modo, la iniciativa alcanza a todos los actores que participan de la secuencia del delito, incluidos los promotores, facilitándoles e intermediarios.

El texto establece la competencia de la Justicia Federal para estos delitos, debido al carácter interprovincial de los mismos, e incorpora previsiones referidas a la prescripción de los delitos.

Cabe consignar que la Asociación de Abuelas de Plaza Mayo revisó el trabajo para que no colisione con el delito de apropiación ilegal de niños perpetrado por la última dictadura.