Coparticipación: vicegobernadores se sumaron al repudio contra el fallo de la Corte

La Corte Suprema “ha decidido que las y los argentinos no somos todos iguales”, expresaron los vicegobernadores de 16 provincias, entre ellas, Laura Stratta de Entre Ríos.

La Corte Suprema “ha decidido que las y los argentinos no somos todos iguales”, expresaron los vicegobernadores de 16 provincias, entre ellas, Laura Stratta de Entre Ríos.

Vicegobernadores y vicegobernadoras de 16 provincias emitieron un comunicado en el que manifestaron su “absoluta desaprobación” de la decisión del supremo tribunal de concederle a Horacio Rodríguez Larreta el 2,95 de los fondos coparticipables previo al inicio del año electoral. Los vicemandatarios denunciaron la “ausencia de federalismo”.

El miércoles pasado, el máximo tribunal dictó una medida cautelar que ordena al Gobierno nacional entregarle a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa en torno a la reasignación de fondos por decreto a raíz del traspaso indebido de la Policía al gobierno de CABA durante la gestión del expresidente Mauricio Macri.

Les vicegobernadores señalan que la CSJN tomó la decisión “a pesar de que ha quedado firmemente demostrado que, por decreto, Macri le transfirió a Larreta muchos más recursos de la Coparticipación Nacional que los necesarios para absorber el traspaso de la policía a la órbita de CABA”.

El documento cuenta con las firmas de Florencia López (La Rioja); Sergio Mansilla (Tucumán); Rubén Dusso (Catamarca); Mariano Fernández (La Pampa); Carlos Haquim (Jujuy); Eduardo Mones Ruiz (San Luis); Ricardo Sastre (Chubut); Antonio Marocco (Salta); Carlos Neder (Santiago del Estero); Eber Solis (Formosa); Analía Rach Quiroga (Chaco); Mónica Urquiza (Tierra del Fuego); Roberto Gattoni (San Juan); Laura Stratta (Entre Ríos); Eugenio Quiriga (Santa Cruz) y Verónica Magario (Buenos Aires), publicó el diario Página/12.

Para les vicemandatarios provinciales, la medida de la Corte “perjudica directamente a 44 millones de argentinas y argentinos” y favorece a los tres millones de habitantes que tiene la Ciudad, “el distrito más rico del país en virtud de circunstancias relacionadas con su histórica situación de Capital Federal de la República Argentina, y de una ausencia de federalismo durante décadas”, lo cual resultó en una “desproporcionada asimetría” con el resto del territorio nacional.

Y agregaron: “Estamos frente a una injusticia que anula un acto de equidad y genuino federalismo”. En el documento, les vicegobernadores apuntan que la Ciudad de Buenos Aires no necesita asfaltar, construir rutas o proveer nuevos tendidos de cloacas, agua corriente, electricidad y gas.

Así como también “por una simple cuestión de residencia contable, empresas que hacen su producción en todo el país” facturan desde la CABA, que además “concentra el poder político nacional, el sistema financiero, el puerto, los organismos centrales de defensa y seguridad y el primer cordón industrial”.

“Esto significa una inmensa transferencia de recursos a la jurisdicción de la CABA, que redunda en más y mejores puestos de trabajo, mayor consumo y por ende mayor recaudación impositiva local”, apuntan.

“Así las cosas, hay un 7% de argentinos y argentinas que, a partir de este fallo, no sólo pagarán menos por la tarifa de servicios esenciales como electricidad y gas, sino que también obtendrán ahora exenciones impositivas. Las vicegobernadoras y vicegobernadores de la República Argentina nos preguntamos: ¿Esto es querer construir un país federal? ¿Por qué este grado de privilegio para una sola ciudad?”, interrogan.

 

El pedido de revocatoria del Gobierno nacional

Luego de que se conociera el fallo, el presidente Alberto Fernández se reunió en Casa Rosada con mandatarios provinciales y horas después informó que decidió recusar a los miembros de la Corte Suprema de la Nación y presentar un pedido de revocatoria “in extremis” contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal.

“En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe”, argumentó el Gobierno, a través de un comunicado.

 

El comunicado de vicegobernadoras y vicegobernadores

 

Bajo el título “La Corte Suprema ha decidido que las y los argentinos no somos todos iguales”, el texto es el siguiente:

Las y los vicegobernadores de la República Argentina que firmamos este comunicado, manifestamos nuestra absoluta desaprobación al fallo de la Corte Suprema de la Nación que reintegra indebidos privilegios a la Ciudad de Buenos Aires en desmedro de todas las provincias.

Estamos frente a una decisión, que perjudica directamente a 44 millones de argentinas y argentinos en beneficio de tres millones de ciudadanas y ciudadanos que habitan en el distrito más rico del país en virtud de circunstancias relacionadas con su histórica situación de Capital Federal de la República Argentina, y de una ausencia de federalismo durante décadas, que fueron gestando esa desproporcionada asimetría.

Los fondos que el gobierno de Mauricio Macri le asignó en forma totalmente irregular a la ciudad que conduce Horacio Rodríguez Larreta son restituidos ahora por la Corte Suprema.

Lo hace a pesar de que ha quedado firmemente demostrado, que por decreto, Macri le transfirió a Larreta muchos más recursos de la Coparticipación Nacional que los necesarios para absorber el traspaso de la policía a la órbita de CABA

Estamos frente a una injusticia que anula un acto de equidad y genuino federalismo.

El actual gobierno nacional decidió priorizar los legítimos intereses de 23 provincias en las que vive más del 93% de la población del país.

La Corte Suprema falla ahora en favor de una ciudad que no tiene que asfaltar, que no tiene que construir rutas ni caminos, que no tiene que proveer nuevos tendidos de cloacas, ni de agua corriente, ni de electricidad, ni de gas.

En la práctica cotidiana, el 93% de los argentinos y argentinas tendrán ahora menos recursos, mientras el 7% de la población restante se beneficiará con más fondos.

Decenas de miles de millones de pesos irán a las arcas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No es cierto que este fallo no afecta a las provincias. Las afectan y severamente, toda vez que reduce los fondos de Nación necesarios para asistir financieramente a las provincias en el desarrollo de infraestructura social (escuelas, hospitales, viviendas, cloacas y agua potable, caminos) indispensables para que reducir las asimetrías e inequidades històricas entre CABA y las Provincias

Por una simple cuestión de residencia contable, empresas que hacen su producción en todo el país, pero facturan desde su oficina central en CABA generan el artificio de una contribución al producto bruto interno que no es real.

Pero además la CABA concentra el poder político nacional, el sistema financiero, el puerto, los organismos centrales de defensa y seguridad y el primer cordón industrial.

Esto significa una inmensa transferencia de recursos a la jurisdicción de la CABA, que redunda en más y mejores puestos de trabajo, mayor consumo y por ende mayor recaudación impositiva local.

Así las cosas, hay un 7% de argentinos y argentinas que a partir de este fallo, no sólo pagarán menos por la tarifa de servicios esenciales como electricidad y gas, sino que también obtendrán ahora exenciones impositivas.

Las vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina nos preguntamos: ¿Esto es querer construir un país federal? ¿Por qué este grado de privilegio para una sola ciudad?

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