En una reunión que se extendió por casi cuatro horas y atravesó momentos tensos, arrancó este jueves en la Cámara de Diputados el debate de los pedidos de juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia: Horacio Rosatti, Carlos Ronsenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

En sus intervenciones, el Frente de Todos insistió en la defensa de la legalidad del proceso, desde lo constitucional y reglamentario, y planteó la agenda de trabajo que se llevará adelante. Mientras que Juntos por el Cambio encendió la mecha con discursos políticos en los que cargó contra el Gobierno y calificó de “circo” el debate. En algunos tramos las chicanas e interrupciones cruzadas se agudizaron, pero sin llegar a desbordar la reunión.

En el comienzo del encuentro, que se realizó en una llena Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, la presidenta de la comisión, la entrerriana Carolina Gaillard, repasó los 14 proyectos de resolución presentados y detalló la catarata de denuncias de delitos que contienen cada uno.

“Voy a garantizar que esta comisión se ajuste en su funcionamiento a lo que establece la Constitución Nacional, el reglamento de esta cámara y el reglamento interno específico de esta comisión”, aseguró la oficialista, quien aclaró: “El juicio político no es un juicio penal. Nosotros como Cámara de Diputados no tenemos facultades jurisdiccionales como tiene la Justicia”.

Al explicar cómo continuará el procedimiento, la diputada dijo que en la siguiente reunión, del 2 de febrero, “vamos a recibir a los autores de proyectos para que expongan”; en tanto, el 9 de febrero, se tratará “el informe de admisibilidad, que evalúa si hay sustento o no en las denuncias para avanzar y abrir la etapa sumaria, es decir, la apertura a prueba para que se produzca la prueba ofrecida en las denuncias y otra que la comisión establezca, que sea útil para esclarecer los hechos que se están denunciando”.

“En caso que el informe de admisibilidad sea favorable estaríamos en condiciones de dictaminar la acusación o no, que es lo que iría al pleno del recinto oportunamente”, agregó. Y subrayó que “la causal de mal desempeño que se está denunciando en la mayoría de los proyectos es una causal prevista en la Constitución Nacional para apartar del cargo o de sus funciones a aquellos funcionarios que no estarían desempeñándose bien”.

Luego, el vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López, pidió convocar a “una serie de invitados para discutir la admisibilidad” porque “las últimas causales que han entrado de diciembre a enero son manifiestamente inadmisibles”. “Queremos discutir con rigurosidad con juristas y asociaciones de magistrados”, planteó el jefe de la Coalición Cívica.

Desde el oficialismo, el presidente de la bancada, Germán Martínez, aclaró que “siempre la oposición va a tener la posibilidad de expresar lo que quiera expresar”, pero “las invitaciones están reguladas en función de la etapa de prueba”. “Para nosotros, los invitados entran en una segunda etapa, una vez abierto el sumario”, señaló. También respondió, ante una consulta del macrista Álvaro González que “los elementos que tengan que ver con admisibilidad serán analizados en conjunto por parte de toda la comisión. No vamos a formar subcomisiones; lo mejor es que lo debatamos en conjunto”.

En cuanto a los testigos que se citarán, la oposición buscará que el ministro de Economía, Sergio Massa, asista a exponer su posición debido a su rol de líder del Frente Renovador, una de las tres patas que integra la coalición oficialista. Además, Gaillard confirmó, ante una consulta de Graciela Ocaña, que los gobernadores que apoyaron el pedido estarán invitados.

Sin hacer referencia a la cuestión reglamentaria, el primer discurso político llegó por parte del mendocino Omar De Marchi: “Me niego a naturalizar que esta comisión forma parte de la agenda principal o importante de la Argentina”. En ese sentido, advirtió que a partir de esta discusión “nos metemos de cabeza por un camino que, estoy seguro, nos conduce al patio trasero de la Argentina”. “La Argentina hoy tiene otra agenda”, enfatizó y resaltó el “50% de pobres y el 100% de inflación acumulada”. “El ajuste que lleva adelante este Gobierno lo hace con la inflación a costa de los sectores más vulnerables”, denunció.

En contra de Alberto Fernández, quien dio impulso al juicio político con apoyo de un grupo de gobernadores, el macrista sostuvo que “esta puesta en escena que nos ofrece hoy el presidente, porque es el principal impulsor mediático de este circo que montan a diario, tiene principalmente dos objetivos” que son “no hablar de los problemas importantes del país” y la intención del Gobierno “con intervenir, con meterse, con manipular la agenda judicial”.

Recogió el guante la camporista Marisa Uceda, también proveniente de Mendoza. “No puedo estar más de acuerdo con el diputado preopinante en que estas sesiones extraordinarias se inician no solo con este proyecto, sino con un montón de temas que la misma coalición a la que pertenece se niegan a tratar”, reprochó sobre la actitud que tuvo durante diciembre la principal oposición.

“Si se preocupan por la inflación, la Suprema Corte también es parte de este problema, porque no le ha permitido al Poder Ejecutivo llevar adelante la posibilidad de que los servicios de comunicación e Internet sean públicos y permitan los aumentos desmedidos de un servicio que hoy es vital”, apuntó la kirchnerista y lanzó: “¿Ustedes se creen que este Poder Judicial les va a responder en algún momento? Es al revés, no sean empleados de un poder oscuro”.

Tomó nuevamente la palabra Germán Martínez, quien resaltó que el oficialismo encara “este período de sesiones extraordinarias con la intención de que podamos debatir todo lo que haya que debatir en Argentina; qué mejor que trabajando en las comisiones y sesionando”. “Nosotros no venimos a montar ningún circo”, afirmó y apuntó que “lo expresado por el diputado por Mendoza (en referencia a De Marchi) es lo mismo que dice el diario La Nación hoy”, sobre el término “circo”. “Nosotros venimos a plantear un camino previsto en la Constitución Nacional; venimos a hacer lo que la Constitución dice que podemos hacer”, ratificó.

El santafesino argumentó que hay una “situación de gravedad institucional extrema” y “esto que venimos a hacer tiene que ver con una crisis que está viviendo la justicia argentina, de la cual hay sospechas gravísimas y análisis muy concretos de que no solamente hay arbitrariedades, parcialidades, situaciones de mal desempeño, sino que también en algunos casos hay claramente persecución política”. “Venimos a poder dar un debate con altura, con argumentos, con fundamentos, y lo vamos a hacer siempre apegado a derecho”, sumó.

Otro de los momentos calientes se dio con el discurso de Juan Manuel López, quien cuestionó que la comisión se reunió “después de que el presidente de la Nación y la vicepresidenta (Cristina Kirchner) intentaron incumplir” dos fallos de la Corte Suprema, en relación al Consejo de la Magistratura y la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, porque “le molestan al poder político, no hay otra razón, todo lo demás que están agregando, en muchos casos, me parece cotillón”.

“En mayo de 2019, la Corte tomó recursos en la causa Vialidad y ahí se generó una situación de tensión que venía existiendo pero que se consolidó” porque “la Corte tomó los recursos pero no frenó el juicio por el que fue condenada el año pasado la vicepresidenta”, observó y expresó que “estaba la expectativa en Cristina Kirchner y el Frente de Todos en que la Corte iba a frenar ese juicio y no sucedió”, además de que “estaba la expectativa en someter al Poder Judicial a través de distintas iniciativas que fueron planteando a lo largo de estos tres años” y “no prosperaron”, como la reforma judicial, la reforma del Ministerio Público Fiscal y la ampliación del máximo tribunal.

“En tres años, (la Corte) solo les saca dos fallos adversos y prudentes, yo no sé qué quieren. Quieren el sometimiento total del Poder Judicial a su voluntad y eso no corresponde con el sistema democrático y constitucional, por eso ustedes atacan a la Corte”, cargó y disparó: “Yo creo que hay dos características que le podría poner al Frente de Todos, no a todos sus miembros, pero sí a sus líderes: la mayor parte de sus líderes son corruptos o son autoritarios, y en algunos casos son las dos cosas”.

Desde el Interbloque Federal, el titular de ese espacio, Alejandro “Topo” Rodríguez, sugirió que “no conviene emprender el camino de la comparsa de la descalificación”. “No me parece empezar por señalar que los que pensamos distinto podemos ser empleados de poderes oscuros”, opinó en alusión a lo dicho por Uceda y también se despachó contra el kirchnerista Rodolfo Tailhade: “Dijiste que yo pienso que el juicio político no va a avanzar porque le tengo miedo a un medio de comunicación y que hago política con miedo. No. Es humildemente una opinión. No le tengo miedo a ningún medio de comunicación y tampoco te tengo miedo a vos Tailhade”.

El bonaerense pidió entonces “respetar el criterio, la inteligencia y la posición política de cada uno” y manifestó que este juicio político se enmarca en “una embestida que tiene como objetivo paralizar la Justicia”, además de contextualizarse en “el lanzamiento de la campaña de Alberto Fernández”, la posibilidad de “un proceso para reformar el Consejo de la Magistratura por decreto” y “la ampliación a 15 de los miembros de la Corte Suprema”.

Por el Frente de Izquierda, la diputada Myriam Bregman dijo que “obviamente esto tiene muchísimo de montaje electoral”, al tiempo que “esta iniciativa claro que le conviene a Juntos por el Cambio”. “Estamos convencidos que les conviene a todos esta discusión en lugar de estar debatiendo los grandes problemas económicos”, se quejó.

La porteña remarcó que “hay grandes motivos para cuestionar a esta Corte, que es la Corte del 2×1. ¿Qué podemos pensar de una Corte que quiere beneficiar a los genocidas de un modo tan escandaloso?”; y recordó que esa decisión se dio marcha atrás gracias a “la enorme movilización en la calle, no es con maniobritas ni con carpetazos”.

El kirchnerista Leopoldo Moreau aclaró que “el juicio no se hace a la Corte, sino a los miembros”, y calificó al máximo tribunal de “escuálida que se ha ido achicando no solo en números, sino que se ha ido achicando también desde el punto de vista de su prestigio jurídico intelectual”.

En ese sentido, apuntó contra los medios de comunicación porque “quieren presentar que la Comisión juzga a la Corte” y “hablan del ‘circo’, otros hablan de ‘patoteada del Ejecutivo’, otros hablan de amenaza a la Corte”. Por lo que cuestionó: “Cuando se habla de circo, se argumenta que está destinado al show porque no se va a reunir los dos tercios, pero no tuvieron el mismo concepto desplegado como lo hacen ahora cuando otros sectores políticos plantearon juicio político a los miembros de la Corte, por ejemplo, cuando la CC-ARI lo hizo en el caso de Lorenzetti”.

“Las decisiones políticas generan alineamientos, no es que nosotros busquemos alimentar la grieta, no es culpa nuestra que se hayan alineado para defender su Corte porque esta no es la Corte de todos los argentinos, esta Corte tiene dueño y son los 500 empresarios que han obtenido fallos favorables y los medios hegemónicos que quedaron desnudos con la ‘Banda de Lago Escondido’. Hay que erradicar del país la mafia del Poder Judicial”, disparó Moreau.

Con el eje puesto en la coparticipación, el sanjuanino José Luis Gioja planteó que las provincias “no” deben bajar la bandera del federalismo y explicó que se trata de “toda la torta de impuestos nacionales que recauda la Nación y los reparte. A la Nación le toca el 42% y a las provincias el 57% y el 1% al Ministerio del Interior”.

“No ha habido discusión más fuerte y complicado que cuando se tiene que hablar de distribución de fondos para las provincias. ¿Qué resolvieron los constituyentes de 1994? dijeron que el Parlamento tenía que crear una nueva ley de coparticipación y que tenía que estar vigente antes de diciembre de 1996”, recordó y planteó: “Estamos en el 2023 y no hay una nueva ley, sigue vigente la 23.548 que es la vieja ley que tiene parches por todos lados. ¿Por qué? porque no se pudo hacer una nueva. No porque no haya voluntad, sino porque hay muchos intereses”.

Y apuntó contra l gestión anterior: “Macri cuando asumió, por un decreto simple, le casi triplicó la distribución a capital federal pasando de 1,4% a 3,75% con el pretexto del traspaso de la policía federal”.

Avanzada la reunión, otra de las duras exposiciones de Juntos por el Cambio fue por parte del diputado Alejandro Finocchiaro, quien sostuvo que “este juicio político, absurdo en sus fundamentos, que está basado en pruebas ilegales, que está condenado a una derrota estrepitosa en el recinto, sí tiene un objetivo que ustedes quieren cumplir, porque ustedes han sido muy hábiles en la cuestión simbólica. Ustedes tienden a socavar ante la opinión pública la base moral de los fallos de la Corte”.

“Con el Poder Ejecutivo en sus manos, con el Congreso paralizado por ustedes mismos y con la Justicia deslegitimada, el kirchnerismo estaría en condiciones de convertirse en la autocracia que siempre soñaron”, disparó duro el macrista contra el oficialismo, mientras se despertaban los gritos en la sala. Tras el revuelo, continuó: “Ustedes, el kirchnerismo, dejen de ser hipócritas, empiecen a llamar las cosas por su nombre, y hagan el verdadero planteo que en el fondo los anima, porque ustedes no quieren vivir bajo este acuerdo, no les gusta este sistema, ustedes quieren otro modelo de país”.

“Ustedes, el kirchnerismo, van a pagar muy duro esta ofensa. Lo van a pagar en las urnas, pero mucho más lo van a pagar ante la historia, que con desprecio no les va a conceder ni siquiera el don del olvido. Con esta ordalía ridícula ustedes creen están matando a la República, yo digo que se están suicidando”, cerró.

Tras el discurso de la oficialista Vanesa Siley, quien celebró el “debate político” con el que arrancó la comisión, y también se cruzó con el radical Mario Negri -al que llamó “machirulo”-, Germán Martínez fue el último orador. El jefe del FdT aseguró que desde su espacio “no nos victimizamos nunca” y “si estamos acá es porque hay tres poderes y nosotros queremos ejercer las competencias que la Constitución nos da”. “Nosotros no venimos a ensuciar a nadie”, aseveró y afirmó que no hay “ningún intento de avanzar contra nada”, al tiempo que “lo electoral no tiene nada que ver”.

En la próxima reunión se escuchará a los autores de los 14 proyectos, entre los que hay diputados, la senadora Juliana Di Tullio -jefa de Unidad Ciudadana-, la Asociación Argentina de Juristas, la Asociación Civil Exigir y cinco particulares.

El texto encabezado por el legislador Eduardo Valdés, que ingresó luego del pedido del presidente y diez gobernadores, menciona entre las causales el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley del Consejo de la Magistratura, el fallo sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y las irregularidades en la obra social del Poder Judicial, entre otras. El oficialismo también apunta contra los magistrados por el fallo 2×1 de 2017 y la inacción frente al escándalo de Lago Escondido, sobre el viaje de jueces federales, exespías, funcionarios porteños y empresarios de medios.

Dentro del Frente de Todos hay quienes opinan que el proceso debe durar al menos 90 días, pero desde el sector K aspiran a estirar el debate hasta el comienzo de la campaña electoral. Más allá de tener mayoría para poder avanzar con los respectivos dictámenes (es uno por juez), el oficialismo no cuenta con los dos tercios para aprobar la acusación en el recinto.

Fuente: Parlamentario.