El fiscal Carlos Stornelli anticipó a la Procuración General de la Nación que no irá mañana al Congreso, en el marco de la citación que le formuló la comisión de juicio político que lleva adelante un proceso para destituir a los ministros de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, el fiscal hizo saber a su superior jerárquico su decisión de declarar por escrito a la convocatoria del oficialismo.

Ahora, la Procuración a cargo interinamente de Eduardo Casal hará saber a la comisión la nota de Stornelli recibida en las últimas horas, a fin de solicitar que se remita el pliego de preguntas para cumplir con la declaración solicitada. Habrá que esperar la reacción del oficialismo ante la ausencia de Stornelli.

Stornelli había sido citado en esa comisión luego de que el 23 de febrero el juez Sebastián Ramos declarara en el anexo del Congreso sobre el fallo que dispuso el archivo de la causa contra Silvio Robles, un colaborador de Rosatti, denunciado por los supuestos chats que habría mantenido con el ministro de Seguridad porteño -actualmente en uso de licencia- Marcelo D’Alessandro.

Ramos explicó que hizo lugar al dictamen fiscal de Stornelli, quien sostuvo que no se podía proceceder con la apertura de una causa porque los chats son ilegales, publicó Infobae.

Los presuntos diálogos fueron la pieza que usó el oficialismo para avanzar en la embestida contra la Corte. Desde Juntos por el Cambio aseguran que el Frente de Todos está avanzando ilegalmente en la etapa de producción de pruebas violando las garantías constitucionales de los acusados. Consideran que el kirchnerismo está llevando adelante “un proceso penal paralelo”.

“No me voy a mover ni una palabra de la resolución”, dijo el juez Ramos al ser interrogado una y otra vez sobre el contenido de su sentencia. El juez explicó que sin impulso fiscal no tenía posibilidades de avanzar. El presidente del bloque oficialismo Germán Martínez le preguntó a Ramos si, además de conocerlos por su función, tenía un contacto “sistemático” con D’Alessandro o Robles y el juez contestó que no.

Martínez también pidió la citación de Stornelli por entender que Ramos lo había involucrado en su dictamen.

Tras el interrogatorio al juez Ramos, la Asociación de Magistrados cuestionó la citación de jueces y fiscales a Diputados: “No corresponde explicar los fallos”. “Tanto como no es función de los magistrados pronunciarnos acerca de la forma en que desempeña sus funciones los poderes legislativos y ejecutivos rechazamos cualquier intento de ellos de atribuirse facultades que no les corresponden”, afirmó la Asociación, con la firma del presidente Marcelo Gallo Tagle y el secretario general Marcelo Paluzzi. “Ni los fiscales deben explicar sus dictámenes a las señoras y señores diputadas y diputados de la Nación ni los jueces sus decisiones”. En esa línea, se añadió: “Existen para las partes las herramientas recursivas correspondientes y también eventualmente las disciplinarias”.

Lo mismo hizo la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Publico Fiscal de la Nación (AFUUN). Criticó que jueces y fiscales sean citados a declarar como testigos a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados “para ser interpelados por la procedencia o pertinencia de resoluciones o dictámenes que oportunamente ellos emitieran en causas judiciales que se encuentran en trámite”. Y agregó que se agrava “en el marco de un proceso ajeno a sus personas, en donde se analiza el enjuiciamiento de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Según se resaltó, las decisiones que tomaron los jueces y fiscales “ya se encuentran sometidos a los controles recursivos y administrativos exigidos por el ordenamiento procesal vigente, existiendo un procedimiento específico y diferente para el cuestionamiento del desempeño de los/las magistrados/as”.

Stornelli impulsó el cierre de la causa contra Robles diciendo: “En estricto cumplimiento de la manda conferida a este Ministerio Público Fiscal de promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de representar de los intereses generales de la sociedad y desde su obligación de velar por el armonioso desarrollo del debido proceso legal, en tanto que su carácter de titular de la acción penal, se le impone el deber de observar y hacer observar el correcto y adecuado ejercicio de la acción penal, no puedo dejar de advertir la existencia de obstáculos legales insalvables que impiden ingresar en un análisis sobre el fondo de los hechos investigados”.

“Del análisis de ambas denuncias que nos ocupan, no se observa la existencia de ningún otro medio o elemento autónomo y autosuficiente distinto de aquellas supuestas comunicaciones que podrían haber sido obtenidas ilegalmente, producto quizás de actividades de inteligencia ilegal, con posible incursión en los delitos reprimidos y contemplados por los artículos 42 y/o 43ter de la Ley 25.520, ello sin perjuicio de toda otra calificación legal que eventualmente dicha instrucción determine”, afirmó.

Y añadió que “convalidar en este estadio embrionario un eventual avance de este proceso solo y exclusivamente a partir de elementos que, conforme se investiga, habrían sido obtenidos fruto de una actividad delictiva, colisiona con los más básicos e irrenunciables principios constitucionales, y teñiría de ilegal cuanto se actuare en consecuencia. Ingresar en el fondo de lo aquí denunciado (sea impulsando eventualmente la acción penal y/o adoptando otro temperamento que implique la prosecución del proceso) significaría desconocer lo asentado por la Corte Suprema de Justicia” en torno a denominada doctrina del “fruto del árbol venenoso”, dijo. Sobre esa base, el juez Ramos procedió al archivo de las actuaciones por imposibilidad de proceder, lo que impulsó las quejas del oficialismo.