En una discusión que se extendió durante dos horas, junto a otra referida al testimonio que dio días atrás el juez federal Sebastián Ramos, el oficialismo impuso su mayoría en la Comisión de Juicio Político para volver a citar al fiscal federal Carlos Stornelli para el próximo martes, ya que no asistió.

El oficialismo buscaba interrogarlo por ser autor del dictamen en el que se basó el juez Ramos para archivar la causa sobre los chats entre Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño con licencia, Marcelo D’Alessandro.

Stornelli se presentó ante la Procuración para dejar expresada su voluntad de responder por escrito, amparado en la Ley del Ministerio Público Fiscal.

Sin embargo, tal como adelantó Parlamentario, su decisión fue rechazada por el Frente de Todos, que anticipó que si se niega a asistir de manera presencial procederán a pedir que se le quiten los fueros y sea llevado por la fuerza pública a declarar.

En el comienzo, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT) reveló que a Stornelli “se le fue notificada por cédula a su despacho la citación, él le contestó al doctor (Eduardo) Casal, a quien también esta comisión le envió nota”. “Pidió declarar por escrito haciendo uso de un artículo de la Ley de Ministerio Público que es inoponible, porque la norma habla de esa oportunidad cuando se trata de tribunales”, continuó.

En ese sentido, la entrerriana apuntó que “como esta Comisión de Juicio Político no es un tribunal no procede esa excepción”. “Si nosotros estaríamos exceptuando de comparecer presencialmente a esta comisión a otras personas diferentes de las que habla el reglamento (presidente, vicepresidente y gobernadores), estaríamos violando la Constitución en lo que refiere a igualdad ante la ley”, explicó.

“Nosotros consideramos que el fiscal Stornelli tiene que venir a declarar de manera presencial”, afirmó la oficialista y anticipó: “Vamos a citarlo nuevamente ya que las excepciones del Código Procesal Penal no son las mismas excepciones del reglamento, que es más restrictivo, porque estamos hablando de la Comisión de Juicio Político que tiene rango constitucional”.

Gaillard resaltó que “Casal también le informó que era inoponible” el artículo de la Ley del Ministerio Público y cerró diciendo que “si no comparece y es testigo reticente deberemos iniciar el procedimiento de desafuero para poder citarlo y traer a declarar por la fuerza pública”.

En contra de la postura del Frente de Todos, el vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López (CC-ARI), objetó el reglamento de la comisión, que sólo exceptúa de concurrir a la comisión al presidente, el vicepresidente y los gobernadores.

“Es un reglamento del ‘96 y ha avanzado la legislación. El reglamento no recepta varias cuestiones”, arrancó el porteño, para remarcar que Stornelli apela a “la prerrogativa de declarar por escrito”, con lo cual “no es reticente”. Para insistir en contra del reglamento, el cívico mencionó que el artículo 163 del Código Procesal nuevo, el 250 Código Procesal antiguo y la Ley del Ministerio Público Fiscal lo amparan, mientras que el reglamento de la comisión “ha quedado desfasado de la legislación vigente”.

Además, cuestionó que la prerrogativa del reglamento solo alcance a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y no “al resto de los funcionarios de misma jerarquía de los otros poderes”. Para López, esa prerrogativa debería ser también para legisladores y funcionarios del Ministerio Público Fiscal, de quienes la Constitución habla de inmunidad.

De la vereda de enfrente, el diputado Rodolfo Tailhade (FdT) expresó: “Plantear la no aplicación del reglamento interno de la comisión me parece absolutamente improcedente. Jamás hubo algún cuestionamiento al reglamento hasta que aparece una situación que no le gusta a Juntos por el Cambio”.

El kirchnerista defendió que el reglamento “tiene rango constitucional” y “no se puede hablar de que es una norma inferior a los códigos”. “No está permitido por el artículo 12 del reglamento que los jueces, fiscales o cualquier otro ciudadano argentino que sí pueda hacerlo, en función del 250 del Código Civil y Comercial, lo pueda hacer de esa manera en la comisión”.

“Este reglamento no ha sido cuestionado hasta recién”, reiteró Tailhade y le pidió a Gaillard poner al tanto a Casal de la situación: “Usted tiene que contarle todo lo que está pasando”.

A su turno, la diputada Silvia Lospennato (Pro) manifestó que “claramente creemos que la ley es superior al reglamento y además el testigo se está ofreciendo a declarar; aquí no hay ninguna violación de su deber de testificar, simplemente está haciendo uso de una prerrogativa”.

Sobre la importancia de la declaración de Stornelli, el diputado Leopoldo Moreau (FdT) subrayó: “El doctor Stornelli intervino en una causa, en un mes de feria, que estaba referida a una persona que es la mano derecha del presidente de la Corte, y el fiscal Stornelli se tendría que haber excusado, porque como todos sabemos tiene sobre sus espaldas dos procesamientos confirmados en segunda instancia. Los recursos de esos procesamientos en este momento están en la Corte”.

“El fiscal está diciendo ‘mandenme las preguntas y yo se las contesto’. Si lo que quieren es tenerlo acá para tirarle piedras, díganlo. Si no, le mandamos las preguntas y nos quedamos todos tranquilos”, dijo el diputado Álvaro González (Pro), mientras que su par Graciela Ocaña (Pro) consideró que “claramente lo que aquí se quiere es hostigar al fiscal Stornelli, quizás tomando venganza por su actividad, sus investigaciones o porque es fiscal en algunas causas que tiene a algunos de los miembros de esta comisión como imputados”.

En el tramo final de la extensa discusión, Gaillard leyó la nota que el doctor Casal le envió a Stornelli, donde “lo advirtió de la inoponibilidad del artículo 63, inciso b, que permite hacerlo por escrito”. “No son palabras de Casal, son palabras de Carolina Gaillard”, reprochó Juan Manuel López, lo que desató una dura discusión a los gritos con el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez. “Fue lo que el procurador general le envió a Stornelli por nota”, insistió Gaillard y dijo que si Casal hubiera considerado que podía declarar por escrito, así se lo hubiera hecho saber a Stornelli.