El presidente Alberto Fernández mantuvo este lunes una reunión con la legisladora estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez, quien días atrás se hizo eco de una investigación periodística en la que se señalaban vínculos y prebendas entre un juez de la Corte Suprema norteamericana y fondos buitre que litigaron contra la Argentina.
El encuentro se realizó en la sede del Consulado argentino en Nueva York, donde el jefe de Estado y la congresista dialogaron por 45 minutos para intercambiar miradas sobre las denuncias que pesan sobre el máximo tribunal de los Estados Unidos por contactos con el magnate Paul Singer.
"Se dialogó sobre la posibilidad de profundizar la investigación y los diversos caminos de acción que Argentina puede tomar para impulsar la investigación", comentó una fuente de la Presidencia a Télam, único medio en el lugar.
La reunión, que se desarrolló en tono cordial, cobra especial relevancia porque en el Gobierno encuentran ecos entre la situación en la cúspide del Poder Judicial estadounidense con la causa que en la Argentina se conoce como 'Lago Escondido', que investiga a jueces por la recepción de presuntas dádivas a partir de un viaje VIP a la Patagonia.
Respecto del encuentro de este lunes, que se realizó en español, el Presidente mostró su apoyo a lo investigado y transmitió a su interlocutora que en la Argentina se evaluará si el país puede "accionar" en Estados Unidos.
Según trascendió, la cuestión de la injerencia de los fondos buitre en las finanzas de los Estados es un tema del interés de Ocasio-Cortez ya que Puerto Rico, el país de origen de su familia, sufre esas mismas políticas.
El viernes pasado, la congresista demócrata de origen puertorriqueño denunció presuntos sobornos por parte del multimillonario Paul Singer, titular del fondo buitre NML, a un miembro de la Corte Suprema de EEUU, el magistrado Samuel Alito, quien luego falló a favor del magnate en el juicio de los fondos buitre contra Argentina.
Durante un encuentro en el Comité de supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la diputada expuso en detalle la mecánica de la maniobra y sostuvo que Alito habría "aceptado viajes pagados por Singer".
"Alito usó su asiento en la Corte para fallar a favor de Singer. Y luego de esta decisión, el fondo de inversión de Singer recibió US$ 2400 millones", denunció la legisladora demócrata.
En ese sentido, la acusación de Ocasio-Cortez mereció la reacción de los principales dirigentes del Gobierno nacional, entre ellos el Presidente, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de justicia, Martín Soria.
Oportunamente, a través de la red social X (ex Twitter), Fernández calificó de "gravísima y escandalosa" la denuncia.
"Así consiguieron fallos los fondos buitre contra la Argentina, como bien señala la vicepresidenta. Nada muy distinto a lo que ocurrió en Lago Escondido y que la Justicia aún hoy no investigó", cuestionó el Presidente al mencionar un posteo anterior de la Vicepresidenta, con un planteo similar.
En su presentación en el Congreso, Ocasio-Cortez denunció "una corrupción extraordinaria y una compra al por mayor de miembros de la Corte Suprema" .
Al hacer pública una foto de Singer y Alito pescando juntos, la congresista explicó que "el millonario que generosamente pagó ese viaje (por Singer), se presentó ante la Corte al menos diez veces, en casos en que la prensa judicial y los grandes medios habitualmente cubrieron su rol".
"Así que era públicamente sabido que tenía asuntos ante la Corte. Y en 2014, de hecho, el juez Samuel Alito, y también la Corte, acordaron resolver un tema vital en una batalla de décadas entre el fondo de Singer y la Nación de Argentina", añadió.
La legisladora estadounidense, tras describir ese episodio, afirmó que Alito "nunca se recusó de este caso y, de hecho, usó su puesto en la Corte Suprema después de todo esto para fallar a favor de Singer".
"Tras la decisión, el fondo de cobertura del señor Singer recibió finalmente 2.400 millones de dólares debido a este fallo. No es un mal retorno de la inversión para un viaje de pesca allí", concluyó Ocasio-Cortez.
Soria, por su parte, vinculó la situación con "el viaje a Lago Escondido de jueces argentinos y CEOs de Clarín" que, según dijo, "es la versión criolla de la corrupción judicial anti-Argentina que hoy sale a la luz en EEUU".
"Desde que lo denunciamos, 'Comodoro PRO' (en alusión a los tribunales federales de Retiro, ubicados en la calle Comodoro Py) solo garantizó silencio e impunidad. Necesitamos una Justicia al servicio de la Patria", reclamó Soria.
En la causa conocida como 'Lago Escondido', iniciada a partir de una denuncia realizada por el Ejecutivo nacional, se investiga el posible incumplimiento de deberes de funcionario público, admisión de dádivas y presunto cohecho agravado de magistrados y/o tráfico de influencias agravado.
La acusación recae sobre los jueces Julián Ercolini, (Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10), Carlos Mahiques (Cámara Federal de Casación Penal), Pablo Yadarola (Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo Federal Nº 9) y Juan Bautista Mahiques, actual fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También involucra al exfuncionario porteño Marcelo D'Alessandro, quien al momento de los hechos se desempeñaba como ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires.
Todas estas personas habían sido imputadas por la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, quien también imputó por ofrecimiento de dádivas en los términos del artículo 258 del Código Penal a Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín; Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales de Telecom; Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente a Joe Lewis; Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y al empresario Tomás Reinke, especialista en publicidad.
Sin embargo, pese a las diligencias procesales de la justicia federal de Bariloche, la denuncia por el viaje VIP de jueces y fiscales pasó a finales de marzo a los tribunales federales de Comodoro Py, ubicados en el barrio porteño de Retiro, por decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.
La causa quedó a cargo del Juzgado Federal N° 2 de la Capital Federal, a cargo de Sebastián Ramos.
Fuente y foto: Telam
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