En medio de un clima de tensión puertas adentro de La Libertad Avanza, el debate por el mega-DNU de desregulación de la economía finalmente llegará este jueves al recinto del Senado. Pese a que Victoria Villarruel ya no le quedaban muchas más excusas para dilatar la convocatoria a sesión especial solicitada hace semanas por la oposición, en Casa Rosada la decisión tomada por la titular de la Cámara alta no fue vista con buenos ojos. A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, Javier Milei, no se guardó nada y acusó indirectamente a su vice de “avanzar con una agenda propia e inconsulta” y de “violentar el espíritu” del Pacto de Mayo, un tema por demás sensible para los intereses del oficialismo.

Villarruel se anotició de las veladas diatribas presidenciales en su contra en medio de la reunión de Labor Parlamentaria que había convocado con el fin de terminar de delinear los temas a tratar en la sesión. Leyó el texto junto a los senadores de los distintos bloques que la acompañaban y no pudo disimular su disgusto. “No le cayó bien”, dijo una voz presente en el encuentro. Hasta bien entrada la tarde de ayer, la vicepresidenta intentó sin éxito persuadir a los bloques opositores para postergar el tratamiento del DNU. “Quedó la idea de que hay que afrontar esta situación sí o sí”, confió a elDiarioAR una legisladora opositora al salir de la reunión.

El quórum para tratar el polémico decreto rubricado por Milei en diciembre, que incluye la derogación y modificación de más de 300 leyes, estaría garantizado. Desde la oposición aseguran contar con los 37 legisladores necesarios para abrir la sesión, entre los 33 de Unión por la Patria, los radicales y quienes figuran en la lista de los que, a mediados de febrero, le pidieron oportunamente a Villarruel que convoque a una sesión para analizar el DNU. En ese grupo, además de los representantes de las bancadas provinciales, se encuentran el correntino Carlos Espínola, el entrerriano Edgardo Kueider y la cordobesa Alejandra Vigo, todos ellos miembros de Unidad Federal.

Anoche, el Gobierno ya bajaba línea sobre la interpretación que podrían esgrimir los senadores oficialistas en el recinto: dejó trascender que para tratar un asunto sin dictamen de comisión, como es el caso del DNU 70/23 (no fue analizado por la bicameral), se necesitarían los dos tercios de los votos, de acuerdo con el reglamento del Senado.

Sin embargo, la Ley 26.122, de Régimen Legal de los DNU, establece en su artículo 23º que las cámaras del Congreso pueden pronunciarse sobre la validez (aprobación o rechazo) por mayoría simple. Es decir, por ejemplo, si hubieran 70 senadores presentes en el recinto este jueves, el DNU podría ser rechazado por 40 a 30. Dice la ley: “Las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes”.

El poroteo para la sesión de hoy

El resultado de la votación es una incógnita para Villarruel. “Las fuerzas del cielo lo sabrán”, ironizó durante la reunión de Labor Parlamentaria, según pudo saber elDiarioAr. Sucede que el poroteo que llega desde el Senado no es precisamente auspicioso para las intenciones del oficialismo. Serían 40 los legisladores que se opondrían al DNU, un número suficiente para alcanzar el rechazo. Todas las miradas se posan sobre los espacios provinciales, cuyos miembros podrían darle una señal al Gobierno en medio de la nueva negociación por la Ley Bases y el tironeo por el proyecto sobre Ganancias. Los senadores que responden a los gobernadores deberán expresar su voto con la suficiente cintura para evitar convertirse en “los enemigos” del diálogo que volvió a recomponerse a partir de la reunión del viernes pasado, cuando el jefe de gabinete Nicolás Posse recibió a los mandatarios provinciales en Casa Rosada.

Para la sesión de este jueves, que comienza a las 11, Villarruel incluyó en la orden del día otras cuestiones parlamentarias para las que se precisa alcanzar cierto consenso. Ante la presunción de una posible derrota en el tema DNU, la titular del Senado llenó el temario con iniciativas de otra índole. Entre ellas, una relacionada a políticas contra el lavado de activos; la que autoriza las salidas del país del presidente de la Nación o el ingreso y retiro de pliegos de diplomáticos y jueces que esperan sus acuerdos. Se acordó que el decreto será debatido al final de todo.

Con un bloque de apenas siete senadores, Villarruel resistió todo lo que pudo la presión opositora para abrir el recinto. Durante los últimos meses, la vicepresidenta mantuvo su férrea posición en contra, al aducir que contaba con potestad absoluta sobre la Cámara alta debido a que el Senado todavía se encontraba en sesiones extraordinarias. Una estrategia que encontró su propio límite a partir del 1 de marzo y que también pudo verse afectada por la denuncia del penalista Andrés Gil Domínguez contra los integrantes del Congreso en su conjunto por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos debido a la falta de tratamiento del DNU.

Es que, mal que le pese al presidente Milei, Villarruel no podía continuar oponiéndose a abrir el recinto. Como presidenta del Senado, si recibe una solicitud de llamado a sesión especial con la firma de al menos 5 integrantes del cuerpo (que es lo que ocurrió), no puede rehusarse a hacerlo. Además, sobre el caso específico de los decretos de necesidad y urgencia pesa una manda constitucional, que obliga a las cámaras del Congreso a darles un tratamiento inmediato.

De ser rechazado por el Senado, el DNU de Milei igualmente seguiría con plena vigencia. Para que caiga debe contar también con el rechazo de la Cámara baja, donde no está claro que esté el número ni hay por el momento alguna convocatoria a sesión con el fin de debatirlo. Sin embargo, el rechazo, además de significar un duro revés político para el gobierno de La Libertad Avanza, podría conllevar una reacción negativa de los mercados y tener consecuencias tanto judiciales como económicas.

“Se han dado miles de DNU y nunca hubo ningún problema, a pesar de que cercenaron libertades individuales y avanzaron sobre derechos de propiedad”, cuestionó ayer el Presidente en declaraciones a Radio Mitre. Y anticipándose a un eventual revés en el recinto del Senado, volvió sobre un concepto que había utilizado luego del tropiezo de la Ley Bases en la Cámara de Diputados: “Servirá como principio de revelación para dejar en claro de qué lado están los políticos: del lado de los argentinos de bien o de los delincuentes”.