Victoria Villarruel frenó por última vez, durante el verano, la actualización de las dietas. Ahora, al estar el período ordinario vigente, la decisión quedará en manos de los senadores

La resolución que Victoria Villarruel firmó en enero pasado para frenar la actualización automática de las dietas de los legisladores, en relación con el valor del módulo de referencia que utiliza el Congreso, se vencerá el 31 de marzo próximo y la vicepresidenta, según pudo saber Infobae, dejará en mano de los bloques la definición del tema, con bancadas que ya dieron a entender que tampoco se moverán. De ser así, desde mayo próximo, cada integrante del pleno de la Cámara alta pasaría a cobrar, como mínimo, una base de $9 millones en bruto.

Veamos primero la cronología completa de esta puja. Al iniciarse la gestión libertaria, el Congreso imitó la suba que se había otorgado para la administración central, luego frenada -por enojos de la Casa Rosada- por el presidente de Diputados, Martín Menem, y luego por Villarruel. Los senadores no perdieron tiempo: en abril pasado, los hoy peleadísimos oficialismo y oposición pactaron un nuevo sistema de dietas y lo aprobaron en el recinto. Desde ahí, los mismos pasaron a estar compuestos por 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 por gastos de representación y 500 extra, por desarraigo.

Sobre este último punto, sólo cuatro no lo reciben. Además, los legisladores se agregaron una dieta más a las 12 actuales para compensar el aguinaldo. Esto representó, desde mayo pasado, más de $7 millones en bruto que cobran en la actualidad. La única senadora que no entra en esta lógica es Alicia Kirchner: cuando ingresó en la Cámara alta prefirió mantener su jubilación, como informó meses atrás este medio.

Tras la polémica generada ante el penúltimo aumento otorgado a empleados legislativos -que estaba atado al de los senadores- del 6,6% para julio y agosto, el pleno de la Cámara alta anuló la suba en cuestión y congeló sus dietas hasta el 31 de diciembre, en una votación unánime, con 65 adhesiones.

En noviembre pasado, en un movimiento que ayudó a descomprimir la presión y bajar las fuertes críticas de empleados cumplidores -suelen ser los más perjudicados- contra los gremios legislativos -APL, de Norberto Di Próspero, el sindicato más importante-, el Congreso cerró una paritaria casi idéntica a la del Ejecutivo con estatales: una suba de 6,13% -acumulado-, de septiembre a diciembre. No corrió para los senadores, que tenían vigente el congelamiento hasta fin de año.

Cerca de finales de 2024, varios senadores presionaron a Villarruel para que se hiciera cargo de un asunto que, en realidad, los propios legisladores habían votado en el recinto. Lo más curioso es que, ante diversos medios acreditados en el Congreso, los bloques explican que la dieta queda limada por Ganancias -agarra muchos conceptos-, sumado a los alquileres en la Ciudad y otras yerbas que, en sus casos, generan enojo.

En realidad, son muy pocos quienes se animan a decir en público no sólo eso -y que están mal pagos; mucho más el Presidente y sus ministros, agregan-, sino también el lastre principal que tiene la política desde hace décadas: su financiamiento. Hasta que eso no se discuta de verdad y sin barbijos, estos inconvenientes se convertirán en moneda corriente. En el Caso de la Cámara alta, el momento es más que complejo. El Gobierno lo sabe y buscará aprovecharlo.

Otras dos cuestiones movieron el avispero del Senado en las últimas semanas: los empleados del Congreso aguardan que al menos se replique la paritaria de la administración central -suele ocurrir al mes siguiente y las observaciones a Di Próspero se acumulan en los pasillos, más allá del respeto y temor que se le tiene al gremialista-, y hay bancadas que pretenden equilibrar la disparidad de módulos que tienen asignados, con hiperinflación, el kirchnerismo y el radicalismo, entre otros.

Infobae