A fines del año pasado, las firmas concesionarias presentaron sus planteos al gobierno por medio de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y allí solicitaron autorización para subir las tarifas entre un 48 y un 166 por ciento.

En esa misma presentación, las empresas reclamaron una renegociación contractual con el Estado y la actualización de los subsidios que ahora la administración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió eliminar.

A través de la resolución 140/2012, el administrador general de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, le pidió a las empresas concesionarias que elaboran y presenten ante su organismo los nuevos cuadros tarifarios.

La medida afectará desde este miércoles a las rutas nacionales 3, 205, 226, 252, 5, 188, 7, 8, 36, A-005, 19, 38, 34, 5, 12, 16, 34, 9 y 33, según la resolución firmada por Periotti y publicada este lunes.

Las rutas nacionales que ya no contarán con subsidios son controladas por grandes constructoras como Roggio, Iecsa, Isolux y Cartellone.

Asimismo, otras arterias nacionales clave son administradas por compañías como Esuco, América (de Eduardo Eurnekian), Electroingeniería, Petersen (de la familia Eskenazi) y CPC, del empresario Cristóbal López.