La denuncia contra Erro había sido presentada en 2009 por el concejal justicialista Oscar Logullo. El fiscal a cargo de la investigación penal preparatoria (IPP) fue Gamal Taleb. El tribunal estuvo integrado por Roberto Cadenas, Angélica Pivas y Alejandro Callejas. Erro fue defendido por los abogados paranaenses Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli. Puntualmente, se acusó al ex intendente de usar fondos del municipio para las obras de remodelación del inmueble sin contar con la aprobación de la correspondiente partida presupuestaria.

Erro, quien se desempeñaba como coordinador de Políticas de Gobierno en la gestión de Gustavo Bordet, fue condenado el año pasado por el uso de la energía de un medidor del Estado para una actividad del Partido Justicialista. La pena fue de 2 años y 2 meses de prisión condicional, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos, por lo que debió renunciar a su puesto.

“La denuncia fue originada por un ex concejal con claros objetivos políticos. La municipalidad había conseguido para utilizar el edificio del ex correo y mediante un convenio sumamente beneficioso para la comunidad, el municipio se encargaría de realizar una serie de mejoras al inmueble y destinar el mismo al área de Tránsito, oficina que funciona hasta hoy”, explicó Erro en un comunicado difundido al inicio del juicio oral.

“Conseguimos a través de ese acuerdo institucional que un edificio en desuso se transformara en una ágil y moderna área de Tránsito que es orgullo de los gualeyos. Si tomamos la ecuación costo-beneficio, la erogación realizada por la comuna es muy pequeña, ya que permitirá que hasta 2019 funcionen dichas oficinas. Es más, una vez que se agote el plazo, es más que probable que se prorrogue el mismo ya que será una negociación de Estado a Estado. Que hoy podamos usar ese edifico hasta entonces abandonado es un verdadero logro para toda la comunidad”, aseguró.

El convenio, según precisó, estableció el uso por diez años de dicho inmueble, donde funcionan las oficinas de Tránsito y el depósito de motos. El Estado municipal invirtió en las refacciones 91.000 pesos.

Erro criticó al Ministerio Público Fiscal “ya que usa tiempo, personal y dinero de todos los entrerrianos en una causa de neto de tinte político y persecutorio”. Sostuvo luego que se trata de “una causa sin sustento” y marcó que “no existe ni una sola acción que pueda rozar el delito, ya sea peculado, -la Cámara de Apelaciones ya dijo que no había peculado- ni malversación o la figura que se quiera inventar”.

“Es político y es un disparate”, remarcó el ex intendente, al tiempo que consideró que constituyó “el reflote de una causa vacía”. También consideró que “actualmente hay acuerdos que no conllevan beneficios como, por ejemplo, el alquiler que realiza la Municipalidad para la oficina de Informes de Cinco Esquinas (pese a contar con otras) donde desembolsa 23.000 pesos mensuales y donde el dinero va a un tercero. Es necesario que se mida con la misma vara”, acotó.

Para finalizar, recordó que “oportunamente el Tribunal de Cuentas de la provincia no observó ninguna anomalía, pero es evidente que la denuncia presenta signos inequívocos de un ataque hacia mi persona. Pero estoy tranquilo porque una enorme parte de la ciudadanía sabe que lo que se ha buscado es ensuciarme políticamente, y lograr por medios espurios lo que no pudieron en las urnas”, concluyó.