De ANALISIS

En agosto del 2016, la edición papel de ANALISIS denunció una serie de hechos que tuvieron una importante repercusión pública. Se trató de las torturas y la privación ilegítima de la libertad que sucedían en el convento Carmelitas Descalzas de Nogoyá. La denuncia periodística derivó en la intervención del Poder Judicial y el fiscal Federico Uriburu dispuso de una investigación que terminó con la elevación a juicio contra la extitular del convento, Luisa Esther Toledo, por la comisión del delito de privación ilegítima de la libertad. 

El juicio oral y público comenzará este martes a las 9 de la mañana en los juzgados de Gualeguay. Los jueces que resolverán el futuro procesal de la religiosa son Darío Crespo, Javier Cadenas y Alejandra Gómez, los tres integrantes del Tribunal de Juicio y Apelaciones.

La fecha quedó confirmada en las últimas horas, tras haberse constatado que de la evaluación y del estado de salud actual de Toledo, surge que “estando estabilizadas sus patologías de base, se encuentra en condiciones de concurrir y participar de la audiencias en el Tribunal”, como asimismo que la prenombrada expresó “su voluntad manifiesta de hacerse presente en Gualeguay para llevar adelante el proceso judicial”, informaron desde el Servicio de Información y Comunicación (SIC) del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Las audiencias serán públicas y se desarrollarán a partir de las 9 en los Tribunales de Gualeguay (Monte Caseros 239, primer piso), durante los días 11, 12, 14, 18, 19, 25, 27 y 28 de junio próximos. Así lo dispuso el Tribunal, tras la suspensión del juicio en marzo pasado, cuando accedió al pedido de la defensa técnica de Toledo, que argumentó súbitos problemas de salud de su defendida originados en una fractura de la octava costilla de la parrilla costal derecha por una caída ocurrida el día 26 de febrero de 2018.

Toledo dirigió durante diez años el Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, de la ciudad de Nogoyá, y la causa se originó tras la acusación en su contra realizada por excarmelitas. El fiscal Federico Uriburu ordenó un allanamiento en agosto de 2016, durante el cual secuestró diversos elementos relacionados con las denuncias formuladas por las monjas de clausura.

Al mes siguiente la religiosa fue imputada tras el análisis de "todas las pruebas y declaraciones tomadas", entre ellas las de José Bonín, párroco de la basílica Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá.