Legisladores de ambas cámaras se reunieron este miércoles por la tarde para analizar cambios que se van a introducir al proyecto de ley que propone aplicar en Entre Ríos el Juicio por Jurados. La iniciativa está en tratamiento en el Senado, pero ya se había adelantado la idea de trabajar en forma conjunta con Diputados para alcanzar, en el menor tiempo posible, los consensos que permitan el tratamiento y aprobación del proyecto.

El encuentro de esta jornada continuó otro realizado este martes en el Ministerio de Gobierno. Fue coordinado por los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General de ambas cámaras, el senador Lucas Larrarte (FpV-San Salvador) y el diputado provincial, Diego Lara (FpV).

Larrarte adelantó que introducirán cambios para mejorar la redacción, unificando algunos términos. Se trabajó sobre los artículos referidos al tipo de delitos que se juzgaran con este sistema, el referido a la obligatoriedad del juicio para el imputados y se intercambiaron ideas sobre lo relacionado a la unanimidad del veredicto, entre otras cuestiones.

El diputado Juan Navarro (FpV) y el senador Ángel Giano (FpV-Concordia) coincidieron en que el proyecto es bien recibido en las provincias donde se aplica. Consideraron que es una oportunidad para Entre Ríos tener en cuenta lo que ha ido aconteciendo en otras provincias con la aplicación del sistema.

Lara recordó, a la hora de apoyar la aplicación del Juicio por Jurado, la postura del juez de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que en el denominado “caso Canales” sostuvo en su voto que el Juicio por Jurados es un modelo de administración de justicia penal que permite conjugar la “precisión” propia del saber técnico con la “apreciación” prudencial de los representantes del pueblo.

Además, “al fundarse -el juicio por jurados- en la deliberación y construcción de consensos, constituye una experiencia generadora de ciudadanía”, agregó.

Mencionó que Rosatti concluyó que este instituto no debe ser entendido sólo como un derecho individual del imputado, sino que debe ser concebido como un modelo institucional de administración de justicia que expresa la participación del pueblo (justamente) en la administración de justicia penal.

En aquel caso concreto, además, convalidó la constitucionalidad de la norma aun cuando la misma no contempla un derecho a renunciar al sistema de enjuiciamiento, en favor del imputado.

En los próximos días se distribuirá entre los legisladores de ambas cámaras el texto con los cambios consensuados por los legisladores.

Estuvieron presentes, además, la senadora Miriam Espinoza (FpV-Feliciano), los senadores de Cambiemos Roque Ferrari (Victoria) y Rogelio Schild (Diamante), y los diputados Esteban Vitor (Cambiemos) y Daniel Koch (FR).