Al presentar su declaración jurada actualizada como Presidente ante la Oficina Anticorrupción (OA), Alberto Fernández informó un patrimonio de $4,5 millones al 10 de diciembre de 2019. La cifra equivale a $1,5 millones más que en 2018, según lo que había declarado como candidato a la Casa Rosada en septiembre pasado. El incremento representa un aumento del 53% en el último año, en línea con la inflación del 2019.

Del análisis del documento realizado por Infobae, surge que si bien conserva básicamente los mismos bienes que en 2018 -un departamento, un auto y la mitad de una sociedad que es dueña de su estudio jurídico-, lo que aumentó en su patrimonio es el valor del vehículo, ya que cambió el modelo a un cero kilómetro, y -significativamente- el dinero en pesos que declaró: casi $1 millón.

En 2019 pasó de un Toyota Corolla modelo 2016, valuado en $410.000, a otro de igual modelo cero kilómetro, cuyo valor informó en $1.132.362.

En cuanto al dinero en efectivo -todo en pesos-, mientras que en 2018 había declarado tener solo $62.669, al momento de asumir como Presidente, declaró poseer depósitos y dinero en efectivo en el país por $908.508. También redujo sus deudas en $260.000, la mayor de las cuales ($102.000) es con el asesor contable Héctor Horacio Martínez Sosa.

Como único inmueble propio declara el mismo departamento con cochera en la Ciudad de Buenos Aires, de 175 m2, en el que vive su ex mujer y madre de su hijo, con una valuación fiscal de casi $1 millón. Ese inmueble fue adquirido en julio del 2000.

Fernández vive desde hace muchos años en un departamento en Puerto Madero, en la Torre River View de su amigo y publicista Pepe Albistur, que se lo presta y por el que no paga alquiler, sólo los gastos. Albistur fue ex secretario de Medios durante el gobierno de Néstor Kirchner.

También declara el 50% de la firma Inmueble Callao SA, que creó hace 20 años con su actual ministra de Justicia, Marcela Losardo, y a cuyo nombre está el estudio jurídico que compartían hasta su desembarco en el Ejecutivo. Fernández declaró su participación accionaria en sólo $84.149, aunque informó un crédito en “Cuenta Particular” por $550.000, un tipo de cuenta que -según le explicó un contador a Infobae – corresponde a la que se utiliza en una sociedad para sus movimientos transitorios de fondos, y en la que los socios pueden poner y/o sacar dinero según las necesidades de la sociedad. Los restantes “créditos” son con la AFIP por “Retenciones” del Impuesto a las Ganancias -hasta asumir como Presidente, Fernández trabajaba como abogado, consultor y docente- y por “Anticipos” del pago en 2002 de Ganancias y Bienes Personales. En cuanto al rubro bienes del hogar, informó un valor de $96.600.

Como dato de color, en su declaración jurada anticipada informó en su grupo familiar a Fabiola Andrea Yañez, como su “cónyuge/conviviente”, un dato que no figuraba en su declaración como candidato. Su hijo Estanislao es mayor de edad, por lo que no está obligado a incluirlo en la presentación.

Presentación en plazo

El plazo para presentar las declaraciones juradas como funcionarios venció ayer. Cuando este medio consultó ayer al Presidente sobre si la había presentado en tiempo, ya que no estaba publicada en el sitio de la OA, éste respondió que “no había tenido tiempo de verla” y que “lo había hecho como candidato”. Sin embargo, según le confirmaron a Infobae desde la OA, el mandatario la presentó ayer mismo sobre el filo del plazo legal, aunque recién fue publicada hoy en el sitio web de la Oficina, donde se pueden consultar la parte pública de las declaraciones de los funcionarios.

Esta declaración de “alta” o “inicial” es la que deben presentar los funcionarios jerárquicos al ingresar al Poder Ejecutivo, y en la que deben declarar sus bienes -inmuebles, autos, depósitos bancarios, dinero, acciones y/o títulos públicos- al ingresar al Estado, para permitir luego un control posterior anual por parte de la OA, ante un posible enriquecimiento ilícito.

El patrimonio de sus ministros

Con bienes y dinero por $4,5 millones, Fernández se ubica entre los más “pobres” de su Gabinete, según las declaraciones juradas presentadas hasta hoy ante la OA por 16 ministros y tres secretarios de Estado.

Según el relevamiento, el ministro más rico es el de Turismo y ex presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, con un patrimonio neto total de $36,6 millones, seguido por el secretario general de la Presidencia y amigo de hace más de 20 años del Presidente, Julio Vitobello, que informó bienes por $27,1 millones.

En tercer lugar del ranking de los que ya presentaron su declaración jurada figura Mario Meoni, el ministro de Transporte, con $20 millones. En el cuarto, aparece su colega de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, con $18,4 millones. Completa el top five de los más “acaudalados” Claudio Moroni, titular de la cartera de Trabajo, con $15,5 millones.

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro declaró casi $15 millones, y Gabriel Katopodis, titular de Obras Públicas, $13,1 millones.

Con $9,6 millones figura el ministro de Salud, Ginés Gonzalez García; le sigue el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con casi $9 millones, y luego su colega de Economía -hoy en Nueva York- Martín Guzmán, quien declaró $7,6 millones.

Un patrimonio similar informó Tristán Bauer, ministro de Cultura, con casi $ 7 millones; en tanto el canciller Felipe Solá declaró $6,5 millones, apenas por encima de Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Estratégicos, quien dijo poseer un patrimonio de $6,4 millones.

Roberto Salvarezza, de Ciencia y Tecnología, y Sabina Frederic, ministra de Seguridad, informaron ambos casi $ 6 millones. Por su parte, Nicolás Trotta, al frente de la cartera de Educación, informó bienes por $5,1 millones; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, $ 5 millones; y su colega en la Rosada, Elizabeth Gómez Alcorta, a cargo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, casi $4 millones.

Agustín Rossi, a cargo de Defensa, fue el que menos patrimonio declaró de los ministros que presentaron su declaración jurada ante la OA al asumir en el Ejecutivo: $3,5 millones, apenas por debajo de Cristina Kirchner.

Vale aclarar que en las declaraciones juradas de los funcionarios, los inmuebles están consignados al valor fiscal, que suele ser -como mínimo- entre tres y cuatro veces inferior al valor de mercado actual, lo que hace que algunas de esas propiedades estén declaradas a precios prácticamente irrisorios, sin que los funcionarios se vean obligados a actualizar esos valores. (Infobae)