El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó allanar la empresa Copacabana, una de las seis firmas que le vendieron alimentos al Ministerio de Desarrollo Social con sobreprecios. Los procedimientos fueron pedidos por el fiscal Guillermo Marijuán luego que la Policía Federal detectó que se estaba trasladando documentación, adelantaron a Infobae fuentes judiciales.

Los allanamientos se realizan en Berutti al 2300, donde funcionan las oficinas de la empresa Copacabana, y en otros dos domicilios de la provincia de Buenos Aires.

Copacabana iba a cobrar $188 millones por la polémica compra directa de alimentos que finalmente fue suspendida. La firma de la familia Assisa fue adjudicada en todos los rubros. En el caso del aceite, le iba a vender al Estado la botella de 1,5 litros de la marca “Indigo” a $166.58 a pesar que el productor de ese aceite declaró ante la Justicia que el precio era de $96, incluyendo los impuestos y el traslado.

Copacabana también iba a vender 340.000 kilos de fideos semolados, de azúcar, de arroz y de lentejas.

Hasta 2016, según los edictos publicados en el Boletín Oficial, la empresa era presidía Osvaldo Jorge Assisa, actual secretario de la Unión de Empresas Proveedoras del Estado. Cuando se fue, dejó a Eduardo Marcelo Assisa como presidente y a Tomás Assisa como director suplente. Otros miembros de la familia.

Marijuán pidió los allanamientos al juez en base a un informe de la Policía, que detectó movimientos sospechosos durante tareas de inteligencia. “Una camioneta se estaba llevando documentación a otros domicilios”, explicaron fuentes de la causa.

La empresa allanada figura en la denuncia penal que hizo esta semana el fiscal Sergio Rodríguez, quien concluyó que hubo una competencia ficticia entre las seis firmas adjudicadas para venderle más caro al Estado.

Copacabana comparte domicilios y directores con la firma Nomerobo SA, otra de las empresas convocadas por el Ministerio que conduce Daniel Arroyo.

Pese a su nombre sugestivo, Nomerobo SA registra decenas de licitaciones ganadas en los últimos años. Todas con el Ministerio de Desarrollo Social. Y además aparece mencionada en una ampliación de la denuncia que hizo la abogada Silvina Martínez porque cotizó el kilo de azúcar de la marca “Sol Tucumano” a $82,44, muy por encima de los precios máximos.

De las 11 empresas propuestas inicialmente por el área que estaba a cargo de Gonzalo Calvo, uno de los 16 funcionarios echados por el escándalo, se invitó formalmente a participar a 10. Se excluyó a “Los Agro Andino” sin motivos. De las 10 convocadas, solo se presentaron seis, que finalmente fueron adjudicadas.

El fiscal Rodríguez analizó la composición de las diez empresas invitadas y concluyó que aparecen tres grupos empresarios: los dueños de Copacabana, el Grupo L, y la familia Toscano, dueños de otras dos empresas.

Para el fiscal, no hubo competencia entre las firmas y esa situación provocó que el Estado comprara por encima de los precios de referencia de la SIGEN. “Cuando se traspasa el velo de los nombres societarios se advierte que en realidad se estaba invitando a tres o cuatro manos por decirlo de algún modo”, escribió Rodríguez.

Arroyo viene siendo respaldado, hasta ahora, por el presidente Alberto Fernández, que decidió frenar la compra de alimentos y descentralizar el sistema para que puedan acceder los productores en forma directa. La decisión política es limitar al máximo la participación de los proveedores, algunos de los cuales vienen haciendo negocios con todos los gobiernos en las últimas dos décadas.

Hasta ahora la estrategia no tuvo los resultados esperados. Muy pocos productores se anotaron en el sistema COMPRAR, pudo saber Infobae en fuentes oficiales. En ese contexto, los funcionarios de Arroyo deben avanzar cuanto antes en una nueva compra de alimentos.