El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, se reunieron con Néstor García -el padre de Micaela, la joven víctima de femicidio que dio nombre a la ley de capacitaciones en temas de género para los tres Poderes del Estado- y juntos reclamaron que la Justicia incorpore la perspectiva de género a su accionar cotidiano.

El encuentro, que se realizó en Casa de Gobierno, se concretó luego de que el presidente Alberto Fernández pronunciara un llamado a "construir un gran consenso en la sociedad argentina contra la violencia de género" durante el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, el pasado lunes.

De Pedro sostuvo que se busca cómo mejorar "la articulación de programas entre Nación, Provincia y Municipios", subrayó la necesidad de "fortalecer la capacitación (de perspectiva de género) en todas las fuerzas del Estado", haciendo foco en el Poder Judicial.

"Que la justicia lenta no es Justicia es algo conocido por todos. El 50% de los femicidios se pueden prevenir cuando la justicia actúa. Cuando la justicia es lenta, hay femicidios", sentenció.

Si bien la Ley Micaela impone la obligación a todo funcionario público de formarse en la perspectiva de género, tanto los funcionarios presentes, como el papá de la chica asesinada señalaron la reticencia por parte de los miembros del Poder Judicial y, entre ellos, apuntaron contra la "autoformación" propuesta por la Corte Suprema de Justicia.

Ibarra dijo, por su parte, que causa "un dolor enorme que aqueja a la sociedad que cada día muera una mujer por su condición de mujer".

"Necesitamos exigir a jueces y fuerzas de seguridad que estén a la altura de lo que reclama la sociedad. Necesitamos que sepan hacerse cargo. No podemos tener policías que no toman denuncias, jueces que liberan a personas que matan", señaló en declaraciones que reproduce Télam.

En ese sentido, la funcionaria pidió "comprometer a todos los gobernadores y gobernadoras, intendentes" con la problemática "porque los femicidios no son delitos federales".

"Necesitamos estar al lado de los gobernadores y de los intendentes para amplificar las enormes herramientas de la Ley Micaela", completó.

Néstor García coincidió en los señalamientos sobre la complicidad de diversos actores judiciales y afirmó que el femicidio de Micaela "se hubiera evitado si se tomaban decisiones con perspectiva de género".