Por Sergio Dellepiane (*)

“Ningún problema económico tiene una solución puramente económica”.
(El Utilitarismo – 1861 - John Stuart Mill)

Para el análisis macro de cualquier país, el nivel de empleo registrado no refleja necesariamente el volumen de la actividad económica que se genera a través del mismo. En general, el primero es una manifestación aproximada de la segunda. En nuestro territorio no lo es ni por asomo. Algo venimos haciendo mal.

Más de ocho décadas atrás, dirigentes y gobernantes modificaron reglas e instituciones que le habían permitido a la Argentina, crecer y desarrollarse hasta ubicarse dentro del grupo de naciones más prósperas y con mayores probabilidades de éxito económico y social del mundo conocido.

Las “nuevas reglas” que se insinuaron a comienzos de 1930 y se desarrollaron desde los años ’40 en adelante, gestaron una sociedad que convivió (aún hoy lo padecemos) con una economía extremadamente volátil y de baja productividad (rendimiento por trabajador); dominada por buscadores de rentas, del tipo y forma que sea.

De este modo se fue adormeciendo -aunque imperceptiblemente-, la competitividad nacional e internacional que fue diluyendo el progreso y, por tanto, el bienestar de sus habitantes.

Los niveles de empleo no fueron ni son ajenos a los cambios de reglas impuestos, pero con el poder de adaptación a las circunstancias que nos caracteriza. Cada vez que suceden, se nos aparecen como lo más normal del mundo.

Toda economía nacional desarrollada, ha cimentado su crecimiento en la generación de empleo privado registrado, lo que necesariamente lleva asociado, una mejora en la distribución de los ingresos por habitante.

En cambio, por estas latitudes, apostamos casi todo al empleo público. Es verdad que éste acompañó las necesidades de organización del Estado con crecientes demandas de justicia, educación, salud y seguridad.

Al modificar las reglas originarias, el empleo estatal se expandió fuertemente, creciendo en promedio, durante los últimos 80 años a un ritmo del 5,5% anual, frente a un modesto 1,2% por año de crecimiento del empleo privado formal (Datos tomados del Instituto Nacional de Estadística y Censo, Indec).

A la par se hace visible el notorio crecimiento del empleo informal (no registrado). Ya roza el 50% del total de la actividad económica del país.

El conflicto se visualiza cuando, al crecer la afiliación compulsiva de trabajadores al sistema de la seguridad social, se comprueba el estancamiento en el número de aportantes genuinos y, por ende, lo recaudado ya no alcanza para cubrir los propósitos de su creación.

Más aún, considerando que el aporte a la seguridad social de todo el aparato estatal, es meramente anecdótico, la pura contabilidad creativa decora el presupuesto nacional; pero dinero real, constante y sonante, no ingresa.

Las estadísticas oficiales reflejan cómo, poco a poco, ha ido decayendo la participación del empleo privado de calidad en el empleo total; con un peso creciente de los informales, el empleo público y de los denominados cuasi-formales (Monotributo social, entre otros). La inversión productiva del primer trimestre de 2021, es similar a la del mismo período de 1942. El empleo registrado no crece desde 2007. Sobran muestras.

Si bien los orígenes de esta distorsión se pueden rastrear hasta principios del siglo pasado; la práctica habitual y masiva, salvo contadas excepciones, se da con el retorno a la democracia. Cada gobernante contribuyó a agravar la situación descripta. Se propiciaron leyes con una perspectiva de corto plazo, sin importar el daño que se ocasionaría en el futuro. “Pan para hoy, hambre para mañana”, aparece como eslogan vernáculo inoxidable.

Al no incrementarse el empleo formal privado se expande necesariamente la ocupación en actividades inestables, de bajos ingresos y marginales. De algún modo la población tiene que procurarse su sustento. De algo hay que vivir, incluso de lo ilegal.

El Estado ha contribuido, con las asignaciones sociales (las hay de todo tipo y color), a quitar del radar de los individuos, el interés por la búsqueda de empleos productivos formalizados. Los sucesivos gobiernos también han contribuido a la escasez de su oferta.

Instituciones laborales y económicas mal diseñadas igualmente muestran que es posible medir por el lado de las cantidades (empleo) y también por el lado de los precios (salario real), el resultado de años de desatinos manteniendo una legislación laboral anquilosada y perimida.

Si se pierden, a pesar de las estrictas y costosas restricciones impuestas desde el gobierno, empleos de calidad; no puede esperarse más que una significativa reducción del ingreso real promedio de la sociedad en su conjunto.

Empleo de baja calidad en una economía no competitiva, no puede provocar sino una persistente caída de los ingresos reales netos. Círculo vicioso de menos ingresos, menos demanda, menos trabajo.

No sólo se genera un problema estrictamente económico sino que se sientan las bases para el desarrollo de una comunidad pobre, desigual y violenta que determina lo que se conoce como de “selección adversa”: los peores llegan al poder, los que pueden se escapan del sistema y el resto, sobrevive como puede.

(*) Docente.