De acuerdo a la sentencia conocida este miércoles en los Tribunales de Concordia, el intendente de Estancia Grande, Pablo Goldín, fue encontrado culpable de violencia laboral sobre una de las empleadas del municipio (se resguarda su nombre por el principio de confidencialidad en causas de violencia de género), por el Juzgado Laboral Nº 3 de Concordia.

La causa, con el patrocinio de la abogada especialista en el tema María de los Ángeles Petit, se inició a fines de 2020, luego de un año “de hechos calificados como acoso o Mobbing Laboral en el marco de una persecución política y personal contra una de las empleadas de planta permanente del municipio”, publicó El Entre Ríos.

Según se informó, “durante varios meses, el intendente Goldin buscó que la empleada renunciara a su lugar de trabajo, no asignándole tareas, delegando tareas que no iban de acuerdo a su categoría de empleada administrativa y no entregándole elementos mínimos para realizar su labor, entre otras, y luego, incluyéndola en la lista de personal no esencial por razones no fundamentadas”.

La sentencia admite la demanda y manda a resarcir a la víctima con una indemnización en dinero, disponiendo que deberá asignarle tareas efectivas y acordes a la categoría administrativa, proveyéndole de todos los elementos de trabajo necesarios para su cumplimiento y obliga al Presidente Municipal, Sr. Pablo Javier Goldín, como así también todo el personal, ya sea de planta permanente o contratado, a que reciba capacitación en materia de violencia en el ámbito laboral y prácticas discriminatorias fundadas en razón del género y otros motivos arbitrarios, de acuerdo a lo que determina la Ley Micaela.

El municipio tendrá que informar en los próximos 20 días al Juzgado sobre quien será la profesional y/ o la institución que realizara la capacitación, imponiéndole en caso de que no se realice, multas conminatorias.

Fallo "satisfactorio"

Petit, quien patrocinó a la víctima, consultada sobre el tema expresó: “Nos sentimos muy conformes por la sentencia en general. El resarcimiento económico es mínimo, simbólico, porque el objeto de mi representada es, ante todo, dejar expuesta la conducta del Intendente”.

“Creo que el fallo marca un antes y un después para muchas autoridades que creen que por el solo hecho de serlo pueden disponer del trabajo de los agentes públicos, sin considerar sus antecedentes y su trayectoria laboral. Existen normas y procedimientos que hay que respetar y en este caso concreto se visualiza en todo el legajo judicial”, agregó.

“Desde quienes trabajamos estos temas es fundamental que la Jueza obligue en el fallo a la capacitación de todo el personal, incluyendo al Intendente y sus funcionarios, en la violencia de género y/o actos discriminatorios, y no lo deje librado a la voluntad política, sino que lo debe hacer en un plazo de tiempo estipulado”, expresó luego.

Y cerró: “Fueron 8 meses difíciles, pero estamos muy contentas, y para la víctima, es un gran alivio. Estos fallos refuerzan la decisión de muchas mujeres que se puede denunciar libremente, no importa de quien sea el agresor”.