Desde la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher) elaboraron un fuerte documento en donde exigen "al gobierno de Entre Ríos que frene el alarmante incremento de la violencia institucional". Apuntan al accionar de la Policía de Entre Ríos. Pero la exigencia no sólo es al gobierno sino que también "a los representantes de los tres poderes" de la provincia. 

"Nos dirigimos a usted ante la escalada de violencia institucional que vivimos hoy en Entre Ríos. A 38 años del retorno a la democracia consideramos necesario hacer un repaso de algunas de las deudas pendientes que tiene el Estado Provincial en esta materia e instarles, a usted y a todos y todas los y las funcionarios y funcionarias de los tres poderes del Gobierno Entrerriano, a que se comprometan realmente en la promoción y protección de los derechos humanos", expresaron en dicho documento enviado a ANÁLISIS.

El texto explica que "la seguridad pública ciudadana, como deber primario del Estado, no sólo importa en relación a la prevención de hechos delictivos sino también en proteger la vida, garantizar la integridad física y desalentar discursos y prácticas violentas". "Para ello es menester promover un sistema de seguridad democrático que respete los estándares mínimo de derechos humanos: que el sistema carcelario tenga como objetivo primario la readaptación social de las personas privadas de su libertad, que los agentes policiales y penitenciarios sean constantemente capacitados en derechos humanos, que se creen reglamentos y protocolos de actuación claros para guiar el accionar policial profesional que tienda a reducir los riesgos, proteger los derechos fundamentales de las personas involucradas, prevenir y evitar intervenciones violentas abusivas", reclamaron.

"En ninguno de estos puntos, el gobierno provincial tiene una intervención activa, ya sea por omisión, impericia o aquiescencia y, por decantación, se genera la reproducción de prácticas violentas en los cuerpos policiales y penitenciarios", cargaron desde la Rodher.

En esa línea, comenzaron a ejemplificar con distintos casos ocurridos en los últimos años en la provincia. Citaron el caso de Iván Pérez y el de Gabriel Gusmán, a quienes calificaron como "víctimas de gatillo fácil durante esta gestión de gobierno". 

Además, puntualizaron en los dichos del Jefe Departamental de Gualeguaychú, Cristian Hormachea, que admitió en el marco de la investigación del crimen de Pérez, que “es prácticamente nula la capacitación que tienen los funcionarios policiales”. "Es de una gravedad institucional sin precedentes y de lo cual ningún funcionario público ni legislador provincial ni poder del Estado solicitó informe sobre ello a la autoridad correspondiente ni ninguna otra acción que dé cuenta de la gravedad que esta realidad implica, al pretender justificar corporativamente la muerte de dos jóvenes en nuestra provincia por balas policiales".

"Con su inacción o aquiescencia ante la violencia institucional este Estado provincial expone no sólo a ciudadanos y ciudadanas a la escalada de violencia estatal, sino también a las y los propios agentes de las fuerzas de seguridad, a quienes se termina por educar y empujar hacia la violencia, ejecutando delitos por los que tarde o temprano serán juzgados", explicaron.

Los organismos de DDHH continuaron con la creación del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura (MPPT), a través de la Ley N°10.563 sancionada en 2017 pero que calificaron como "una formalidad sin contenido ni acciones". "El MPPT tiene, entre otras funciones, el monitoreo, control y seguimiento de los lugares donde se encuentran personas en situaciones de encierro, así como también diseñar y recomendar acciones y políticas para la prevención de la tortura, y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y promover la aplicación de sus directivas, recomendaciones, estándares y criterios de actuación por las autoridades competentes a nivel provincial y municipal. Para su creación es necesaria la conformación de la Comisión Bicameral de Derechos Humanos". 

"El parlamento entrerriano, que responde al Gobernador Gustavo Bordet, viene ignorando los reiterados pedidos de los organismos de derechos humanos, y a todas luces desconoce también los hechos de tremenda gravedad institucional y crímenes del Estado que se acrecientan día a día en la provincia. Lamentablemente, la única 'iniciativa' del ejecutivo en este sentido fue la presentación de un proyecto de ley de parte del bloque de oficialismo que propicia el desfinanciamiento del MPPT, pretendiendo que integrantes de la sociedad civil se sumaran a trabajar en protección de los derechos humanos ad honorem, lo que contradice las recomendaciones del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, y de los organismos internacionales de derechos humanos".

Insistieron en la derogación del Código Contravencional (Ley 3.815) como lo vienen haciendo hace años. "La ley data de 1952 y otorga facultades  discrecionales a la policía alentando detenciones arbitrarias que hoy por hoy padecen los jóvenes de los barrios periféricos de nuestras ciudades, que a la hora de resolver conflictos de convivencia urbana tiende a predominar el punitivismo, sin jueces que juzguen y sin derecho a defensa. Se trata de  una ley anticonstitucional vigente en nuestra provincia desde hace décadas y su derogación es otro compromiso incumplido de la actual gestión".

El extenso documento de la Rodher se refirió también al reciente hecho que tiene que ver con la muerte violenta de José Luis González. El joven de 22 años apareció muerto en la Isla Bonita y había sido detenido dos días antes por personal de la Comisaría Octava por una contravención: "En estos días nuevamente queda bajo sospecha la actuación de la policía de Entre Ríos en el caso José Luis González, quién luego de haber sido aprehendido por averiguación de antecedentes - por código contravencional- el día 17 de diciembre pasado denunció ante la Defensoría Pública hostigamiento por parte de los funcionarios policiales de la Comisaría Octava de Paraná, desapareciendo ni más ni menos que el paradigmático día 19 de diciembre y cuyo cuerpo fue encontrado el 21 del mismo mes, es decir mientras en la plaza 20 de diciembre conmemoramos las muertes en manos de la Policia de Entre Rios de Romina Ituraín, Eloisa Paniagua y José Daniel Rodríguez".

"Es dable señalar que la detención de González no fue notificada ni a la Justicia, ni a la Defensoría, ni a Fiscalía. Es decir estamos en presencia de un posible caso de desaparición forzada seguida de muerte en manos de la policía de Entre Rios, lo que de confirmarse sería de una gravedad institucional escandalosa", fustigaron.

El documento continuó: "Es deber del Poder Judicial robustecer los sistemas de control y sanción y diseñar una política criminal clara en donde los hechos en los que se encuentra involucrado un funcionario policial o penitenciario deben investigarse con celeridad, diligencia e independencia de los presuntos responsables y de las unidades, instituciones u organismos de las que pertenezcan los involucrados". 

"En las cárceles de nuestra provincia se han incrementado las muertes de personas detenidas, persisten la tortura y los malos tratos- muchas veces producidos por quienes deben velar por su seguridad y bienestar- simultáneamente el aumento de la población carcelaria causando la sobrepoblación y el hacinamiento, esto bajo un contexto mucho más complejo producto de la pandemia por el covid-19. Por lo que amerita sobradamente que se busquen estrategias acordes para adecuar cuidados sin vulnerar ni violar derechos", señaló el texto.

Además, recalcaron nuevamente que "las comisarías no deben ser lugares de detención" y ejemplificaron con el caso de Erik Valdéz en Concordia: "Fue encontrado sin vida y con evidentes signos de tortura en la Comisaria Segunda y cuya detención no fue notificada a los ministerios públicos de la acusación, ni de la defensa, ni a ningún otro funcionario del poder judicial, por lo que se trata de una detención ilegal, que terminó con la muerte de un joven que se encontraba bajo la custodia de la policía de la provincia".

Recordaron que hace un año, desde la Rodher realizaron una reocrrida en donde inspeccionaron la Alcaidía Contravencional de Paraná y elaboraron un Informe sobre las condiciones de la misma. El informe fue entregado a la ministra de Gobierno Rosario Romero: "Nos encontramos con una dependencia donde se observó un evidente deterioro edilicio y un estado general insalubre, tanto para las personas detenidas como para el personal de la Comisaría, entendiendo que no está a la altura de lo exigido al Estado por las Leyes, Las Constituciones Provincial y Nacional y por los Tratados y Convenciones de DDHH".

"Es por esto que es menester que se ponga en marcha, en nuestra provincia, un mecanismo de observación, control y asesoramiento en relación a los lugares de encierro, cuya integración garantice la independencia y la participación de la sociedad civil, que tenga como objetivo mejorar los derechos de las personas privadas de su libertad, así como también de los funcionarios que prestan servicios allí y que genere las acciones pertinentes para la protocolización del accionar de las fuerzas", reclamaron.

El documento continuó: "También, y con el objetivo de conocer los datos e indicadores que permitan el diseño de políticas públicas en torno a la seguridad democrática es que en agosto de 2019, solicitamos esta información al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio Público de la Defensa y al Ministerio de Gobierno respecto a denuncias realizadas a personal de la Fuerza de Seguridad y del Servicio Penitenciario, por violencia de cualquier tipo en ejercicio de sus funciones. Sólo del Ministerio Público de la Defensa, obtuvimos respuesta".

"Asímismo contamos en los últimos años con un largo recorrido por distintos organismos estatales en los que hemos manifestado nuestra  preocupación ofreciendo colaboración, propuestas y acciones concretas pero solo hemos recibido respuestas evasivas y lo que se concreta no hace más que profundizar la degradación y vaciamiento de las políticas de derechos humanos en la provincia. Nos hemos reunido con la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, de quien dependen la PER y el Sistema Penitenciario; con la Vicegobernadora; con el Subsecretario de Derechos Humanos; con Legisladores provinciales y nacionales; con integrantes del Superior Tribunal de Justicia y con el Procurador General, todas personas que por su función podrían generar cambios necesarios para garantizar los derechos humanos", agregaron.

Luego, hicieron un punteo de los casos "más extremos de violencia institucional que terminaron con la muerte de ciudadanos entrerrianos": 

- José Luis González, de 22 años, desaparecido el pasado domingo 19 de diciembre y 10 días después la familia confirma la identidad del cuerpo del joven que apareció en la Isla Bonita, jurisdicción santafesina del Río Paraná. Este lamentable hecho está en sus primeras investigaciones. La familia ha deslizado el hostigamiento constante de parte de uniformados de la policía de la jurisdicción de su barrio. 

- Estamos alertas y expectantes a lo que vaya surgiendo Erik Valdez, de 33 años, el joven fue hallado sin vida en una comisaría en Concordia, no habilitada para alojar a personas detenidas, el cuerpo de Erik evidenciaba visibles signos de torturas y vejaciones aberrantes, las autoridades policiales no cumplieron con su obligación de dar aviso correspondiente a la fiscalía ni a la defensoría de dicha detención, quienes se enteraron de los hechos tras el deceso de la víctima, por lo cual caracterizamos a esta detención como ilegal.

- Iván Pérez, de 24 años fue asesinado el 9 de octubre de 2019 por el Sargento Mauricio Javier Gómez de la Policía de Entre Ríos en Gualeguaychú (quien se encuentra gozando de su libertad).Recibió el disparo en la nuca.

- Miguel Varela, de 31 años, fue asesinado por la Policía de Entre Ríos en Concordia el 8 de septiembre de 2019, por la funcionaria policial Victoria Toledo. Todavía no hay sentencia en ésta causa.

- Gabriel Gusmán, de 20 años, fue asesinado por la Policía de Entre Ríos en Paraná el 25 de septiembre de 2018, por los efectivos Rodrigo Molina y Diego Íbalo, el disparo lo recibió por detrás, en la cabeza. La Policía de la Provincia, la misma fuerza acusada del homicidio, es la que hizo las tareas investigativas en los primeros momentos tras la muerte, algo absolutamente irregular, en donde el Estado decidió no impulsar la acusación quedando en manos de la querella particular su consecución.

- Sebastián Briozzi, de 20 años, fue asesinado por la Policía de Entre Ríos en Concordia el 25 de septiembre de 2016, por Sergio Acosta suboficial de dicha fuerza quién le alojó un certero balazo en la nuca.

"6 jóvenes de nuestra provincia, 4 muertos por gatillo fácil y los dos restantes se están investigando el entramado de su muerte en un contexto enmarañado donde está la policía de la provincia de por medio. Sólo el caso de Sebastián Briozzi tiene sentencia", agregaron al listado.

En esa línea, historizaron: "Hemos de recordar la tarea pendiente en materia de verdad y justicia que todavía tiene nuestra tierra entrerriana sobre los casos de asesesinato de Totín Pérez y las desapariciones de Martín Basualdo, Héctor Gómez y Elías Gorosito, en todos estos hechos en los que impera la impunidad la Policía de Entre Ríos estuvo involucrada".

"A esta altura resulta una obviedad mencionar que no existe en el Ejecutivo ningún Programa, Dirección o Área que tenga como función principal el trabajo contra la violencia institucional, a tal punto es así, que la Secretaría de Justicia, la Subsecretaría de Derechos Humanos (con una falta de reacción alarmante en estos temas) y las fuerzas de seguridad (policía y servicio penitenciario) insolitamente dependen de un mismo ministerio", señalaron.

Instaron, nuevamente, a los tres poderes del Estado: "Se debe contrarrestar ésta violencia a través de mensajes contundentes que desaprueben las prácticas discursivas de odio y negacionistas, y de una actividad robusta de los mecanismos de prevención, protección y control".

"Es una deuda asumida con el pueblo y una obligación a nivel internacional la que tiene el Estado entrerriano, es una responsabilidad de los tres poderes que lo conforman, entre ellas la de evaluar el contenido, las características y las estrategias de políticas que se llevan a cabo para prevenir, reducir y erradicar las lógicas de violencias de las prácticas de nuestras fuerzas de seguridad", aseveró el documento.

Para finalizar, el texto de la Rodher, afirmó: "Este año pudimos celebrar 38 años de democracia, esto nos animó a reflexionar sobre ella. Hemos dado enormes pasos hacia su profundización, y también hemos sido testigos de la efectividad de la destrucción en los años que gobernaron los poderes económicos concentrados, quienes tienen como único proyecto la planificación de la pobreza y como estamos viendo en estos días la socavación del estado de derecho. Los discursos de odio validados con la indiferencia y la banalización, pasaron de sobrevolar nuestro pueblo, a tocar fibras sensibles con peligrosa fuerza. Les pedimos que hagan honor a la voluntad popular, y ejerzan autoridad demarcando los límites éticos que nunca debemos cruzar".

"Ni un gurí menos por las balas policiales", expresaron las organizaciones integrantes de la Rodher, a continuación enumeradas: 

- RODHERComisión Permanente de DDHH de Colón;
- Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Concepción del Uruguay;
- Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (AFADER);
- Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú;
- H.I.J.O.S. Regional Paraná;
- H.I.J.O.S. Regional Concordia;
- Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concordia;
- Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción del Uruguay;
- Liga Argentina por los Derechos Humanos;
- Asociación de Ex Presos La Solapa de Paraná;
- Memoria Colectiva de Villaguay;
- Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Gualeguay