La presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, acudió el miércoles 8 al Senado y participó de una reunión conjunta con las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, y en ese ámbito pidió la creación de 152 cargos para el Poder Judicial, de los cuales 144 agentes están designados en forma transitoria, y lo que se pretende es regularizar la planta de personal. Y dejó un dato relevante: la última vez que la Legislatura aprobó la creación de cargos fue en 2015.

Lo que en apariencia podría entenderse como una novedad auspiciosa esconde una disputa hacia el interior de Tribunales. Desde la Justicia se informó oficialmente de esa reunión de Medina y el vocal Jorge Pirovani con los senadores, pero nada se dijo que también acudió a la Cámara alta el defensor General, Maximiliano Benítez, que pidió la creación de 67 cargos para el Ministerio Público de la Defensa, y que pidió ser escuchado también el procurador General, Jorge García, que solicitó la creación de cargos en el Ministerio Público Fiscal.

El procurador acudió con los datos que arrojó un relevamiento realizado por la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER, sindicato que pidió ser escuchado por los senadores. En Fiscalía calcula que la necesidad es de 73 cargos, pero que el STJ sólo elevó al Senado los requerimientos propios y de la Defensoría pero no las de la Procuración. “Seguro fue un error involuntario”, ironizan en el Ministerio Público Fiscal a Entre Ríos Ahora.

El 6 de diciembre, la AJER hizo una presentación a la presidenta del Senado, Laura Stratta, en la que alertó “la gran cantidad de trabajo en los distintos fueros en relación con el personal disponible, lo que genera un riesgo inminente sobre las condiciones de trabajo y la salud de los/as trabajadores y la imposibilidad de dar una respuesta adecuada a la creciente demanda de la sociedad sobre el Poder Judicial entrerriano, responsabilidad con la que los/las trabajadores judiciales estamos comprometidos”.

En medio, hay otro jugador que pretende su lugar: la delegación local de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UJEN), que a nivel nacional dirige Julio Piumato y que aquí encabeza Bibiana Starck. Pero que en Entre Ríos no tiene personería gremial.

Este lunes Piumato estuvo en Paraná y se reunió con la titular del STJ, Susana Medina, y los vocales Susana Medina; los vocales Germán Carlomagno, Miguel Ángel Giorgio, Martín Carbonell y Gisela Schumacher.

Oficialmente, el Poder Judicial indicó que Medina puso al corriente a Piumato sobre el proyecto de ley de regularización de cargos en el Poder Judicial, y destacó “que la prioridad son quienes ocupan el escalafón de escribientes con derechos adquiridos; especialmente los que cumplen funciones en los Juzgados de Familia y los Juzgados de Paz”.

Se trata de un grupo de trabajadores que se incorporó en 2014 sin el proceso de concurso, y que por tanto no integran la planta permanente. Ese año hubo un acuerdo entre los distintos sectores para que ese personal quedara como escribientes -el rango inicial del escalafón- con derecho a permanencia, con estabilidad. Se trata de unas 80 personas.

El grueso de ese personal se sumó al sindicato de Piumato, cuentan fuentes judiciales. Y eso le permitió al dirigente nacional poner un pie en Entre Ríos. “Pero la realidad de los judiciales nacionales es totalmente diferente a la nuestra -dicen desde la Justicia entrerriana-. Ellos no tienen concurso para ingreso, tienen otro tipo de sistema jubilatorio. Pero vinieron con la promesa de hacer ingresar en planta permanente a esta gente que ingresó como escribiente con derecho a permanencia. No sé qué trato ha hecho con las autoridades del STJ ni por qué viene tanto a Entre Ríos”.

El sindicato de los judiciales entrerrianos, AJER, relevó las necesidades de personal en toda la provincia, y lo puso a disposición del STJ, pero hay resquemor en algunos sectores respecto a quiénes se beneficiará con la creación de cargos que ahora trata la Legislatura. Hay un borrador que empezó a circular que da cuenta de la creación de cargos con nombre y apellido. Y que podría beneficiar directamente a aquellos agremiados en el sindicato de Piumato, según relevaron tres fuentes consultadas.

“Hay un listado que no se hace público –cuenta una fuente-, que plantea que varios de estos cargos ya vienen con nombre y apellido. Ese es el tema. Los cargos no pueden salir con titularización a nombre de alguien. En eso está haciendo lobby Piumato”.