Una y otra vez volver sobre lo mismo: la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. Incómodo, porque encierra definiciones que a esta altura de la historia lucen inconmovibles, aunque a veces tambalean. Una de ellas, el 82 por ciento móvil. ¿Quién se anima a cuestionar ese beneficio de los estatales entrerrianos? La coyuntura de extendida escasez reparte oscuridad a todos los rincones. Fortaleza y temor van de la mano.
La Caja, como se la menciona recurrentemente, tiene un valor simbólico, una raíz, que la convirtió a veces en consigna. Apenas se comenta, en modo susurro, la posibilidad de ocuparse de una situación que sobrevuela e impacta los presupuestos, la reacción es inmediata. El arco político partidario y el gremial, se agita al instante, borrando antagonismos. Se cierran las grietas detrás de lo que se asume como un valor común. (Revista Análisis 1151)
Tiempo nunca sobra
A esta altura, después de tantos años de tironeo superficial, cabe preguntar si ya alguien cuenta con un diagnóstico correcto del sistema, porque tenerlo es el punto de partida para proponer una política aplicable. Hay que intentarlo al menos, para acercar soluciones o algo parecido a problemas de fondo. Escabroso, molesto, pero por las evidencias, inevitable.
Demasiada omisión en continuado colocó al sistema previsional en un callejón sin salida. Se desarrolló un intenso abordaje desde lo administrativo en el último año y medio. No se pudo avanzar el año anterior con un proyecto de ley.
De una vez por todas se debería evitar el atajo, enfrentando las consecuencias de no accionar durante tantas décadas.
Cada cual, con su cuota de responsabilidad, tendría que elaborar algún aporte. El tiempo dirá después el quién es quién, porque siempre pone las cosas en su lugar.
Hay demasiados silencios, especulaciones, que se parecen demasiado a la búsqueda de olvido que, en lugar de sumar, restan. Pero vale aplicar la pausa en favor de objetivos superiores.
Lo reciente
Hace algunos días el ministro de Gobierno y Trabajo de la provincia, Manuel Troncoso, lanzó durante su participación en el programa A quien corresponda (Radio Plaza 94.7) la idea de encarar reformas en la legislación previsional entrerriana. Lo propio hizo en las últimas horas su par de la cartera de Hacienda, Fabián Boleas.
Al repasar las medidas tomadas desde la actual conducción de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, y sosteniendo que “el 82% que sostiene nuestra Caja de Jubilaciones es una medida innegociable”, Troncoso propuso discutir la edad para acceder a los beneficios.
Puede ser esa una parte, un inicio, pero no es más que eso. Sobra la evidencia científica en relación a los cambios operados en la expectativa de vida. Se hace imperioso, a esta altura, una reforma integral. Cuanto antes, mejor.
Para el responsable de la cartera política es “injusto” que al déficit de la caja lo deba afrontar toda la comunidad, poniendo en ese análisis a los empleados del Estado como un sector privilegiado.
Más allá de la opinión fundada, respetable, hay que recordar que quienes acceden al beneficio lo hacen manteniendo una proporcionalidad entre aportes y beneficios. La Constitución entrerriana así lo determina, como también la inclusión en los cálculos del haber previsional del tiempo de servicios y la edad de los beneficiarios.
Poner las cosas en su lugar habilita poder enfrentar la situación con mayores posibilidades de encontrar una salida consensuada.
Los que se jubilan en Entre Ríos han realizado aportes a lo largo de su vida laboral. Los circunstanciales administradores del Estado, de 1993 (sanción de la 8732) a la fecha, quizá no fueron realizando las correcciones necesarias.
Ahora aparece un cuello de botella, una coyuntura marcada por la escasez, que acerca lo inevitable: hay que hacer cambios en la legislación. Es necesario, para alcanzar un resultado ecuánime (o cercano a ese punto), equilibrar las cargas.
Afrontar la actualidad sin mencionar responsabilidades, impide encontrar las palabras adecuadas a la hora de las explicaciones. No se puede circunscribir el intercambio a los términos del teorema de Baglini, para empezar a pendular entre achaques que terminan en la nada misma.
Que algunas administraciones no se hayan ocupado no puede ser excusa para poner todo en el andarivel de la chicana.
Observar el pasado reciente es un punto de partida necesario. Quizá se podría proponer un encuentro informal entre los que administraron el sistema durante este cuarto de siglo, para que puedan brindar experiencias a los actuales conductores del organismo con sede en calle Andrés Pazos de la capital entrerriana.
Los estamentos gremiales cuentan con espacios de participación de jubilados, que están siempre atentos y saben exactamente qué no deben ceder.
Sinceridad y crudeza aparecen como los componentes básicos de las charlas iniciales. Partir desde esas premisas podría acortar los tiempos para proponer a la representación legislativa algún para descomprimir al sistema y evitar que, de manera recurrente, estemos discutiendo siempre sobre lo mismo.
Hay que ser celosos guardianes de algunos espacios de trabajo. No tardan en aparecer los comentaristas seriales, que estructuran sus dichos remarcando las defecciones de los que tuvieron responsabilidad política y miraron para otro lado.
Nos acercamos al cierre de un nuevo período legislativo, pero ello, creemos, no impide que se puedan empezar a intercambiar los primeros borradores.
Las identidades partidarias se vuelven relativas por el volumen del tema. Las consecuencias de no oxigenar el sistema son desconocidas. El equilibrio alcanzado es importante, pero precario.
Es Estado Nacional, a regañadientes, ha hecho algún aporte y se continúa un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto es tan solo una parte de lo que se puede hacer.
No se puede dejar de lado lo qué piensan en relación al futuro de la Caja, del sistema, los aportantes y los beneficiarios. Todos se tienen que expresar con sinceridad. Como en las últimas décadas, los que están expectantes, sin posibilidad de especular, asumiendo los más grandes esfuerzos, son mayoría.
Los actuales y los futuros (si dan los números) jubilados no pueden ser colocados como responsables de la coyuntura. Esto hay que decirlo, una y otra vez.
No se puede achacar males al sistema de jubilaciones y pensiones, presentándolo como una carga para los entrerrianos. Habría que bajar un poco los decibeles y abrir el intercambio. Solidaridad.
El proyecto frustrado
Hace un año atrás tuvo estado parlamentario un proyecto de ley que buscaba modificar este sistema solidario. La idea de introducir cambios estaba fundada en la existencia de una estructura altamente deficitaria, con una ecuación activo/pasivo en deterioro alarmante, dotado de un sistema de incrementos en la movilidad en dirección opuesta al déficit que genera cada escalafón, sumando a una situación de desfinanciamiento creciente.
Así estaba en aquellos argumentos y hoy día se puede volver a decir que sigue eso del desfinanciamiento creciente. Se habló de una situación que está lejos de ser coyuntural.
Si fue el momento o las formas, nadie lo ha dicho, pero se decidió al retiro de la propuesta a la espera de una mejor instancia.
“Las herramientas para atender el estado deficitario de la Caja de Jubilaciones y Pensiones y, consecuentemente, de su impacto en las cuentas públicas, se presentan insuficientes y no garantizan la sustentabilidad del sistema con el esquema actualmente vigente, aún si los resultados se obtuvieran de inmediato”, decía parte del mensaje que acompañó el texto. Todo sigue vigente.
Se trata de afrontar las consecuencias de décadas dando vueltas alrededor de un problema, que se agigantó, sin resolver absolutamente nada. Vale reiterar que ya en origen mismo de la 8732 hubo tensiones, porque, (aunque muchos no lo recuerden) el pregón era sobre los males que sufrirían los jubilados con esa mala ley, que es la que hoy se defiende hasta abajo del agua.
Distintos perfiles, variados actores de la política, de todos los partidos o agrupamientos, no dejan de reconocer, en lo que va de este siglo, que el sistema previsional necesita reformas.
Esto viene desde hace demasiado
Todos los que tienen alguna responsabilidad de gobierno, los circunstanciales opositores, deberían intentar actos de responsabilidad. Asumir la situación, discutirla, sin bajezas. Es que en general los intentos son demasiado parecidos. Esto no es nuevo. Viene desde hace demasiado.
En el año 2008, por ejemplo, el Ejecutivo entrerriano y el Gobierno Nacional (ANSES), aprobaron un convenio para la armonización y el financiamiento del sistema previsional. Lo firmaron el 17 de octubre de ese año.
Muchos prefieren olvidarlo, pero armonización significaba para los entrerrianos una pérdida importante.
Aquella vez la provincia se comprometió “a mantener el proceso de armonización de su normativa en materia de jubilaciones, pensiones y retiros, convergiendo a las leyes nacionales vigentes en materia de seguridad social”.
ANSES debía encarar un mecanismo de auditorías periódicas sobre el sistema provincial de jubilaciones, pensiones y retiros, para aceitar un esquema en el que el Estado Nacional fuera haciendo aportes para alimentar los ingresos de la Caja de Jubilaciones entrerriana.
Por estos días, se informa, funcionarios de ANSES trabajan en auditorías.
Hubo decretos provinciales, anuncios, comentarios, protestas, desacuerdos varios. Por el gobierno nacional estamparon su firma en el decreto 2100 Cristina Fernández, Sergio Massa y Carlos Tomada. El director Ejecutivo de la ANSES era Amado Boudou. El gobernador entrerriano, Sergio Urribarri.
Es evidente que los problemas ya estaban, en otra magnitud, presentes. Se han ido agravando. Como un buen punto de partida, en el que todos los actores políticos con representación parlamentaria están en apariencia de acuerdo, se puede proponer el gran objetivo de mantener el 82 por ciento móvil. Que el sistema siga siendo solidario.
A partir de ahí mirar como funcionan los escalafones y rever la edad jubilatoria contenida en la normativa. Seria interesante el intento de buscar en principio algunas coincidencias, obviar las chicanas y dejar que el tiempo, impiadoso acomodador, haga lo suyo.
Está claro que hay un problema que no puede esperar demasiado.
Se podría incluir, en los fundamentos del nuevo proyecto, que tal vez discuta la Legislatura a principios del próximo año, lo que ya estaba en el mensaje del que se ingresó y retiró el año pasado: “no debe perderse de vista que es una finalidad del Estado y éste se encuentra obligado a garantizar el derecho a un piso de protección social a los habitantes de la provincia, disponiendo a tal efecto de un sistema de Seguridad Social sustentable económica y financieramente, que contemple los intereses de la mayoría de los afiliados y de las futuras generaciones”.
Mantener el 82 por ciento móvil y seguir siendo solidarios. Buenos puntos de partida.
