En la audiencia los defensores ratificaron sus críticas a la inhibición y los fiscales reclamaron confirmarla. Foto: Gentileza Entre Ríos Ahora.
La causa de los contratos truchos de la Legislatura provincial sigue estancada en la instancia de remisión a juicio, mientras se resuelven recursos presentados por las defensas de los acusados que llegaron a la máxima instancia del Superior Tribunal de Justicia. Mientras tanto, este jueves se realizó una audiencia de apelación contra una medida cautelar sobre el patrimonio de los imputados. En esta instancia, se supo que el excamarista Hugo González Elías se sumó a la defensa de Juan Pablo Aguilera y otros sujetos implicados en el mecanismo de corrupción investigado. Además, el exvocal Pablo Vírgala también ejerce la defensa de Ariel Faure.
Según informaron fuentes judiciales a ANÁLISIS, en la audiencia desarrollada en horas de la mañana de este jueves, ante la vocal Carolina Castagno, los abogados defensores cuestionaron la medida dictada por Barbagelatta en diciembre, a instancias del pedido de la Fiscalía, que consistió en la inhibición general de bienes sobre más de 20 personas involucradas en el proceso judicial. La medida fue solicitada por los fiscales de la Unidad de Investigación y Litigación, Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, con la adhesión del fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos, Julio César Rodríguez Signes. Inicialmente, el Ministerio Público Fiscal (MPF) había solicitado la “reinscripción” de las medidas cautelares dictadas originalmente en septiembre de 2019, debido a que tienen una limitación temporal en los registros.
Sin embargo, tras consultas con la Dirección General del Notariado de Entre Ríos, se informó que, al encontrarse vencidas las inscripciones anteriores, correspondía legalmente realizar una "nueva inscripción" en lugar de una reinscripción. Este ajuste técnico fue solicitado por los fiscales para evitar que cualquier demora impactara en la eficacia de la medida cautelar.
La inhibición alcanza a los acusados para quienes se requirió la remisión a juicio: Alfredo Bilbao, Gustavo Hernán Pérez, Sergio Esteban Cardoso, Flavia Marcela Beckman, Hugo Rubén Mena, Juan Domingo Orabona, Pedro Eduardo Opromolla, Jorge Enrique De Breuil, Juan Pablo Aguilera, Alejandro Luis José Almada y Roberto Ariel Faure. Y también se incluyen personas beneficiadas con la suspensión del juicio a prueba, como Verónica Caino, María Victoria Álvarez y Viviana Gisell Mena Gioveni, ya que su desvinculación definitiva del proceso solo se producirá una vez cumplidas todas las condiciones impuestas, lo cual aún no ha ocurrido. Asimismo, la medida afecta a individuos que poseen bienes en copropiedad con los imputados, bajo el argumento de que dichos bienes podrían estar afectados a una eventual reparación del daño.
La resolución fue apelada por los defensores mediante dos recursos, al cuestionar la orden de realizar una nueva inscripción de las inhibiciones generales de bienes, calificando la medida como una maniobra para eludir la caducidad de medidas que ya habrían vencido. Los abogados Agustín Fontana y José Velázquez, representantes de Flavia Beckman, Hugo Mena y otros cinco imputados la describieron como “medida muerta”. Sostuvieron que las medidas cautelares originales, inscriptas en 2019, caducaron de pleno derecho en 2024 al cumplirse el plazo de cinco años previsto por el Código de Procedimiento Civil y Comercial. Argumentaron que permitir que el Ministerio Público Fiscal renueve estas medidas cada vez que se le vence el plazo convierte a la inhibición en una “pena anticipada perpetua”, vulnerando el derecho de propiedad y el principio de inocencia.
Por su parte, los abogados Miguel Ángel Cullen, Pablo Hawlena Gianotti y Tomás Virgala, quienes representan a imputados como Juan Pablo Aguilera, Gustavo Pérez y Ariel Faure, tildaron la resolución de “arbitraria”. Señalaron que no existe un “peligro en la demora” real, dado que fue la propia Fiscalía la que permitió que la inhibición anterior caducara por su propia inacción. Además, denunciaron que la medida es desproporcionada y se basa en “meras hipótesis” y anotaciones del año 2019, ignorando que hoy existen pericias contables oficiales en el legajo. También advirtieron que la resolución afecta incluso a personas que no son parte del proceso o que no lo serán tras el pedido de remisión a juicio.
Además, los defensores afirmaron que es de “especial gravedad” la inhibición sobre los bienes de imputados que se encuentran con la probation. Mencionaron el caso de María Jazmín Mena Gioveni, quien, a pesar de tener un local comercial, no ha podido percibir ingresos debido a estas restricciones, lo que la habría llevado a la quiebra.
En la audiencia donde se expusieron oralmente estos planteos que previamente se presentaron por escrito, Cullen presentó a un asesor de la defensa, el exvocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, Hugo González Elías, quien se sentó en la fila de los abogados de los imputados. Este exfuncionario se jubiló a mediados de septiembre de 2025 y ya se encuentra trabajando nuevamente en el campo de la abogacía, en este caso en la mega causa del millonario desfalco del erario público. Cabe mencionar que, según se observa en el padrón del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, aún tiene la matrícula suspendida, por lo cual asistió como asesor.
A su vez, el exvocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Pablo Andrés Vírgala, integra la defensa de Ariel Faure que, desde tiempo antes, es asistido por el hijo del exjuez, Tomás Vírgala. El exmagistrado también estuvo en la audiencia de este jueves en el bloque de defensores de los imputados.
Tras la audiencia, se pasó a un cuarto intermedio y se aguarda por la resolución de la jueza Castagno.
