El Ministerio Público Fiscal, a través del fiscal General José Ignacio Candioti, solicitó formalmente la revocación de la libertad condicional y la inmediata detención de José Darío Mazzaferri, el represor condenado en 2017 a 16 años de prisión por asociación ilícita, torturas y secuestros contra numerosas víctimas durante el Terrorismo de Estado en Entre Ríos.
El pedido, que difundió el sitio Ahora.com, surge tras un extenso recorrido judicial que culminó con la anulación de los beneficios de los que gozaba el condenado por delitos de lesa humanidad. O sea que ya es momento que el represor regrese a prisión.
Mazzaferri operaba en un grupo de tareas de la Policía Federal en Concepción del Uruguay, que secuestraba y torturaba estudiantes, acciones en las que se comprobó que el represor tenía un protagonismo principal. Antes del juicio había estado prófugo con pedido de captura internacional durante cuatro años. No obstante, los jueces lo beneficiaron con la libertad.
Analizaron que, habiendo estado el condenado detenido desde el 11 de diciembre de 2013, la pena vence el 7 de diciembre de 2029 y el cumplimiento de las dos terceras partes de la condena se produjo el 8 de diciembre de 2023, por lo cual en esta fecha ya se le podía otorgar dicho beneficio.
La situación de Mazzaferri dio un giro significativo desde que el 8 de marzo de 2024, el Tribunal Oral Federal de Paraná (con integración de jueces de Rosario) le concediera la libertad condicional a pesar de haber estado prófugo entre 2009 hasta diciembre del año 2013. Sin embargo, esta decisión fue rápidamente cuestionada por el Ministerio Público Fiscal y la querella, logrando que el 26 de diciembre de 2024 la Cámara Federal de Casación Penal anulara la resolución y ordenara un nuevo pronunciamiento.
A lo largo de 2025, la defensa de Mazzaferri interpuso diversos recursos, incluyendo recursos extraordinarios y quejas ante la Casación, buscando mantener el beneficio de la libertad. No obstante, todos los intentos fueron declarados inadmisibles o rechazados por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal entre agosto y septiembre de ese año.
En su presentación del 28 de abril de 2026, el fiscal Candioti hizo especial hincapié en que Mazzaferri cumple condena por graves violaciones a los derechos humanos. Citando jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y mandatos de la ONU, el fiscal advirtió que la liberación anticipada en estos casos puede constituir una forma de impunidad y generar revictimización.
l escrito resalta que los beneficios en la ejecución de la pena para condenados por lesa humanidad deben ser limitados y proporcionales, garantizando siempre el derecho de las víctimas a la justicia y evitando que la ejecución de la sentencia se vuelva “ilusoria”.
Condena firme y pedido de captura
La Fiscalía sostiene que, tras el rechazo de los últimos recursos de la defensa, la instancia recursiva se encuentra totalmente agotada y la condena ha adquirido firmeza. Por este motivo, el fiscal Candioti solicitó que el Juez de Ejecución disponga, con la menor dilación posible, la revocación de la libertad de Mazzaferri para que comience a cumplir su pena en detención efectiva.
“La obligación internacional de sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos… no puede verse afectada indebidamente o volverse ilusoria durante la ejecución de la sentencia”, concluye el documento que ahora está en manos del Juzgado de Ejecución.
Mazzzaferri se encuentra condenado a la pena de 16 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas (ocho), todos calificados como crímenes de lesa humanidad.
