Los ediles concordienses repudiaron la designación de un juez que avaló documentos a favor de represores

La polémica designación de Quevedo como suplente en el Juzgado Laboral Nº 3 de Concordia, que efectuó el Superior Tribunal de Justicia (STJ), provocó que organizaciones de Derechos Humanos y vecinos de Concordia reclamaran un pronunciamiento al Concejo Deliberante.

El hombre es cuestionado por haber sido uno de los que rubricó una carta enviada en 2003 al entonces presidente de México, Vicente Fox Quesada, para exigirle “la liberación inmediata” del genocida Ricardo Cavallo, actualmente preso por su participación en las torturas y asesinatos cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar; aunque Quevedo negó haber puesto su firma.

Casi por unanimidad -el concejal Rubén Dri, del Peronismo Federal, no votó el artículo segundo del proyecto- los concejales remitieron un pedido al STJ y a otros organismos del Estado, en el que le manifestaron estar “preocupados sensiblemente” por “un nombramiento de estas características”.

La medida obliga al STJ a dar explicaciones al respecto. El máximo órgano de justicia puede exigir al Ministerio de Relaciones Exteriores (responsable de habilitar sitios web) los nombres de los responsables de las páginas digitales que publicaron el nombre de Quevedo en los documentos de apoyo a los genocidas.

También puede exigir al grupo Memoria Completa, cuyo mail figura al final de las firmas en las que aparece la de Quevedo y otros, a mostrar la documentación que acredite o desacredite tales publicaciones.

El proyecto de resolución, que dio a conocer Diario Junio, señaló en los considerandos y luego de relatar una parte del planteo de familiares de detenidos, desaparecidos, ex presos políticos, organizaciones de derechos humanos y sociales, que, “que situaciones como las planteadas preocupan sensiblemente a este Concejo Deliberante”.

En segundo punto se resuelve “remitir al Superior Tribunal de Justicia, Consejo de la Magistratura y a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos las presentes actuaciones a fin de que estos organismos tomen intervención que corresponda instando al fiel cumplimiento del mandato constitucional”.

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Por José Federico Mastaglia (*)  

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