El impuestazo: un sistema que no va más y una reforma imprescindible

José Antonio Artusi

José Antonio Artusi.

Por José Antonio Artusi (*)

Es razonable y legítimo quejarse del aumento en el impuesto inmobiliario en Entre Ríos. Pero no alcanza. Reclamar solamente que no aumente no solucionará el problema. Hay que estudiarlo y proponer alternativas razonables. El primer paso es comprender que es un mal impuesto; porque es la combinación de dos impuestos: uno bueno, el que grava el valor del suelo, y uno malo, el que grava las mejoras. Hay que sustituirlo por un impuesto puro que grave el valor del suelo libre de mejoras. Se trata de un argumento liberal clásico (no neo liberal) en la línea de lo que plantearon Adam Smith, David Ricardo, Henry George, y Milton Friedman, entre tantos otros Premios Nobel. Milton Friedman sostuvo que era el menos malo de los impuestos y que “el suelo debería ser gravado lo más posible y las mejoras lo menos posible”.

Es evidente que los impuestos forman un sistema y que este sistema requiere una profunda reforma integral, tanto a nivel nacional como provincial, e incluso municipal. Tenemos una matriz tributaria absurda, regresiva y distorsiva, que impide nuestro desarrollo y genera injusticia social. Es un sistema que no va más, que nos condena al fracaso como sociedad y al subdesarrollo permanente. No admite parches ni reformas cosméticas de circunstancia, demanda reformas radicales, de fondo, que nos brinden una menor pero sobre todo una mejor presión tributaria.

Quizás el último intento de una reforma abarcativa en este sentido fueron 2 proyectos de ley del diputado Eduardo Conesa en 2016 y 2017. Proponía un impuesto nacional al valor del suelo libre de mejoras, pero percibido por las provincias, a cuenta de ganancias y sustitutivo de ingresos brutos e inmobiliario provincial.

A ese intento, y a otros, me refiero en esa nota "La reforma que no fue". Allí se comentan las ventajas de tal impuesto.

Una reforma de ese tipo tendría varias consecuencias beneficiosas:

1) Permitiría eliminar (no basta con reducirlo) una gabela feudal como ingresos brutos, que encarece los bienes para los consumidores, castiga sobre todo a las pymes y los trabajadores y desalienta la producción y la exportación.

2) Mejoraría notablemente la tributación sobre la propiedad inmueble, desgravando por completo las mejoras, fomentando de esta manera la construcción en las ciudades y la incorporación de tecnología en el campo.

3) Castigaría la especulación inmobiliaria y la no utilización de suelo urbanizado o suelo rural en condiciones productivas, y disminuiría el valor del suelo, haciéndolo más accesible para aquellos que lo quieren utilizar para vivir o para producir riqueza.

4) Dotaría a las provincias de un instrumento eficaz para recuperar las plusvalías en el valor del suelo generadas por acciones del Estado o de la comunidad, que podría servir para financiar el desarrollo urbano equitativo y avanzar en el derecho a la vivienda y a la ciudad.

5) Tendríamos una matriz tributaria mucho menos distorsiva y mucho más justa, se promovería la creación de empleo y la mejora de los salarios, se reduciría notablemente la elusión y la evasión fiscal y se favorecería una ocupación más racional y sostenible del territorio.

Existen antecedentes válidos de este tipo de reformas encaradas por gobiernos conservadores, radicales y peronistas. Próceres socialistas como Alfredo Palacios las veían con buenos ojos.

Se trata de un camino que habrá que retomar indefectiblemente algún día, si aspiramos realmente a ser una sociedad avanzada en la que los ideales de libertad, igualdad y fraternidad sean algo más que una consigna sin contacto con la realidad.

(*) Diputado provincial mandato cumplido Cambiemos

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