Salto Grande hacia otro gran salto

Por Luis María Serroels (*)

Publicamos cierta vez en este medio, que las demandas justas deben ser recurrente en la medida que recurrente se torne la tozudez de los poderes públicos. La lucha entablada por nuestra provincia ante la Nación en pos de provincializar la represa de Salto Grande tiende a recobrar fuerzas a la luz de elementos y circunstancias alentadoras. Un anuncio del gobernador Gustavo Bordet permite abrirle puertas al optimismo en tanto se advierten elementos positivos para ello.

Recuérdese que la ley nacional 24.954 transfiere las utilidades argentinas de la represa binacional de Salto Grande a las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Y ello comprende el aprovechamiento con propósitos múltiples de las aguas del Río Uruguay concebido como una formidable herramienta de integración y desarrollo regional.

La legislación en cuestión nunca parece movilizar a la Casa Rosada en sucesivos mandatos, incurriendo –al decir del ex senador nacional, Héctor Maya, responsable directo de dicho instrumento- en “prevaricato desde el año 2.000, lo que constituye el delito de no cumplir la ley”. Añadió que “ello se concreta poniendo precio irrisorio a la energía que sale de la represa, para, de esa manera, estafar y no pagar utilidades a Entre Ríos (67,5 por ciento), Corrientes 27,5 por ciento y Misiones 5 por ciento)”.

Bordet entiende que la provincialización deberá darse en tanto política pública (“tiene que ser una política de Estado como otras represas hidroeléctricas en la Argentina que han sido provincializadas”, subrayó).

En ANALISIS hemos abundado en consideraciones sobre este apropiamiento de recursos que convierten el ideario federalista en un bollo de papel. Debe comprenderse definitivamente que no existe una Nación indestructible sin provincias indestructibles. Obra en el archivo de este columnista un extenso y preciso trabajo jurídico realizado por el estudio del doctor Alberto G. Spota, radicado en la Capital Federal, que por pedido del gobierno provincial brindó sus puntos de vista sobre la interpretación del artículo 43º de la Ley Nº 15.336, respecto de la energía eléctrica y consecuentemente las regalías que surgen de Salto Grande en el Río Uruguay. Recuérdese la porfiada lucha del ingeniero Hernán Orduna (ex vicegobernador y ex ministro de Gobierno y Justicia) en cuanto ámbito de actuación se desempeñara, esgrimiendo los derechos de Entre Ríos.

Los excedentes derivados de la explotación del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, se plasmaron el 22 de abril de 1998 mediante la citada ley. Un Acta Acuerdo posterior entre la Nación y las tres provincias, terminó por sellar tal distribución. Pero vale destacar que la transferencia nacional comenzaría con un 20 por ciento de los excedentes, incrementándolos anualmente otro 20 por ciento y al transcurrir el 5° año se transferiría el 100 por ciento que resultare de la explotación hidroeléctrica.

La posterior creación de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), no tuvo un desempeño feliz habiéndose denunciado su utilización como caja política.

El empecinamiento de legisladores entrerrianos nacionales cobró nuevos bríos tras las reformas de la Ley Suprema en 1994 y la sanción en 2008 de la nueva Constitución de Entre Ríos.

La tozudez de Maya tuvo sus fundamentos, pero también la prédica de los legisladores provinciales con apoyo de jefes comunales, machacando sobre la cuestión.

Es obvio que el mandatario provincial Gustavo Bordet está empeñado en asumir esta lucha que debe comprometer a toda la ciudadanía.El advenimiento del nuevo mandatario uruguayo Luis Alberto Lacalle Pou se valora como una herramienta muy importante a tenor de su predisposición abierta en el terreno integracionista. Es que además se busca darle navegabilidad al río Uruguay hacia el norte, una obra que afianzaría más las relaciones entre ambos países. La reafirmación de intereses comunes en lo político y económico es una buena noticia (en términos productivos y eléctrico).

En definitiva, un logro regional con réditos ilimitados.

A propósito, la navegabilidad es uno de los objetivos principales establecidos en el Tratado de 1946, debiendo recordarse que la represa cuenta con una exclusa de navegación que, con algunas obras complementarias, permitiría el transporte fluvial en todo su trayecto. La audacia existe y sólo se requerirá la financiación.

La rapiña de grupos financieros siempre anduvo sobrevolando la zona del Ayuí, pero no es menos cierto que los propios gobiernos federales, a su turno, se comportaron muy mal, ejerciendo operaciones rayanas en la arbitrariedad, apoderándose de recursos propios de las provincias y maltratando especialmente a Entre Ríos.

Robusteció la postura del ex senador Maya un trabajo del periodista Tirso Fiorotto publicado en la revista ANALISIS el 8 de setiembre de 2005, donde denuncia una obra maestra destinada a disminuir en más de 150 millones de pesos los fondos automáticos que deberíamos recibir. Y aporta este dato: con la Resolución 406 de la Secretaría de Energía de la Nación, se redujo drásticamente de 26 a sólo 2 pesos el mhw, por lo que el margen de ganancias casi desaparecía y por ende el excedente que nos correspondía, ya que lo poco que quedaba pasaba a destinarse a otros ítems. Parecía estar asistiéndose a los funerales del federalismo.

El 30 de diciembre de 1946 el entonces presidente Juan Domingo Perón y su par uruguayo, Ulises Pereira Reverbel, suscribieron el Acuerdo de Salto Grande y su Protocolo. El mismo Perón durante su tercera presidencia en 1974, ordenó el comienzo de la obra que sería inaugurada en 1979 con las primeras turbinas. Entre medio hubo nada menos que 33 años de espera.

En 2015 –segundo mandato de Cristina Fernández- y al tratarse en el Congreso la ley del presupuesto nacional, se aprobó el artículo 152º que facultaba al gobierno de entonces a apropiarse de todos los excedentes de ese año derivados de Salto Grande que legalmente pertenecían a Entre Ríos, derogando la Ley 24.954 de 1998 que ratificaba acuerdos preexistentes nación-provincia. Esto fue duramente denunciado entonces por la diputada socialista María Ema Bargagna. Finalmente tal embestida no prosperó y hoy sobrevive la que regla los porcentajes de distribución.

Nunca se supo qué reclamos hizo entonces el gobernador Sergio Urribarri, precisamente tan vinculado a Concordia, ciudad otrora considerada la capital financiera de la provincia y enfrentada a recurrentes crisis.

Siendo Urribarri gobernador, avaló el manotazo que Cristina Fernández intentó darle a los recursos entrerrianos. Pero no lo consiguió. Con la ley 25.671/2002 se logró que los Fondos de Salto Grande no formarían parte del Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional. No es ocioso recordar que hubo intervenciones del presidente provisional Eduardo Duhalde con declaraciones desafortunadas por lo falaces, negando normas vigentes.

En una de tantas notas abordando el recurrente atropello enfocado en la represa y sus excedentes, advertíamos que cualquier pretensión federal que signifique un salto al vacío para los intereses de Entre Ríos, debía ser rechazada. Hoy sigue más vigente que nunca la primigenia idea transformadora, por lo cual las declaraciones de Gustavo Bordet permiten imaginarle a Salto Grande un gran salto hacia el desarrollo regional.

(*) Especial para ANÁLISIS

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