Ofensiva K contra la Corte y la propia Constitución

Por Luis María Serroels (*)

No es fácil entender que un elenco gobernante arribado apenas hace año y medio, pueda cometer tantos errores. Uno de los más recientes detonantes se vinculó con el enfrentamiento del Ejecutivo Nacional y el gobierno de la Capital Federal, cuya legalidad ha sido puesta en duda y menoscabada desde nada menos que la Presidencia de la Nación.

Alberto Fernández, según se sabe, ha sido docente de una Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo deja graves grietas al revisar el texto de la Ley Suprema jurada en 1994 y, peor aún, suele atropellarla bajo la asesoría de la actual vicepresidenta (y habiendo sido ésta convencional). Ambos llegaron al poder con la intención de manejar los Códigos a su gusto y con vistas a librar a Cristina Fernández de la nada cómoda habitabilidad de una cárcel.

Está demostrado que el kirchnerismo en el poder suele sufrir molestas urticarias cuando se enfrenta con la legalidad. No fue otra cosa por la que optó el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Horacio Rodríguez Larreta, al someterse a los jueces de la Constitución.

“El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”, sentenció Winston Churchill. El gobierno actual está legitimado por los comicios, pero con rasgos de autoritarismo. El proceder exhibido por los Fernández lo delata.

“Si un político no tiene fundamento en la decisión de promover una causa por derecho y por moral, entonces no es un partido político, sino que no es más que una conspiración para tomar el poder” (Dwight Eisenhower, militar y político norteamericano, 34º presidente de los Estados Unidos entre 1953 y 1961).

Un político en el poder es un esclavo de la ley y más aún de la Carta Magna. Cristina Fernández –vicepresidenta- llenó de críticas al fallo por el cual la Corte Suprema favoreció a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, situación a partir de 1994 con la reforma constitucional y que, entre otras cosas, tiene derecho a definir su política educativa aún por encima de la pandemia.

La idea de un juicio político al jefe porteño, desnuda la debilidad del presidente Fernández a la hora de hojear el texto constitucional y anoticiarse de tal autonomía. Cualquier duda emergente de las autoridades gobernantes de la Nación, se sugiere remitirse al artículo 129º de la Ley Suprema. Evitar caer en el ridículo parecería una costumbre, incluso cierto jurista fanático del garantismo K, ex miembro de la Corte Suprema del Proceso de Reorganización Nacional y crítico de la actual Corte, Eugenio Zaffaroni cae en sus doctrinas extrañas.

El primer mandatario está preparando un proyecto de ley para enviar al Congreso, en busca de obtener “superpoderes”. El Decreto que suspendió las clases presenciales, violó la autonomía de la CABA. No obstante y con un estilo muy “procesista”,  Alberto Fernández no vaciló en advertir que “dicten las sentencias que quieran, vamos a hacer lo que debemos”.

No es ocioso recordar que el actual mandatario, en diciembre 2015, ya alejado del cargo de jefe de Gabinete, se dedicó a través de un canal televisivo a destruir a la entonces presidenta Cristina Fernández.

El extracto –que consta de 16 puntos tipeados- fue difundido por el programa Animales Sueltos. Transcurridos varios años y en mayo de 2019, la opinión pública estalló ante el acuerdo de ambos Fernández para integrar la fórmula presidencial kirchnerista.  Quedó claro que se trató de una negociación de circunstancia y muy ventajosa. Ambas partes repartirían los dividendos.

Pero del lado de Cristina se debería armar un aparato capaz de evitar el menor episodio que desemboque en pérdida de libertad. No necesariamente se exigía intercambio de aplausos.

Sin embargo las apariencias en política tarde o temprano resultan prácticas: el fallo firmado por cuatro de los cinco miembros de la Corte, situaron en posición cuasi ridícula al primer mandatario, cuyo título de abogado parece hacer agua reiteradamente, incluso en asuntos básicos.

Quienes escucharon el mencionado programa televisivo donde se agravió a piacere a la ex mandataria, por parte del ex  jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, no ahorró ofensas y le  reprendió a Cristina sus abusos. Pero en especial “cuando el Congreso era una escribanía, era patético”, “cuestionaba cuando Cristina hacía abuso” o “su ley de democratización de la Justicia, el modo como sacó la ley de medios prácticamente sin debate…”. Pero hubo en aquél programa muchas ofensas, agravios e imputaciones. El alejamiento mutuo dejó una grieta profunda, hasta que se diseñó una negociación por necesidad más que por principios y más que por servir al país, para salvarse de la condena y salvaguardar el producto de la corrupción.

Cuando el presidente días pasados enfrentó a la Corte tras dictarse el fallo que respaldó la autonomía porteña, retrucó con posturas muy lejanas del clima de respeto que el ciudadano desea y merece.

Un extralimitado profesional que por juego del destino accedió al sillón principal de la Casa Rosada, dijo que “no usen las sentencias para favorecer a sus candidatos”, debería plantearse mayor respeto hacia el Poder Judicial. En realidad lo que ocurre es que existen silencios y tardanzas que avergüenzan, armando una prescripción, una jugada a la que ciertos magistrados se allanan. Es fuerte el tufillo que se emana cuando se pretende salvar a alguien con graves causas.

Ante semejante ofensa a los jueces de la Corte, seguramente la justicia también sabrá lo que deba hacer.

(*) Especial para ANALISIS

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