Por Antonio Tardelli (*)

Sectores significativos de la sociedad recelan del Poder Judicial: no creen que en la Argentina se administre justicia de manera igualitaria y eficaz. Ocurre con la Justicia pero también con la política, con los medios de comunicación y con casi todo lo demás. En el caso de la Justicia sobran los motivos para el descrédito. Abundan las razones para el descrédito del Poder Judicial y para la incredulidad social.

Por fuera de los prejuicios que alientan la mala imagen es absolutamente cierto que el sistema entrega elementos para la desconfianza. Nos informa de sus falencias. Nos proporciona curiosidades que resultarían hilarantes si no fueran trágicas.

Conmocionada Paraná por dos sucesos de alto impacto, el crimen del contador Gonzalo Calleja y el violento asalto a un corralón que dejó a una persona gravemente herida, la ciudadanía se entera de una serie de detenciones. Entre ellas, la de tres personas que ya cumplían, o debían cumplir, arresto domiciliario. Estaban, en teoría, presas. En sus domicilios cumplían con la dispuesta privación de su libertad.

Uno de los imputados por el asalto al corralón fue devuelto a la Unidad Penal Número 1 de Paraná tras la sospecha de su participación en el robo. Dos de los cuatro imputados por el crimen de Calleja también debían cumplir con una pena de arresto domiciliario.

Sin entrar en consideraciones vinculadas con el rol de la cárcel, o con la mayor o menor dureza de los códigos, puede cualquiera preguntarse, desde la lógica misma del sistema, cómo no va a proliferar el delito si los alcanzados por la ley, y a su debido momento enviados a prisión, en la práctica no están privados de su libertad sino, en cambio, delinquiendo.

Es como una confirmación de una ficción consentida: tenemos normas y códigos y en los papeles todo debería estar funcionando bien. Pero la realidad nos habla del sinsentido: andan delinquiendo los ya capturados y sancionados.

El sistema muestra sus miserias. Además, en una de esas causas, un abogado defensor afirma que por el hecho sólo están presos los sospechosos que carecen de título universitario. Los sospechosos que son profesionales, sugiere, no son alcanzados por el brazo judicial.

Habrá razones, seguramente fundadas, para la diferencia de criterios. Desde la mirada externa la referencia parece tener sentido y fundamento.

A propósito de selectividad, y en referencia a las noticias judiciales, se sabe que ya goza de la libertad condicional un ex vicepresidente de la República, Amado Boudou, en su momento condenado por pretender quedarse con el 75% de la fábrica de hacer billetes. La Justicia lo condenó y Boudou cumplió parte de su pena de manera tal de merecer el beneficio.

Al cómputo de la pena se le añadieron 11 meses porque en la cárcel, en este caso efectivamente resocializadora, Boudou completó un curso de electricidad. La prisión le enseñó a pegar cables. Muy meritorio.

Juan Pablo Schiavi, secretario de Transporte del kirchnerismo, también preso, acumula meses (como millas un consumidor en su tarjeta de crédito) porque sobresalió en la rehabilitadora actividad de tocar el ukelele. El servicio penitenciario hace un aporte a la música universal: Schiavi se luce con el ukelele.

Todo, desde lo más grave hasta lo insignificante, refuerza la sensación de ficción, de absurdo, de ridículo. Actuamos como si hubiera justicia. Como si hubiera sanción. Caminamos por las calles pensando que hay instituciones que funcionan, fiscales que acusan, jueces que juzgan y delincuentes que reciben su sanción. Pensamos que sucede lo que en el fondo sabemos que no ocurre.

Desde el sentido común el sistema hace agua por todas partes y ni siquiera puede defenderse desde su lógica: ¿cómo hace para explicar que los acusados de graves delitos debían estar presos cuando se cometían nuevos delitos a ellos atribuidos?

¿Se equivocan los fiscales que acusan?

¿Nadie controla los arrestos domiciliarios?

El sistema, criticable desde afuera, hace agua en su lógica interna. Se revela ineficiente y torpe. Cuenta con la complicidad de una sociedad que, cómoda o agobiada, sigue viviendo como si hubiera justicia, sanción, castigo. Como si hubiera, en efecto, una señora insobornable, de ojos vendados, que desde los tribunales administra la ley con severidad.

 (*) Periodista. Especial para ANALISIS